“En el siglo XXI la guerra ya no es lo que era”. “La relación ruso-catalana ya fue en su día objeto de análisis y de inmerecido descrédito por parte de la izquierda española y los partidos nacionalistas”. Estas son solo dos de las expresiones que se pueden encontrar en el auto del juez Joaquín Aguirre (consultable en su totalidad al final de esta información) por el que intenta excluir a Carles Puigdemont, al expresident de la Generalitat Artur Mas y a otras diez personas, entre ellas al periodista Carles Porta, de la amnistía.
La resolución, llena de tesis políticas sobre el procés y la geopolítica internacional, se dedica a reiterar los indicios de los que ya disponía el juez desde hacía años. Lo que es más relevante es que el magistrado abre una nueva investigación pese a que la Audiencia de Barcelona había impedido al juez seguir con las pesquisas sobre la denominada trama rusa del procés.
De las 56 páginas del auto, el juez dedica una a reprochar, de forma velada, a la Audiencia de Barcelona, la orden para que dejara de investigar la trama rusa. Incluso constata que esa orden “abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa”, que, no obstante, el juez ha decidido no acordar.
Después, a lo largo de 15 páginas, el juez se adentra en una serie de consideraciones sobre geopolítica internacional que él mismo aplica al procés. Arranca con un prólogo sobre “el contexto de evolución tecnológica desarrollada desde la segunda guerra mundial”, para después explicar que debe “describir algunos conceptos básicos de lo que se ha dado en llamar guerra de nueva generación o guerra híbrida”.
“El término amenaza híbrida se popularizó tras el choque entre Israel y Hezbolá en el año 2006, también llamada la Guerra del Líbano”, prosigue el juez, que a continuación repasa otros conceptos como “ciberterrorismo”, “hacktivismo” o grupos como Anonymous. “Como conclusión, se puede decir, sin duda, que la zona gris y las amenazas híbridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestro tiempo”, apostilla.
Aplicado al procés, el juez llega a apuntar a una “coincidencia histórica” entre el inicio de su investigación contra la trama rusa en 2018 y la sentencia del caso Gürtel de corrupción del PP que provocó la moción de censura y la entrada del PSOE al Gobierno.
“Si en el futuro a algún historiador le interesara hacer una investigación sobre la injerencia rusa en el procès como ejemplo de lo que, según la Prensa, parece haber sucedido en otros países de Europa, situaría como fecha de inicio real de la investigación judicial de tal injerencia el día 18 de mayo de 2018, casualmente el mismo día en que se firmó la sentencia del llamado caso GÜRTEL, que se notificó una semana más tarde. Dicha sentencia hizo caer el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy y dio entrada al gobierno a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos políticos de corte marcadamente independentista. Esta coincidencia histórica marcaría el devenir de la investigación judicial de la injerencia rusa tal como luego se verá”, asevera el magistrado.
A continuación, el instructor pasa a desarrollar su propia teoría sobre el proceso independentista en un fragmento sin contenidos jurídicos. Culpa al expresident Artur Mas de “elegir la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder [...] siendo el enemigo de la colectividad catalana Espña”.
“Este Magistrado por su parte puede añadir que, habiendo desaparecido el elemento cohesionador dela religión debido al avance de la ciencia, si se quiere obtener por un grupo político un nuevo relato que cohesione a una comunidad se debe elegir una idea común a la mayoría de los habitantes de una zona geográfica y que sea de la suficiente importancia como para tenerla muy arraigada en su interior, una idea que forme parte de la vivencia habitual de esa mayoría de ciudadanos de un territorio”, llega a apostillar el juez.
La veintena de páginas restantes del auto se dedican a recopilar indicios que ya estaban en la causa, algunos incluso desde hacía cinco años. Según el juez, se trataría de “la obtención de ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España), sea mediante su influencia en las estructuras financieras con el desarrollo de infraestructuras digitales de criptomonedas”.
