La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, impedirá la inclusión de “preguntas sensibles” sobre el contexto familiar y socioeconómico en las pruebas internacionales aplicadas en Costa Rica. Las preguntas quedaron proscritas de las evaluaciones nacionales después del escándalo de las pruebas FARO en el 2021 cuando, sin consulta ni aviso, el MEP incluyó un larguísimo cuestionario sobre esos temas.
La política ya fue aplicada a las pruebas PISA en el 2022 y alcanzará a los exámenes del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), administrados por la Unesco. Estos últimos están programados para el año entrante con el objeto de medir los aprendizajes en lectura, escritura, matemáticas y ciencias de los alumnos latinoamericanos de tercer y sexto grado.
La utilidad inmediata de las preguntas sensibles en el contexto internacional es menos obvia, pero ningún país puede dar la espalda a los datos y conseguir, al mismo tiempo, la eficacia óptima de su inversión social. Hay otras formas de obtener la información, pero ninguna prescinde de hacer preguntas sensibles. Sin ellas no habrá respuestas útiles para entender factores externos que inciden sobre la educación y el desarrollo en el aula. También se perderá una oportunidad para orientar los programas sociales e identificar a los necesitados de ayuda.
La diferencia obvia en este caso es la minoría de edad de los participantes, pero esa objeción se resuelve, como tantas otras, con el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad. Posteriormente, basta dar a la información el manejo ordenado por la “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”.
Lo sucedido en el 2021 fue desastroso por partida doble. La omisión del consentimiento de los padres es inexcusable y el exceso de preguntas contravino los objetivos pedagógicos. Algunos niños, según las quejas, permanecieron sentados frente a los cuestionarios de 9 a. m. a 2 p. m., sin tiempo siquiera para comer. Para más fastidio, en aquel momento todavía era obligatorio el uso de mascarillas.
Para completar el cuadro, el país seguía inmerso en el debate sobre la UPAD, una polémica por recolección y análisis de datos sensibles instrumentalizada políticamente al punto de demonizar la recopilación de información. Conviene preguntarnos si la conmoción de aquel momento debe seguir gobernando nuestra forma de pensar o si hay forma de aprovechar las oportunidades para adquirir información necesaria para el buen gobierno.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
