El mismo día en que declaró la independencia de Cataluña para luego suspenderla, 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont le escribió a su asesor en materia internacional, que había estado en Moscú apenas dos semanas antes, para decirle que las «cuentas corrientes te las dé de las oficinas y delegaciones exteriores, que no creo que las tengan bloqueadas». En poco más de dos semanas, este asesor, Víctor Terradellas , llevó a la sede oficial de la presidencia de la Generalitat de Cataluña a un ciudadano ruso al que describió como «emisario de Putin» para pactar apoyo ruso a la independencia, con soldados y oferta de hacer ingresos con criptomonedas. Así figura en un auto del magistrado que instruye el caso de la trama rusa, Joaquín Aguirre , quien ayer abrió pieza separada para investigar delitos de traición atribuidos a los dos expresidentes de la Generalitat Puigdemont y Artur Mas; al asesor de ambos, Terradellas; el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay ; su abogado, Gonzalo Boye, y otros implicados, que son Elsa Artadi, Jordi Sardá, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko y Francesc Dalmases. El juez, en un detallado auto de 56 páginas repleto de pruebas, afirma que ha hallado indicios de delito para «facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español y la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades». Los delitos de traición como tales quedan excluidos de la amnistía concedida por el Gobierno y que entró en vigor el pasado día 11. En el auto figuran abundantes contactos de un grupo de asesores y empleados de Mas y Puigdemont con ciudadanos rusos desde el viaje de Terradellas a Moscú en septiembre de 2017. Cuando éste fue detenido por un caso de corrupción en mayo de 2018, los contactos con rusos los mantuvieron el nuevo jefe de gabinete de Puigdemont, Alay, y su abogado, Boye, según recogen las pruebas amasadas en el auto. Días después de asumir el cargo de jefe de gabinete de Puigdemont, Alay recibió un mensaje de Terradellas, que ya había sido detenido. «¿Tú te has puesto en contacto con el gobierno ruso?», le preguntó. Alay respondió que aún no, pero que siempre había sido «partidario de tener relación con ellos». Después añadió que Puigdemont «está de acuerdo». Alay viajó a Rusia al menos tres veces y se vio con funcionarios con gran influencia en Moscú, como Evgueni Primakov, a quien él mismo describió como «mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales». Boye dijo: «Tendríamos que ir a verles». Según figura en el auto, Boye y Alay mantuvieron en Rusia contactos no sólo con personas a las que ellos identifican como representantes del poder político, sino también integrantes del crimen organizado. Uno de ellos es Zakhar Kalashov , uno de los más conocidos capos de la mafia rusa, que ya fue condenado en España por diversos delitos tras ser extraditado desde Emiratos Árabes. El juez ve en las acciones investigadas «un posible delito de traición del Título XXIII del Libro Segundo del Código Penal», que incluye condenas para «el español que facilite al enemigo la entrada en España» o que, con «el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional». El Parlamento Europeo, con apoyo socialista, pidió a principios de año que los países miembros de la Unión Europea investiguen injerencias de Rusia, especialmente dada la reciente invasión de Ucrania. También pide apoyo a la independencia de los jueces. Después de que el ruso Nikolay Sadovnikov, al que Terradellas llamaba «emisario de Putin» en un mensaje a Puigdemont, planteara proyectos de criptomonedas en la sede oficial de la presidencia catalana, se puso en marcha una estrategia conjunta de pruebas para efectuar pagos. Sadovnikov había ofrecido 10 millones de euros para comenzar un apoyo ruso a la independencia catalana y ofrecería luego hasta pagar toda la deuda pública de Cataluña, según mensajes de los investigados. Uno de los puntos más relevantes del auto, por novedoso, es la comprobación de que esta estrategia de pagos con criptomonedas se ejecutó tras la fuga de Puigdemont a Bélgica. El ruso Sadovnikov volvió el 16 de febrero de 2018 a Barcelona, según dijo el investigado Sardá a Terradellas. Después, estos dos se intercambian fotos, donde se ve al último con un certificado de fondos de 500.000 millones , que parece ser falso, y en las que aparecen abundantes fajos de billetes de 100 euros. En otra conversación, los dos implicados hablan de un pago de 500 bitcoins, que según el auto equivaldrían en la época a 3,4 millones de euros. El 8 de mayo de 2018, Sardá habló de una prueba en Dubai (Emiratos Árabes), en la que participó él, el ruso Sadovnikov y otro implicado, Zeus Borrell. «En Dubai hace dos meses hicimos una prueba y nos sorprendió muy positivamente», afirma Sardá. De esa transacción, y el éxito de la prueba de pago por criptomonedas, se informa a Puigdemont, al que apodan en los mensajes intervenidos «el nen» o «el niño» en catalán. Justo cuando hablaban de esos pagos, vinculados al que han descrito antes como «emisario de Putin», Sardá y Terradellas planificaban un nuevo viaje a Moscú, donde querían visitar la sede del FSB, el servicio nacional de inteligencia ruso, sucesor del KGB. Terradellas fue detenido el 24 de mayo en un caso de corrupción relacionado con fondos públicos. Es en ese registro cuando la policía halló una libreta en la que aparecieron las palabras 'Putin', 'pagos' y 'Estado protector', lo que llevó al juez a ahondar en esas sospechas. La gran cantidad de pruebas que figuran en el auto de 56 páginas se extraen de los registros y, sobre todo, de conversaciones y grabaciones de los teléfonos móviles de los ahora investigados por traición. Sobre la oferta de emplear las delegaciones catalanas en el extranjero para percibir pagos, hecha por Puigdemont en un mensaje, en 2019 un informe del Tribunal de Cuentas recogió que en esas oficinas hubo abundantes transacciones no aclaradas. Dice el informe que entre 2011 y 2017 los gastos generados por la gestión directa de las oficinas exteriores durante el periodo fiscalizado ascendieron a un total de 11,8 millones de euros . Hay 2,6 millones por la gestión indirecta de la oficina de Moscú que no están justificados. El juez ha dado dos días a los implicados para que aleguen si su delito puede estar cubierto por la amnistía. ¿Qué buscaba Rusia? El auto afirma que en Cataluña «Rusia habría contado con 'una puerta trasera' para desestabilizar a toda la Unión Europea». Añade que, a diferencia de en otros países, Rusia obtuvo en España «la cooperación de un elemento subversivo interno que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y prestase apoyo político». ¿Qué ocurre ahora? Las partes tienen dos días para alegar si los delitos a los que se alude en el auto, es decir, la traición, están contemplados en la amnistía para que el juez se pronuncie al respecto. ¿Quién los puede juzgar? A Carles Puigdemont, por ser aforado ya que es todavía eurodiputado, lo debe juzgar al Tribunal Supremo. Al diputado catalán Francesc Dalmases, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y al resto, la Audiencia Nacional, al ser un delito de especial gravedad. ¿Qué pruebas tiene el juez? Una libreta con anotaciones como 'Putin' o 'bitcoin' llevó a más registros e intervenciones de teléfonos, que sacaron a la luz viajes a Rusia, transacciones monetarias y promesas expresas de soldados, millones de euros y pago de deuda. Y hay tratos con crudo no explicados.
