Nueve representantes de asociaciones de víctimas de abusos y de entidades que trabajan con ellas, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello , y su homólogo de la Conferencia de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, mantuvieron este viernes un encuentro en Madrid donde los eclesiásticos escucharon «las vivencias y necesidades» de las víctimas. También les presentaron su plan de reparación integral que tienen previsto llevar a la próxima reunión de su Comisión Permanente, el 2 y 3 de julio, y que incluso podría ser aprobado en una Asamblea Plenaria extraordinaria convocada el próximo mes. Los obispos no quieren más retrasos y confían que esté operativo en septiembre, a comienzos del próximo curso. «Han sido más de dos horas de reunión, serena y en la que hemos escuchado el inmenso dolor de las víctimas», explican a ABC desde fuentes eclesiales. Un extremo que corroboran también desde las entidades asistentes. «Hemos visto a Argüello muy receptivo y participativo y confiamos en que lleve adelante lo que ha propuesto», explica Manuel Barbero, representante de Mans Petites , la entidad que agrupó a los casos de los Maristas en Cataluña. En la práctica, además de escuchar de nuevo el testimonio de los afectados, los obispos les han compartido los «criterios de reparación para víctimas que han sufrido abusos sexuales y cuyos victimarios han fallecido o cuyos casos están prescritos». Para el resto de casos, los que pueden llevarse a juicio , la Iglesia ha esperado antes el dictamen de la justicia civil para iniciar el proceso canónico. También, en caso de resultar culpable, el acusado ha tenido que hacer frente a la indemnización impuesta o, de forma subsidiaria, la congregación religiosa o la diócesis a la que pertenecía. Sin embargo, existía un vacío en los casos en que el juicio era imposible por haber prescrito el delito o haber fallecido el abusador. Una situación a la que la Iglesia parece querer dar respuesta a través de este plan integral de reparación. Para ello, creará una comisión independiente, formada por «psicólogos, psiquiatras y juristas» que evaluará caso a caso y propondrá el tipo de reparación necesaria. Aunque no habrá una víctima representada en esta comisión, las asociaciones han reclamado que sea «un proceso de interlocución directo con los miembros de la comisión para aportarles todo lo que puedan necesitar». Según ha podido conocer ABC, las ayudas irán dirigidas en tres niveles: la indemnización económica, la asunción de la ayuda psicológica y el apoyo en otras cuestiones para que las víctimas puedan recuperar una vida ordinaria. Para Barbero, «la propuesta es muy similar a la que ya se hizo en el caso Maristas». En ese sentido recuerda que a través de esa comisión «se consiguieron indemnizaciones de hasta 60.000 euros , cuando lo habitual en otros lugares y en el entorno europeo estaba entre los 15 y 20 mil euros». El Plan Integral de Reparación ha estado presente en las últimas plenarias de los obispos, sobre todo a partir de la publicación del informe del Defensor del Pueblo. Los conflictos internos lo han ido retrasado y tras la anterior reunión, en marzo, parecía que iba a quedar pendiente hasta noviembre. Sin embargo, la llegada de Argüello a la presidencia del Episcopado parece haber cambiado los ritmos. Tras reunirse con el Santo Padre en Roma el pasado mes, la cúpula de la Conferencia Episcopal anunció que estaría preparado para principios de julio. Ayer, en la reunión con las asociaciones de víctimas, Argüello se mostró dispuesto a convocar una Asamblea Plenaria extraordinaria este julio si la Comisión Permanente considera que no es suficiente su respaldo. Se trata de dar respuesta a una de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, con el que se reunían ayer también los representantes eclesiásticos, antes del encuentro con las víctimas. El objetivo de esta cita con Ángel Gabilondo fue, según la oficina de comunicación de los obispos, presentarle «las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia católica en España y las actuaciones realizadas tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado mes de octubre». Por su parte, la oficina del Defensor del Pueblo recordó que el informe fue «registrado y entregado en otoño de 2023 a la presidenta del Congreso y al presidente del Gobierno» y está «pendiente de ser debatido en el Parlamento» . El pasado 26 de abril, Gabilondo ya recriminó al Parlamento que no le hayan convocado para presentar su informe al plano tal como marca la proposición no de ley que lo promovió, a pesar de que ya ha pasado más de medio año de que fuera entregado a la presidenta de la Cámara Baja.
