La prioridad de Moncloa y Hacienda es encontrar una fórmula que ofrezca a ERC resultados concretos para poder presumir de que son quienes han conseguido reducir la contribución de Cataluña a la solidaridad interterritorial.
Como ya veían venir que esta sería la baza a desarrollar en la batalla de las concesiones para sacar adelante la investidura del exministro Salvador Illa en Cataluña, por los datos demoscópicos que manejaban, Hacienda lleva tiempo trabajando en esta propuesta de «singularidad» con la que esperan «comprar» los votos de ERC para facilitar que Illa forme un Gobierno en solitario y ofrezca otro balón de oxígeno a Pedro Sánchez en Moncloa.
ERC esta metida en un laberinto interno, en una guerra que dirige Marta Rovira por apartar a Oriol Junqueras, y con una división cruenta de posiciones sobre cómo gestionar la debacle de las últimas autonómicas.
Para Moncloa esto es una debilidad que juega a su favor y, en el proceso de intoxicación que acompaña siempre a estas complejas negociaciones –lo previsible es que se apuren los plazos, que vencen a finales de agosto–, lo que ahora están filtrando es que la posición de partida pasa por encontrar un punto intermedio entre lo que incluye el actual Estatut catalán, validado en esta parte por el Tribunal Constitucional, y la copia del cupo vasco para llevarlo a Cataluña.
El Estatut, que fue votado en contra por ERC por quedarse corto, establece la constitución de un consorcio paritario entre Estado y Generalitat, que puede convertirse en la Administración Tributaria de Cataluña. La particularidad es que también permite la delegación a la Generalitat de todos los impuestos, y la discusión estaría en quién los reparte y cómo.
Para complementarlo, también están filtrando que, además, ERC podría colgarse la medalla de conseguir más financiación para competencias catalanas como la política autonómica o prisiones y, asimismo, la quita en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para rebajar así el déficit fiscal catalán.
[[QUOTE:PULL|||La oferta incluye la quita en el Fondo de Liquidez Autonómico para rebajar el déficit fiscal catalán]]
Esta vía de posible acuerdo a la que están dando aire desde Moncloa se encuentra con varias dificultades ya de partida. Por un lado, la oposición de los otros socios de Sánchez, desde el PNV, que mira con recelo estos intentos de extender su modelo, a los valencianos de Compromís, que se la juegan políticamente en una de las comunidades que sale en todos los ránkings a la cabeza de las infrafinanciadas.
Pero también tendrá encima la presión de Carles Puigdemont, que necesita encontrar la manera de no perder su credibilidad en tanto se sigue a la espera de si confirma su anunciado regreso a Cataluña para la sesión de investidura. Con Puigdemont elevando el órdago, si ya ERC se opuso en su día a esta vía estatutaria por parecerle insuficiente, ahora tendrá graves problemas para convencer a su parroquia de que es el precio que le vale para dejar el Gobierno en manos del socialista que apoyo la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
La reforma del modelo de financiación autonómica lleva un retraso de una década, y cualquier movimiento a favor de Cataluña provocará una reacción inmediata del resto de autonomías, y también dentro del PSOE, donde se ve con muchos recelos que se hagan cesiones en materia de solidaridad para comprar el apoyo independentista con el objetivo de que Sánchez gane tiempo en Moncloa. Entienden que de lo que se está hablando es de romper el principio de igualdad y de cohesión territorial.
En esta discusión habrá que ver cuál es la capacidad de interferencia de Puigdemont. Que haya ganado la batalla de la Mesa del nuevo Parlamento catalán, que controla el independentismo y, además, con la Presidencia para su mano derecha, Josep Rull, es un ventaja de inicio, pero que no garantiza nada sobre lo que ocurra en las próximas semanas. Puigdemont está pendiente de la decisión que tiene que tomar el juez Pablo Llarena sobre su orden de detención.
Los socialistas están convencidos de que el expresidente de la Generalitat no se arriesgará a regresar si hay la más mínima duda sobre si puede ser detenido, mientras que en su entorno mantienen que regresará incluso aunque no se levantase la orden de detención porque confían en que un recurso de amparo ante el Constitucional limitaría mucho su tiempo de estancia en prisión.
Este nuevo pacto bilateral con Cataluña, que está dispuesto a firmar el Gobierno de Sánchez con ERC para sacar adelante la investidura de Illa, abrirá inevitablemente una espiral de reclamaciones similares por parte de las demás comunidades autónomas.
Moncloa está decidida a jugársela porque no hay elecciones inmediatas –la opción de hacer coincidir las catalanas con las generales está descartada porque se arriesgarían a perder el poder-–y esto les anima a poner todos los huevos en la cesta de Cataluña desde la confianza en que, como ha pasado con otros asuntos, y citan la ley del «solo sí es sí» o la amnistía, esta nueva polémica concesión acabe también borrándose del imaginario popular. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas obliga a que los debates de financiación se afronten en este marco y desde una perspectiva de multilateralidad.
