La Fiscalía afronta esta semana su particular encrucijada a cuenta de la Ley de Amnistía. Tras irse posicionando en estos últimos días -no sin una fuerte discrepancia interna, como sucedió con el enfrentamiento de Álvaro García Ortiz con los fiscales del "procés"- a favor de la aplicación de la polémica norma a las causas que afectan al independentismo, ahora debe aclarar su postura respecto a los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo. Y sin en la causa del "procés" tuvo que solventar la negativa de los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno a acatar la orden del fiscal general de aplicar la ley a la malversación del "procés" -un debate que fracturó a la Junta de Fiscales de Sala-, en esta ocasión la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene ante sí un muro más complicado de franquear. Y es que en noviembre del pasado fue la propia Fiscalía de este tribunal la que solicitó penas de ocho a 27 años de cárcel para los doce acusados -248 años de prisión en total- por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos.
De ahí que para, llegado el caso, justificar ahora la aplicación de la Ley de Amnistía para los miembros de los CDR deberá argumentar qué, pese a tratarse de delitos de terrorismo, no se les imputan graves violaciones de derechos humanos o delitos con resultado de muerte, torturas o trato inhumano, pues todos esos comportamientos quedan expresamente excluidos de la Ley de Amnistía.
Un salvaguarda que se introdujo en el texto de la ley precisamente para blindar la aplicación a las investigaciones por terrorismo -Tsunami Democràtic y los CDR- que el independentismo en todo momento ha exigido que no queden excluidas de la normativa.
La Fiscalía ya ha dado pistas sobre su posicionamiento respecto a estas investigaciones por terrorismo -las que, junto a las de malversación, más problemas plantean a priori ante la Justicia europea por su defensa a ultranza de la persecución de los delitos de corrupción y terrorismo-, al descartar en su informe sobre los imputados en el caso "Tsunami" que las protestas contra la sentencia del "procés" en 2019 -incluidas la toma del aeropuerto del Prat y el bloqueo de la AP-7 en el paso fronterizo de La Junquera- puedan considerarse de carácter terrorista o graves violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, desvinculó la muerte de un infarto de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona (otro de los escollos, de establecerse esa relación causa-efecto, para la aplicación de la amnistía) de la protesta de Tsunami Democràtic, con la que -dejó claro- "no tiene relación de causalidad".
Pero si ahora defiende finalmente la aplicación de la amnistía a los CDR, tendrá que sortear las conclusiones de su propio escrito de calificación, en el que asegura que los doce acusados formaba parte de "una organización terrorista paralela" cuyo objetivo era "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias" (de ahí el delito de tentativa de estragos que les imputa).
Y es que si en el caso de la causa del "procés" el fiscal general tuvo que convocar a la Junta de Fiscales de Sala ante la negativa de los fiscales encargados del caso a informar a favor de la amnistía de la malversación de Oriol Junqueras y Puigdemont y en el "caso Tsunami" también afloró la división en el seno del Ministerio Público -la mayoría de la Junta de Sección de Fiscales del Tribunal Supremo avalaron la investigación por terrorismo al expresident-, en la causa de los CDR la Fiscalía es, sobre todo, rehén de su propia calificación de los hechos plasmada en el escrito de conclusiones provisionales.
Como integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los CDR activada en julio de 2019 -mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación- la finalidad de los procesados era conseguir la independencia de Cataluña "empleando para ello la violencia en su máxima expresión" forzando "de modo coercitivo a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".
Según señaló el fiscal Miguel Ángel Carballo en ese escrito, los detenidos en 2019 en la "operación Judas" ya habían hecho acopio de "informaciones precisas de sus posibles objetivos": el Parlamento de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de la ciudad condal, la Delegación del Gobierno, la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, así como torres de alta tensión, peajes e instalaciones en autopistas.
El fiscal pide penas de 27 años de cárcel para ocho de los procesados -Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín-, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumplan la pena, mientras que a los otros cuatro (a quienes no imputa los delitos de tenencia y fabricación de explosivos ni de tentativa de estragos) -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- reclama condenas de ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista.
Los agentes hallaron en el jardín de la casa de uno de los CDR, Alexis Codina, en el municipio de Sant Fost de Campsentelleses (Barcelona), "improntas de quemado de sustancias químicas". Según la Fiscalía, además de manipular la termita, un agente incendiario, "realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita".
