Conforme pasan los días siguen trascendiendo detalles sobre el presunto fraude electoral en las últimas elecciones de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) , celebradas el año pasado y que ganó Joan Soteras por un breve margen de diferencia sobre Juanjo Isern. ABC ha tenido acceso al sumario de la investigación y al acta de declaración de Oriol Camacho, secretario general de la FCF desde 2017, que asegura que se estableció una trama dentro de la territorial para que Soteras ganara las elecciones . En las 25 páginas que consta su declaración, Camacho denuncia la presunta trama y que Soteras fue a una notaría de Sabadell para explicar cómo debían ser las actas notariales de los clubes que utilizaría para darle soporte. De su declaración se desprende que todo ello lo pagaron con dinero de la FCF. Y asegura que Miguel Ángel Calle , director general, sustituyó el día de las elecciones a gran parte de los miembros de las mesas electorales para poner a gente de su máxima confianza. Cita nombres y lugares concretos. Explica que Calle creó un correo electrónico donde se tenían que enviar las incidencias el día de las elecciones y que el receptor era el propio Calle, que decidía si las aceptaba o no. Camacho denuncia injerencias de Soteras y Calle constantes durante todo el proceso . Y asegura que algunos colaboradores recibieron después bonos de entre 3.000 y 5.000 euros para compensar favores. Oriol Camacho declaró como testigo y «manifestó la voluntad de acogerse a la figura de testigo protegido por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, debido a los perjuicios que su declaración puede conllevar». El secretario general explicó que, el día de la votación, la persona que tuviera que emitir el voto debía comparecer ante el notario para legitimar su firma como requisito indispensable para poder emitir el documento notarial acreditativo. Y que como diferentes notarías no aceptaban hacer una escritura pública sin la presencia de los comparecientes, «la sra. María Barbancho, abogada de la FCF» habría recurrido a la notaría Simón-Navarro de Sabadell. Camacho explica que esta notaría «sería de la confianza de Soteras y ya habría trabajado anteriormente con Guerrero para la reelección de Luis Rubiales al frente de la RFEF». Camacho también se refiera a las elecciones asegurando que hubo irregularidades en el momento de configurar los miembros de la junta electoral, como por ejemplo que no se hizo sorteo puro entre los miembros presentes en la asamblea general. «Lo mismo ocurrió al constituir las mesas electorales, que tradicionalmente habían sido formados por miembros del comité de competición, personal con conocimientos jurídicos y que en estas últimas elecciones fueron sustituidos por personal de confianza de Luis Miguel Calle ». El secretario, en su declaración, expresó que «las irregularidades se extendieron durante todo el periodo electoral, ya que se produjeron constantes injerencias por parte d la candidatura de Soteras y del director general de la FCF, Miguel Ángel Calle». Además, reconoce que «se permitió que Soteras permaneciera durante 16 días en la presidencia de la FCF cuando tenía que cesar desde el momento en el que el CTE ordenó repetir el acto de votación». El ejecutivo desvela que fue citado a diversas reuniones, días previos a la celebración de las elecciones, con Soteras, Calle, Alejandro Guerrero (secretario de la Liga catalana de Futsal), Alberto Prieto (jefe de gabinete de presidencia) y Sergio Garrido (jefe de administración y asesoría jurídica interna) con la intención de «involucrarlo en una estrategia para favorecer electoralmente a Soteras ». En el auto se especifica que como Camacho declinó implicarse en esta estrategia, «los actuales dirigentes de la FCF le habrían hecho perder atribuciones vaciando de contenido y poder su cargo». Otra de las cuestiones relevantes que manifestó Camacho es que recibió órdenes de presentar recursos contra las resoluciones del TCE que afectaban a Soteras y la propia FCF y que después «estos recursos fueron facturados como trabajos realizados por la letrada de la FCF, María Barbancho, quien también lleva asuntos personales de José Miguel Calle y Joan Soteras». Camacho también detalla que junto con Soteras, Alejandro Guerrero y Álvaro Montoliú, jefe de comunicación y asesor del presidente, participó en una reunión en la notaría Simón-Navarro de Sabadell para explicarle al notario cómo se tendrían que hacer las escrituras notariales para el nuevo acto de votación. Camacho aseguró que oyó decir a Montoliú que él las habría costeado. «Para confeccionar las actas ante notario era necesario disponer de los certificados de composición de junta directiva de los clubes, y por eso Calle ordenó a Garrido que en nombre de la FCF los pidiera al Registro de Entidades Deportivas (REE, por sus siglas en catalán). Pero el REE no cedió estos certificados y el director general de la FCF tuvo que cambiar de estrategia para favorecer la candidatura de Soteras, de tal manera que tuvieron que presentar al notario certificados con la firma de presidentes y secretarios falsificadas, aprovechando la documentación federativa existente en las bases de datos de la FCF», explica Camacho. El secretario, en su declaración policial, sigue detallando la estrategia de Calle para favorecer la candidatura de Soteras: «El día antes de las elecciones convocó a todos los miembros de las mesas electorales y dio órdenes específicas de cómo actuar para tener el control de las votaciones, al margen de la junta electoral». «Calle estableció que todas las actas otorgadas por Soteras eran correctas, mientras que el resto tenían que ser verificadas con un procedimiento lento y laborioso», añade, al tiempo que denuncia: «Calle habría hecho crear diversos correos electrónicos específicos para las elecciones que, una vez finalizadas, pudieran ser eliminados y que no dejaran rastro de fraude ». En el auto se recoge que «cuando el declarante puedo observar las actas notariales facilitadas a los responsables de los clubes por la candidatura de Soteras, pudo observar irregularidades ». Y cita algún ejemplo: «Contenían documentación extraída de las bases de datos federativas». Camacho incluso reconoció el contenido del certificado que las acompañaba, ya que Calle le había pedido «un modelo de cómo hacerlo y que él pensaba que sería válido para todas las candidaturas y no únicamente para la de Soteras». En este sentido, el testigo confirmó que «únicamente 26 trabajadores de la FCF tendrían acceso a esta documentación» y que «muy probablemente la empresa proveedora de servicios informáticos (Novanet) podría determinar qué usuario habría accedido a esta información, incluso con día y hora». Camacho manifestó que a medida que el recurso del candidato Juanjo Isern cuestionando la legitimidad de las actas el día de las votaciones avanzaba en el TCE, «desde el correo de la candidatura de Soteras se envió un mensaje a todos los correos personales, no corporativos, de los directivos y delegados electos para pedirles que contactaran con los clubes de su zona que habían utilizado las actas de Soteras, para que enviaran al correo de la secretaría de la intranet federativa un texto en el que debía quedar reflejado que habían facultado a Soteras para realizar las gestiones necesarias para poder votar». Y Camacho añade: «El texto ya iba redactado y solo era menester que el club rellenara su nombre en el lugar indicado, que lo firmaran y que lo enviaran». En relación con los beneficios que habrían obtenido las personas que participaron en la trama para favorecer la candidatura de Soteras desde la propia FCF , Camacho desveló que la Comisión Económica estableció los siguientes acuerdos: «El 17 de julio de 2023 se aprobó un incremento salarial de 10.500 euros anuales para el Sr. Calle (una parte pagándole el leasing de un vehículo). Un aumento salarial para Alberto Prieto y Sergio Garrido de 5.000 euros anuales. Un incremento salarial para Jesús Manchado Lozano y Carlos Núñez de 3.000 euros anuales. El 3 de abril de 2023 se aprobó la porpuesta del Sr. Calle d pagar un 'bonus' extraordinario a Sergio Garrido y Alejandro Guerrero de 5.000 euros». En su declaración, Camacho también manifestó que se habían ejecutado « prácticas irregulares en la gestión económica de la FCF », ya que «a través de varios contratos con empresas proveedoras de productos o servicios se habrían cubierto gastos de la candidatura de Soteras». En el auto se señala al caso de los gastos de la notaría Simón-Navarro, que habrían alcanzado en torno a os 35.000 euros y que habrían sido satisfechos por Álvaro Montoliú a través de su empresa AMT Comunicació. «Esta empresa posteriormente recuperaría la inversión a través de alguna otra de sus sociedades, como Iniciatives Events, que es una de las que más factura a la FCF», se recoge. Camacho también explica que algunas de las renovaciones de contratos se efectuaron el periodo de tiempo que Soteras ejerció de presidente, pero en el que debería haber cesado por su condición de candidato y, por tanto, «no se deberían haber renovado estos contratos porque la comisión gestora no tiene atribuciones para hacerlo». Camacho manifestó tener el convencimiento de que Calle, Garrido, Guerrero, Prieto, Manchado Villena y Manchado Lozano «fueron los que falsificaron las firmas de las actas notariales y que seguramente lo hicieron el área de fútbol sala de la sede central de la FCF, ya que Calle pidió desconectar las cámaras de video-vigilancia». Finalmente, Camacho hizo mención al robo con fuerza que la sede de la FCF sufrió la noche del 31 de diciembre de 2023. Le pareció «sospechoso que accedieran con aparente facilidad a los sistema de vigilancia ocultos y que desde la Federación se denunciara únicamente la sustracción de cierta documentación, en teoría relacionada con el caso 'Soule' que afectaría a la RFEF por otro caso de corrupción», dando a entender que e trataba de suprimir pruebas sobre lo acontecido en las elecciones.
