Esta medida se tomó tras las denuncias presentadas por su ex esposo, quien acusa a la presentadora de actos de violencia familiar. Según fuentes cercanas al caso, la denuncia incluye múltiples incidentes que, de ser comprobados, podrían tener serias implicaciones legales para Gómez Mont.
La investigación surge en medio de un contexto legal ya complicado para la conductora, quien ha enfrentado otros problemas judiciales en el pasado. Este nuevo giro en su situación legal ha captado la atención de los medios y del público, generando un intenso debate sobre las acusaciones y las posibles repercusiones.
La noticia sobre la investigación contra Inés Gómez Mont ha generado una ola de reacciones en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Mientras algunos usuarios expresan su apoyo a la conductora, otros piden que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia en caso de comprobarse las acusaciones. La situación ha polarizado a la opinión pública, resaltando la importancia de abordar temas de violencia familiar con seriedad y responsabilidad.
Según los registros judiciales, Inés Gómez Mont promovió un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Diez. Este juez había ordenado la presentación de los cuatro hijos menores de edad del primer matrimonio de Gómez-Mont para su entrevista o valoración psicológica. La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda y otorgó una suspensión provisional para proteger a los menores de la investigación.
De acuerdo con la jueza Diez Cerda, argumentó que someter a los menores a una valoración psicológica podría resultar en una revictimización o victimización secundaria. Este proceso podría generar ansiedad, estrés y afectar negativamente su vida cotidiana. "La pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, implicaría una revictimización... es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática", detalló la juzgadora.
Subrayando que es deber de los juzgadores brindar protección a los menores, lo cual implica salvaguardarlos de todo tipo de revictimización, se ordenó que se solicite al titular de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México que se designe a un funcionario público que actúe como representante especial de los menores.
En continuidad a la investigación, la suspensión provisional otorgada no paraliza la investigación que el Ministerio Público puede y debe realizar durante la integración de la carpeta de investigación. Esta investigación es de orden público y no puede ser suspendida, enfatizó la jueza.
Este no es el único problema legal que enfrenta Inés Gómez Mont. Existen diversas órdenes de aprehensión en su contra, incluyendo una por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este caso, también se ordenó la detención de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por un supuesto desvío de más de 3 mil millones de pesos.
