La negociación de Moncloa-Hacienda con ERC para sacar adelante la investidura del ex ministro de Sanidad Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña sufrirá también la interferencia del frente judicial. El juez Pablo Llarena tiene que decidir en los próximos días qué hace con la orden de detención que todavía pesa sobre Carles Puigdemont. por la causa abierta en su contra por el "procés"., una vez que ha entrado en vigor la ley de amnistía. El magistrado tiene que decidir si, finalmente, atiende el criterio de la Junta de Fiscales, que después de fracturarse en dos, y con la oposición firme de los fiscales del Supremo, aceptó que en la amnistía también entre la malversación.
Desde las filas socialistas, y también republicanas, están diciendo que Puigdemont no regresará salvo que las tenga todas consigo, porque "ya ha demostrado hasta ahora que lo que más le importa es su seguridad". Es una vía de intentar hacer daño a la imagen del ex presidente y dañar su credibilidad, una vez que él se comprometió a estar en la investidura, y, cierto es, haya ido también matizando en ocasiones anteriores ese compromiso de su regreso a Barcelona.
Sin embargo, Puigdemont es consciente de lo que se juega y su defensa ya está estudiando todos los mecanismos que tiene a su alcance para pisar territorio catalán incluso si el frente judicial sigue sin aclararle definitivamente que no tiene ningún riesgo de ser detenido. Entre esos mecanismos está el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según comentan, lo que dan por descontado que limitaría mucho su estancia en prisión, de llegar a producirse el peor de los escenarios para sus intereses.
Al Gobierno de Sánchez le queda por delante la "patata" de gestionar la interferencia del desembarco de Puigdemont en Cataluña, y el coste que esto tendrá también en su negociación con ERC.
Moncloa lleva tiempo preparando una propuesta de financiación singular para Cataluña, que no es otra cosa que recortar su contribución a la solidaridad interterritorial, porque sabían que iba a ser necesario hacer otra concesión para sacar adelante la investidura de Illa. Y de la misma manera la defensa de Puigdemont ha estado ya trabajándose los escenarios que se les abren, con un análisis político incuestionable, que incluso un arresto de Puigdemont sería "mortal" para ERC a la hora de gestionar lo que ellos llaman "un nuevo enjuague" con los socialistas, después de que sus pactos con Madrid les hayan llevado al desastre electoral.
Esto pesa sobre ERC, como el hecho de que son conscientes de que todo lo que firmen puede luego ser tumbado por la militancia, que no está conforme ni con la gestión de izquierdas ni tampoco con la gestión independentista que han hecho en estos años de gobierno. La parroquia de ERC esta enfadada y desmotivada, mientras que el electorado de Junts está con el puño en alto y esperando que la negociación termine en un fracaso y haya una segunda vuelta para pasar factura a Illa y a los socialistas.
Por tanto, los que están ya enterrando a Puigdemont deberían medir mejor sus aspiraciones "si tienen un mínimo de información", advierten en Junts. Y ya no sólo porque vuelva, sino porque está afilando los "cuchillos" para desmontar el pacto del PSC con ERC, salvo que incluya lo que sabe que no puede incluir, que es la copia del concierto vasco.
