Se acerca la fecha crucial del 28 de julio. Solo faltan 36 días y en casi todas las conversaciones diarias se analizan los posibles escenarios que pudieran ocurrir antes, durante o después de la elección. Este columnista, como debe ser, aspira a que todo transcurra con la normalidad cívica y política que solía ser la […]
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Se acerca la fecha crucial del 28 de julio. Solo faltan 36 días y en casi todas las conversaciones diarias se analizan los posibles escenarios que pudieran ocurrir antes, durante o después de la elección. Este columnista, como debe ser, aspira a que todo transcurra con la normalidad cívica y política que solía ser la regla hasta que el chavismo-madurismo logró imponer otra.
Los más jóvenes tal vez no sepan o no recuerden la elección presidencial del 1 de diciembre de 1968 en la cual Rafael Caldera (Copei) se impuso a Gonzalo Barrios (AD) por tan solo 33.000 votos, teniendo en cuenta también que pocos meses antes Acción Democrática había sufrido una escisión que dio origen al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) cuyo candidato, Luis Beltrán Prieto (quien fuera uno de los fundadores de AD), obtuvo 719.000 sufragios.
En aquellos electrizantes días se escrutaron con fuerza y convicción todos y cada uno de los votos, resultando en el triunfo de Rafael Caldera, con lo cual retornó con normalidad la santa paz de todo el mundo ante la certeza de que ese había sido el resultado y más nada había que discutir.
Muy distinto es el caso de la elección del 19 de abril de 2013 en la que Maduro afirmó haber ganado a Capriles por 224.000 votos, equivalentes tan solo a 1,49% del total de los 15.000.000 de votos emitidos. En ese caso se comentó con insistencia que había habido alguna negociación bajo cuerda para proclamar dicho resultado poco creíble. Lamentablemente, Henrique Capriles no tuvo el coraje de llamar a “cobrar” con la discutible excusa de evitar un baño de sangre.
Por fin, en la elección del 20 de marzo de 2018 la oposición optó por llamar a la abstención, la cual alcanzó a 46% permitiendo de esa manera a Maduro imponerse por un amplio margen de los votos emitidos frente a los candidatos “chimbos” Henri Falcón y Javier Bertucci, quienes -según el Consejo Nacional Electoral- obtuvieron apenas 30%.
Dichas elecciones fueron tan irregulares que 66 países del mundo no reconocieron su validez y solo 23 sí lo hicieron (ver la lista en es.wikipedia.org/wiki/elecciones_presidenciales_de_venezuela_de_2018).
Todo proceso eleccionario requiere la condición de libre, competitivo, observable y verificable a fin de ser reconocido tanto por los votantes como por la comunidad internacional. Es evidente que los del 28J no se llevarán a cabo dentro de un marco de igualdad de las partes, ni serán competitivos en la medida en que la concurrencia de candidatos ha sido obstaculizada por el gobierno y además la observación bajo normas internacionales ha sido impedida (Unión Europea etc.). Por tanto, su falta de transparencia no les permite ser confiables.
Dicho lo anterior y observando el desarrollo del actual proceso, este columnista tiene motivo para temer 1) que la elección se suspenda, ya sea por causa del pretexto Guyana u otro; 2) que se inhabilite al candidato opositor González Urrutia, quien de lejos lleva una holgada delantera; 3) que una vez cerradas las mesas el oficialismo impida el conteo, la transmisión y la verificación; 4) que en definitiva se desconozca el resultado; 5) que entre julio y enero -cuando ocurrirá el traspaso- Maduro y su combo inventen alguna cosa rara que impida o dificulte la gobernabilidad a Edmundo González.
El temor aquí expresado se funda en la observación de las siguientes maniobras que ya están en desarrollo: 1) obstáculos a la campaña opositora; 2) manejo de la amenaza de Guyana, justo coincidiendo con la elección; 3) insistencia del gobierno para que se frene la observación internacional; 4) uso abusivo y excluyente de los recursos públicos; 5) abuso oficial de la cobertura mediática; 6) campaña internacional; 7) amenazas creíbles a los candidatos opositores de verdad; 8 ) tolerancia complaciente con los candidatos “alacranes”; 9) campaña para echar la culpa de la posible pérdida de Citgo a María Corina Machado y sus aliados políticos; 10) posibilidad de una maniobra de último momento del CNE o el TSJ para inhabilitar a González Urrutia (se comenta que ya hay algo de eso en marcha); 11) manipulación del Registro Electoral ignorando los cambios de domicilio y el registro en el exterior; 12) impedir y mediatizar la observación internacional; 13) utilización sesgada del Plan República; 14) utilización de “puntos rojos” y “colectivos” para amedrentar a los votantes; 15) utilización coactiva de las bolsas CLAP… y pare usted de contar.
Ante el escenario descrito, algunos se preguntan si valdrá la pena votar. A ellos les decimos que es mucho más difícil hacer trampa y desconocer una diferencia de 30 o 40 puntos porcentuales que una de apenas 1%, como ocurrió cuando Capriles.
En conclusión, hay que votar, hay que motivar a otros para que voten, hay que cuidar el voto a la hora del cierre de las mesas y la transmisión de las actas y hay que defender el resultado, cualquiera que sea sin tener que caer en la trampa de un pacto previo como propone el oficialismo cuya palabra es menos que creíble además que ya fue pactado en los Acuerdos de Barbados.
Quien se abstenga, cualquiera sea su preferencia, solo expresará su indiferencia por el destino de nuestra Venezuela. Cuanto mayor sea la participación, mayor será la probabilidad de que triunfe la democracia.
@apslgueiro1
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