Tras cruzar el Cabo de Hornos que ha supuesto el fallo del Tribunal Constitucional sobre el delito de prevaricación, una resolución apoyada exclusivamente en la mayoría progresista de esta instancia judicial, el Gobierno sigue su estrategia para desmontar las penas impuestas por el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía e incluso revertirlo contra el PP, al que acusa de instigar las acusaciones para causar «un daño irreparable». Se trata de un paso más allá de los socialistas: no solo quieren exculpar a los exdirigentes condenados por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, sino intentar que el fraude vuelva como un 'boomeran' contra el PP, a pesar de que este partido no gobernaba Andalucía. La...
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