-- “Ámsterdam planea retirar cámaras de fabricación china por riesgo de espionaje”.
-- “Las supercámaras chinas que ayudan a Israel a vigilar a los palestinos”.
Son titulares de noticias publicadas en los últimos meses, pero se podrían citar otras similares, referidas a otros países, difundidas sobre todo desde el año 2020. Todas tienen en común la empresa de cámaras de vigilancia a la que se refieren: Hikvision.
En el reportaje del diario El Mundo se define a Hikvision como “el mayor proveedor mundial de sistemas de videovigilancia”, una empresa “estrechamente relacionada con el Gobierno chino. Su principal accionista es China Electronics Technology Group, un contratista de defensa de propiedad estatal que fabrica drones y otros equipos militares”.
Además, se recogen las posturas de algunos países respecto a esta empresa. Estados Unidos tiene a Hikvision en su lista negra, como una “amenaza para la seguridad nacional” al estar vinculada al Partido Comunista Chino; Ucrania la ha calificado de “patrocinador internacional de la guerra”, por vender cámaras termográficas y de vigilancia al ejército ruso, y ha vetado el uso en su país.
Paradójicamente, un gran aliado de Estados Unidos, como es Israel, utiliza cámaras con capacidad de reconocimiento facial de Hikvision en los territorios palestinos que mantiene ocupados en Cisjordania y Jerusalén Este.
Pero, sobre todo, es la dictadura china quien se provee de tecnología de Hikvision con funciones de vigilancia y seguridad.
Hikvision cuenta con clientes en España, como los ministerios del Interior y de Presidencia, que han adquirido cámaras de videovigilancia para un lugar tan sensible como el Complejo de La Moncloa, residencia del presidente y sede de la Presidencia del Gobierno.
El Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno se encarga de los escoltas que protegen a Pedro Sánchez en sus desplazamientos y también de los sistemas de seguridad físicos que blindan La Moncloa.
En el año 2022, tal y como contó Confidencial Digital, este departamento consideró que era necesario “actualizar el sistema del circuito cerrado de televisión (CCTV), dotándole de nuevas capacidades y sustituyendo las cámaras obsoletas”.
Justificó que “las necesidades para la actualización del sistema de CCTV pasan por sustituir las cámaras de tecnología analógica, sustituir las que tienen visión deficiente y ampliar la red comunicaciones IP, para poder migrar las citadas cámaras”.
Admitió además que algunas de las cámaras con las que se vigilaba la seguridad del Complejo de la Moncloa se encontraban en un estado tal que “la deficiencia en la calidad de las imágenes que suministran las mismas afecta directamente a la seguridad de la Presidencia del Gobierno”.
Por eso, a través del Ministerio del Interior lanzó una licitación pública, con un presupuesto de 118.580,57 euros, para contratar el “Suministro de componentes para el sistema Hikcentral del circuito cerrado de televisión CCTV del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno”.
HikCentral es un software de gestión de seguridad de la empresa HikVision, que centraliza la administración de cámaras de videovigilancia, controles de acceso, alarmas...
El Departamento de Seguridad de Presidencia exigió que “todo el material a suministrar” en ese contrato debía ser “complementario al sistema existente y deberán ser compatibles e integrables con el sistema HikCentral de la empresa HikVision al ser éste el suministrado en el expediente de modernización del centro de control”.
El Centro de Mando de Seguridad también se estaba renovando para superar ciertos problemas de obsolescencia.
En los documentos de la licitación de suministro se establecía que “todas las cámaras a suministrar deben ser de la marca Hikvision y del modelo que se especifica, debido a que las cámaras solicitadas no solo envían la imagen del área de cobertura, sino que este tipo de cámaras incorpora un software de inteligencia conocido como “analítica de video” que añade la posibilidad de generar señales de alarma sobre la zona de cobertura”.
“Estas señales de alarma se reciben sobre el sistema ya instalado de HikCentral, no pudiendo ser interpretado por otro equipo diferente, mostrando al operador del centro de control la alarma generada lo cual le hace exclusivo”, se podía leer.
Por eso, el suministro se componía “de diferentes modelos de cámaras, que se relacionan a continuación, de la marca Hikvision que cubrirán las necesidades en la seguridad del perímetro del Complejo de la Moncloa y Controles de Acceso”.
Además, Presidencia incorporó varias licencias del sistema HikCentral que sirven para gestionar cámaras de reconocimiento facial, de control de acceso, detectores de matrículas de vehículos, canales de comunicación para sistemas de seguridad física...
Por esas mismas fechas, se renovaron también las cámaras de vigilancia del búnker, en el mismo Complejo de la Moncloa, que ocupa el Departamento de Seguridad Nacional, un organismo de Presidencia del Gobierno que asesora al presidente, que centraliza información de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia, y que tiene funciones de coordinación en gestión de crisis.
En este otro contrato, Presidencia exigió que las nuevas cámaras y otros elementos tecnológicos del Departamento de Seguridad Nacional debían ser compatibles e integrables con los que ya existían en otras dependencias del Complejo de la Moncloa: citó concretamente el caso del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, que contaba con equipos de las marcas Safir y Hikvision.
Desde hace años, ciertas tecnologías sensibles fabricadas por empresas de China se están encontrando con el veto de algunos gobiernos occidentales, que temen que instalar estos equipos suponga habilitar de forma inconsciente una puerta de entrada del espionaje chino en sus infraestructuras críticas y redes informáticas.
Esta guerra se da, por ejemplo, contra Huawei. Estados Unidos es el país más beligerante, hasta el punto de colocar a esta empresa china y otras 40 en una lista negra, con el argumento de que facilitan información de sus clientes a los servicios de inteligencia chinos.
Por eso, en ciertos ámbitos se prohíbe el uso de teléfonos móviles de Huawei, aunque otras instituciones públicas, también en España, utilizan tecnología de Huawei y mantienen relaciones con esa empresa: es el caso de la Guardia Civil.
En el ámbito de los sistemas de vigilancia con cámaras, está ocurriendo algo similar.
La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) es la agencia estatal reguladora de las telecomunicaciones en Estados Unidos.
En el año 2022, esta comisión prohibió en infraestructuras críticas de todo el mundo el uso de productos fabricados por cinco empresas chinas, por considerar esta tecnología una amenaza para la seguridad nacional: Huawei, ZTE (también fabricante de teléfonos móviles), Hytera Communications Corporation (radios bidireccionales), Hangzhou Hikvision Digital Technology Company y Dahua Technology Company, estas dos últimas, suministradoras de cámaras de videovigilancia.
Hikvision y Dahua recurrieron a los tribunales. A principios de abril, el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia avaló esa prohibición dictada por la Comisión Federal de Comunicaciones contra empresas chinas, si bien instó a limitar el concepto de “infraestructura crítica”.
La BBC británica desveló en 2023 un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos que alertaba de que la implantación de la tecnología de Hikvision suponía un riesgo, un vector para que el gobierno chino pudiera comprometer en un momento dado muchas infraestructuras críticas estadounidenses.
Acusaba, además, de tener vínculos con la inteligencia china, y de sortear las prohibiciones vendiendo sus productos en Estados Unidos a través de otras “marcas blancas”. Hikvision negó ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y desmintió que vendiera sus productos etiquetados con otras marcas.
La polémica con las cámaras de Hikvision alcanzó también a las instituciones de la Unión Europea.
Deutsche Welle, televisión internacional financiada por el gobierno alemán, publicó en 2020 que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea habían comprado a Hikvision cámaras termográficas para detectar a personas con fiebre. Era una medida de control frente a la pandemia de coronavirus.
En este caso, la denuncia apuntaba que Hikvision proporcionaba equipos de vigilancia para campos de internamiento en los que la dictadura china encierra a personas de la minoría uigur (que son musulmanes), en la provincia de Xinjiang.
Un sindicato de empleados de las instituciones europeas elevó una carta de protesta por comprar estas cámaras a una empresa acusada de colaborar en esa represión y vulneración de los Derechos Humanos en China.
Varios eurodiputados también presionaron, y finalmente, en 2021, el Parlamento Europeo aprobó retirar de sus instalaciones los sistemas de Hikvision.
Las alarmas saltaron también en Reino Unido. El gobierno ordenó en 2022 a todos sus departamentos que dejaran de instalar cámaras de vigilancia de origen chino, debido a que la ley en China obliga a las empresas a colaborar con sus servicios de inteligencia.
En 2023 dio un paso más, y ordenó retirar todas las cámaras que estuvieran operativas en instalaciones gubernamentales. Más recientemente, sólo ha autorizado que las sigan usando las administraciones locales.
Por su lado, el ejército británico comunicó en una guía la consigna de no instalar ni utilizar tecnología de esta empresa.
De nuevo, Hikvision trató de defenderse y de negar esas acusaciones ante las autoridades del Reino Unido.
Ya se ha citado el caso de Ámsterdam, en Países Bajos, y la lista de gobiernos occidentales que han tomado medidas o han lanzado alertas sobre los peligros de las cámaras de Hikvision es más extensa.
El Politiets Efterretningstjeneste, el servicio de inteligencia y seguridad de Dinamarca, alertó en 2021 a la policía de su país del peligro que suponían esas cámaras de la empresa china.
El riesgo era doble: que la empresa colabore con los servicios de inteligencia de China, y que las cámaras instaladas tengan una “puerta trasera” que facilite el espionaje si son ciberatacadas.
La policía danesa admitió públicamente esos dos riesgos.
En Lituania, el Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Defensa emitió un informe, a raíz de que 57 instituciones del país utilizaran tecnología de Hikvision y Dahua. Incluyó alertas y recomendaciones para evitar fugas de información, y finalmente el gobierno lituano vetó Hikvision, si bien otras administraciones públicas siguieron usando sus productos.
El gobierno de Australia realizó una auditoría y detectó 900 equipos de Hikvison y Dahua en unos edificios gubernamentales. Procedió a retirarlos. Hasta una agencia de inteligencia australiana también usaba material de Hikvision.
En Irlanda han surgido voces que alertan del riesgo que supone para la seguridad nacional que haya cámaras de esta empresa china en Leinster House, el edificio de Dublín que acoge el Dáil Éireann, la cámara baja del parlamento.
Ya se han citado antes la prohibición en Ucrania, donde estaban muy extendidas, y las alertas en Canadá.
Radio Free Europe/Radio Liberty, financiada por Estados Unidos desde la Guerra Fría, publicó este pasado mes de mayo un reportaje en el que se afirma que “Dahua y Hikvision, dos empresas chinas de propiedad parcialmente estatal que se encuentran entre los principales proveedores mundiales de sistemas de vigilancia y televisión de circuito cerrado --dominando mercados en Hungría, Serbia, Rumania, Moldavia, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Bulgaria y Georgia”.
Otro reportaje, este de la revista Politico, recogió algunas de estas polémicas en Europa con Hikvision y también incluyó el caso de Noruega. El fondo soberano de este país emitió en 2020 un informe de su comité de ética en el que recomendaba excluir a la empresa Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd de las inversiones que realiza por todo el mundo.
En esa pieza se citaba una noticia sobre la adquisición de más cámaras termográficas de Hikvision por un organismo público español: AENA.
Muchos de estos países que han vetado Hikvision son aliados de España en el ámbito de defensa, ya que son socios de la OTAN, y algunos también miembros de la Unión Europea.
Confidencial Digital se puso en contacto en el mes de abril con el departamento de comunicación de Hikvision en España, para plantear una serie de preguntas sobre el uso de sus cámaras en La Moncloa y en organismos públicos de nuestro país.
Preguntó si se habían retirado esas cámaras, o si al menos Hikvision se había tenido que someter a alguna revisión adicional, después de esas alertas fuera de España, para poder seguir prestando servicio al Gobierno de España.
También quiso saber si el Centro Criptológico Nacional, que certifica la ciberseguridad de ciertas tecnologías, había endurecido de alguna manera las revisiones y controles para certificar los productos de Hikvision que utilizan las administraciones públicas.
De igual forma, preguntó si, ante las alertas que ha habido en los últimos años sobre posibles vulnerabilidades de ciberseguridad de las cámaras de Hikvision, la empresa ha implementado mejoras o refuerzos en la protección de ciberseguridad de las cámaras que funcionan en España.
Después de insistir varias ocasiones, ECD recibió respuesta de Hikvision dos meses después de enviar la primera consulta.
Sobre si el Gobierno de España ha retirado cámaras de Hikvision de La Moncloa, respondieron “no tenemos acceso a esa información”.
En algunos países, Hikvision alegó que había elevado los requisitos de seguridad para garantizar que las cámaras no sufrían ciberataques, o que eran vulnerables de alguna otra forma.
A la pregunta de sobre si había tratado de demostrar ante las autoridades españolas su fiabilidad con medidas similares, Hikvision responde que sus sistemas cumplen “con los controles de seguridad más rigurosos del sector, garantizando que todos nuestros productos y servicios son sometidos a revisiones exhaustivas y actualizadas”, por eso se enorgullecen de “mantener los más altos estándares de calidad y seguridad”.
Insiste en que todos sus productos “han superado con éxito los controles y revisiones más rigurosos, realizados con la máxima actualidad”, y que su compromiso con la seguridad “se refleja en la implementación de las normativas internacionales más estrictas y en la realización continua de auditorías internas y externas”.
Por eso, declaran que “este compromiso constante con la calidad y la seguridad nos permite certificar que nuestras soluciones son más que aptas para satisfacer las necesidades de las administraciones públicas, cumpliendo con los estándares más exigentes del sector”.
ECD también quiso saber si, además de en el Complejo del Palacio de la Moncloa, Hikvision suministra cámaras de videovigilancia, u otro tipo de tecnología, a otras administraciones públicas.
La empresa contestó que no podían responder a esta pregunta, “ya que compromete la seguridad nacional”.
