En la Mesa del Congreso se acumulan desde hace meses las leyes procedentes del Senado a la espera de tramitación, cautivas todas ellas de una prórroga 'sine die' que la mayoría del Gobierno en el órgano de control de la Cámara Baja se encarga de alargar sin explicación. Bloqueo que mantiene en el limbo normas aprobadas con los votos del Partido Popular (PP), pero también de muchos de los socios que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. Apoyo que de reproducirse en la Cámara Baja acabaría con las leyes en el Boletín Oficial del Estado y que explica el frenazo al que las tienen sometidas PSOE y Sumar . En total, el Senado ha aprobado durante esta legislatura doce proposiciones de ley, la mayor parte de ellas de marcado carácter social y económico. Iniciativas como la destinada a frenar la okupación, la que pide la rebaja del IVA a las peluquerías y salones de belleza o la que aboga por regular las ayudas a las personas afectadas por la talidomida. Todas, varadas en la Mesa del Congreso a la espera de una tramitación que no llega, pues el Gobierno ha prorrogado alguna de ellas hasta en 19 ocasiones. «A pesar de las protestas que hacemos todas las semanas, son ellos los que tienen la capacidad de bloqueo. No hay nada que hacer », explica a ABC un miembro de la Mesa del Congreso, que asume con resignación el cerrojazo. Bloqueo que busca evitar que la opinión pública vea cómo la oposición sí es capaz de legislar, aunque sea desde la Cámara Alta, mientras que el Gobierno no puede hacerlo por culpa de su debilidad parlamentaria. «Aquí sí se legisla. Hay hasta doce proposiciones de ley que han sido aprobadas en el Senado para su tramitación en el Congreso y que están siendo bloqueadas», denuncia Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que afeó al Gobierno que piense más en sus cálculos partidistas que en los ciudadanos. «A los españoles les encantaría que el Senado estuviera conociendo ya de la ley de la ELA o que desde el Congreso hubiéramos aprobado ya una ley de lucha contra la okupación , pero a esta cámara -por el Senado- solo ha llegado la ley de Amnistía, que es la única que le ha preocupado al Gobierno de España», afirmó, al tiempo que criticó la nula actividad legislativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, agravada por este bloqueo en la Mesa del Congreso. «Esta incapacidad tiene su origen en una minoría parlamentaria y no en un supuesto bloqueo del PP. Difícilmente se puede paralizar una actividad que no existe. Todo, porque la investidura de Sánchez no estaba hecha para garantizar la gobernabilidad, sino para garantizar una ley de Amnistía y eso es lo que ha hecho que la única norma que haya llegado al BOE sea esa», apuntaba ayer Gamarra. Uno de los temores del Gobierno a la hora de frenar estas proposiciones de ley en el Congreso es el de ver cómo podrían salir adelante de reproducirse los apoyos con los que han llegado desde el Senado. De las doce proposiciones de ley aprobadas en la Cámara Alta , todas menos una tendrían garantizada su aprobación definitiva en caso de tramitación, siempre y cuando los apoyos fueran los mismos. Normas como la que lucha contra la okupación contaron con los votos a favor de PP, Vox y UPN, pero también con las abstenciones del PNV, Junts y Coalición Canaria, dispuestos a abrir una negociación mediante enmiendas que daría luz verde a la ley que aborda uno de los problemas que más preocupan a la sociedad. «Frente a las leyes de Sánchez, escritas al dictado de Puigdemont, seguiremos impulsando las leyes Feijóo para resolver los problemas reales de los españoles», explica a ABC Alicia García, portavoz de los populares en el Senado. Este bloqueo del Congreso trata de no agravar la fragilidad del Gobierno, incapaz de sacar adelante proyectos de ley con la normalidad que debería a causa de su debilidad parlamentaria. El último intento, el de la ley de Suelo, tuvo que retirarlo para evitar una nueva derrota. «Vamos a socavar la debilidad del Gobierno todo lo que podamos», explica a ABC una persona cercana a la dirección del PP. Y por ahí se desprende la nueva estrategia iniciada por los populares en la Cámara Baja, donde después de meses centrados en la lucha contra la amnistía tienen previsto pasar a una nueva fase de oposición constructiva, llevando al pleno iniciativas legislativas que puedan atraer los votos de algunos de los socios del Gobierno. Como muestra de esa nueva senda sirve la proposición que los populares llevarán al pleno de la próxima semana, para delimitar las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales. Un texto similar al que ya fue aprobado en el Senado. Si la montaña no va a Mahoma... De hecho, las amenazas de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, si finalmente no le permite gobernar en Cataluña, pueden allanar ese camino diseñado por el PP, ya que el prófugo ha amenazado al presidente con desestabilizar su gobernabilidad si finalmente ERC hace presidente a Salvador Illa. Un choque que podría beneficiar a los populares, aunque desde la dirección de Génova trasladan que en ningún caso se negociaría con Junts y que solo estarían abiertos a dar paso a alguna enmienda parcial al texto que allanara el voto a favor de estos socios del Gobierno. Todo, con un doble objetivo . Por un lado mostrarse como un partido útil para la ciudadanía, que saca adelante las leyes que el Gobierno no es capaz, y por otro contribuir al desgaste del Ejecutivo, cuya supervivencia creen que pende cada vez más del hilo que maneja el prófugo y líder de Junts.
