Cada ciudadano debe reflexionar profundamente sobre este proyecto de ley sin ningún tipo de presión externa y tomar decisiones sobre lo que le conviene al país.
Es necesario que todo ciudadano responsable analice e interprete el proyecto de ley jaguar a la luz de los textos de este y los artículos de las leyes que pretende modificar, agregar o sustituir, con el propósito de crearse un criterio informado y objetivo. Además, es preciso proporcionar a la ciudadanía información precisa en términos simples y entendibles, alejados de tecnicismos legales.
Mis observaciones derivadas de este análisis son las siguientes:
En el inciso d del artículo 4 se incluyen las participaciones “paritarias” sin aclarar su significado y alcance.
En el artículo 11, sobre la finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superior, se elimina “garantizar la legalidad de los controles internos y del manejo de fondos públicos”, y se centra únicamente en la eficiencia. En un país de derecho, es importante garantizar la legalidad de los procesos.
En el artículo 12, sobre el órgano rector del ordenamiento, se elimina la rectoría del control y la fiscalización superior, el acatamiento obligatorio de las resoluciones que emite y su jerarquía sobre otras disposiciones, la colaboración obligatoria de otras instancias para el ejercicio de la rectoría y se sustituye por el siguiente texto: “De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política es claro que la Contraloría General de la República en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”.
Por ende, se pretende eliminar la función rectora del control y la fiscalización de la Contraloría General de la República.
En el artículo 17, la potestad de control de eficiencia se sustituye por “fiscalización sobre la eficiencia de los controles internos” y se elimina “efectuará las prevenciones y dictará las instrucciones y las órdenes procedentes”. Por tanto, no solo se modifica otra función de la Contraloría, sino también la de señalar acciones correctivas para mejorar los controles internos.
En el artículo 22, sobre la labor de investigación, se agrega: “En ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”.
Es decir, si los resultados de las investigaciones arrojan irregularidades administrativas o legales en la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, se permitirá que “las irregularidades administrativas o legales” se mantengan.
En el artículo 38, sobre la jerarquía, se modifican las funciones del subcontralor. Reemplazará al contralor en sus ausencias temporales; por consiguiente, si por algún motivo el contralor se ausenta definitivamente, la Contraloría quedará acéfala mientras se nombra a otro.
El subcontralor no será un colaborador inmediato subordinado, sino un asistente del contralor en las funciones que acuerden conjuntamente. Dicho de otro modo, les quitan competencias jerárquicas al contralor y al subcontralor.
En el artículo 9, sobre los órganos del sistema de control interno, se añade: “La Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”, por lo cual se elimina otra potestad de la Contraloría para el control interno y la fiscalización superior de la Hacienda pública. Se le impide actuar si detecta anomalías previamente o durante los procesos de ejecución de los fondos públicos.
En el artículo 67, en la sección 11, sobre compra y arrendamiento de bienes inmuebles, en el inciso c se elimina el estudio de mercado para determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar, y se reduce al de cuotas o eventuales cuotas de arrendamiento. Un estudio de mercado incluye otras variables, más allá de las cuotas para determinar la idoneidad del bien.
En el inciso d, se incorpora que la compra o arrendamiento será competencia del máximo jerarca y no de quien en este delegue, lo cual podría retrasar estas acciones. También, se establecen plazos máximos de 30 años en el arrendamiento de bienes inmuebles.
La adquisición o el arrendamiento de inmuebles no se realizará cuando convenga a los intereses institucionales y comerciales, sino de acuerdo con el interés público, y se incluyen inmuebles construidos; el interés público en el proyecto no precisamente serán las necesidades institucionales o comerciales de acuerdo con las competencias asignadas a las instituciones.
Asimismo, se adiciona que “en estas compras o arrendamientos, la Administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general”. Visto de este modo, el cambio propuesto tiene el potencial de encarecer lo que se compra o arrienda, o mermar la calidad de lo adquirido.
Además, se añade que “es permitido el arrendamiento de bienes por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, sean estos propiedad de la administración arrendataria o de cualquier otra entidad pública. En ningún caso, la propiedad de un terreno público, bajo este supuesto, pasará a ser del arrendante durante el plazo del contrato o cuando este finalice. Las entidades públicas propietarias de los terrenos podrán otorgar derechos de uso a terceros, a fin de satisfacer el interés público. Estos derechos de uso no deben exceder el plazo de 30 años”.
Se pasa, por tanto, de un gobierno con instituciones al servicio público a instituciones de carácter empresarial, que no transfiere un terreno público al arrendante, pero puede concesionarlo hasta por 30 años.
En el artículo 5, se adiciona el artículo 5 bis. Japdeva tendrá dentro de sus competencias:
a) Acordar alianzas estratégicas y cualquier otra forma de asociación empresarial con entidades públicas o privadas para desarrollar inversiones de infraestructura, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y cualquier otra actividad relacionada con sus competencias.
b) Incluir bienes inmuebles propiedad o bajo administración de las partes en alianzas estratégicas, con excepción del patrimonio natural del Estado, así como el desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar los objetivos de la alianza.
Los términos y las condiciones generales de las alianzas estratégicas las definirá reglamentariamente el Consejo de Administración de Japdeva. El plazo máximo de toda alianza estratégica será de 50 años.
La reglamentación que emita el Consejo de Administración de Japdeva deberá regular los procedimientos y requisitos para seleccionar los aliados estratégicos.
Indica que Japdeva pasará de ser una junta administrativa a una empresarial, que podrá concesionar bienes públicos a nacionales y extranjeros hasta por 50 años.
En resumen, cada ciudadano debe reflexionar profundamente sobre este proyecto de ley sin ningún tipo de presión externa y tomar decisiones sobre lo que le conviene al país.
La autora es médica cirujana, especialista en salud pública con énfasis en epidemiología.
