El presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) de la UGEL Condorcanqui, José Martínez Adanaqué, reveló que solo una abogada está encargada de las 532 denuncias por abuso sexual contra escolares. En conversación con La República, señaló que esto se debe a la falta de presupuesto, así como de interés y apoyo por parte del Gobierno.
Advierte que la demora en los casos puede concluir en la prescripción de los mismos. Por ello, los docentes acusados suelen seguir dictando clases. Esto representa un grave peligro en las escuelas de pueblos alejados.
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Esta crítica situación se mantiene desde el año 2010 debido a una serie de carencias de la CPPADD de Condorcanqui. Indica que no cuentan con canoas (chalupas) ni combustible para acudir a las comunidades nativas ubicadas a tres días de distancia para recoger los testimonios. Ante esta situación, Martínez exige mayor presupuesto para la comisión de trabajo.
“Cuando el tema de los docentes acusados de abuso sexual contra escolares es difundido por la prensa en Lima, recién los ministerios ponen las pilas, nos ayudan un tiempo y luego se olvidan. Necesitamos un apoyo que no sea temporal, sino permanente”, señala.
Es importante destacar que no solo se registran denuncias de abuso y hostigamiento sexual, sino también de maltrato psicológico y físico. En total, son más de 975 expedientes. Casos que todavía no son investigados a profundidad debido a esta falta de recursos.
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Desde 2010 hasta el 19 de junio de este año, se han registrado 532 denuncias de abuso sexual por parte de docentes y auxiliares, con víctimas entre 5 y 17 años. Solo esta semana se conocieron 8 casos nuevos, según la UGEL de Condorcanqui y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD).
De los denunciados, cinco son docentes nombrados y 526 contratados; 213 enseñaron en primaria y 246 en secundaria. Además, 112 han sido destituidos, 73 absueltos, 55 están en investigación, 21 han sido reinstaurados y 4 tienen cese temporal. Otros 9 casos fueron archivados y 198 han prescrito. Lo más preocupante es que 165 docentes procesados por presunto acoso sexual siguen trabajando en escuelas de comunidades nativas.
Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra en Loreto, revela a la República que en su comunidad hay numerosos casos de suicidios entre menores que han sufrido abusos sexuales a manos de sus propios profesores. La situación se agrava porque las víctimas no reciben el apoyo necesario y, con frecuencia, los agresores logran acuerdos monetarios con las familias afectadas para evitar ser denunciados.
Otro factor crítico es la falta de tratamiento adecuado para las víctimas tras los abusos. Olivia Bisa señala que cuando las víctimas viajan a la ciudad para denunciar, deben enfrentar un trayecto de casi tres días y regresar varias veces para completar estudios psicológicos. Este proceso es casi imposible de cumplir para los padres, quienes carecen de recursos económicos para realizar múltiples viajes. Como resultado, la mayoría de los casos no se denuncian formalmente y las víctimas no reciben la atención psicológica necesaria.
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).
