Es urgente crear estructuras de apoyo para las mujeres que sufren violencia doméstica, que realmente les permita salir de ese círculo.
El artículo 33 de la Constitución Política establece que el Estado debe velar por el cumplimiento del principio de igualdad, que no es más que un verdadero derecho subjetivo en favor de las personas que habitan la República de Costa Rica. Además, es un derecho relacional, porque no se da en abstracto, sino en la vivencia de las relaciones cotidianas.
Es un mandato constitucional, una obligación para los poderes públicos. Lo deben acatar los legisladores, la administración pública y los tribunales de justicia. Corresponde a esta estructura transformar la desigualdad real en igualdad formal, competencia de orden mayor.
Como parte de este proceso, hace 34 años entró en vigor la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, número 7142, después de cruentas discusiones, porque un sector de la sociedad tenía temor de que las mujeres nos convirtiéramos en hombres.
Décadas después, comprobamos que esto no ha ocurrido y que el principio constitucional de igualdad todavía no se ha concretado para la mitad de la población.
En esa época entró a funcionar una nueva figura en la Administración Pública, llamada por ley la Defensoría de la Mujer. Las usuarias no se hicieron esperar y empezaron a llegar por miles a referir sus vivencias.
El principal problema que relataban era la violencia que sufrían a manos de sus parejas, esposos y novios. Esa experiencia planteó la hipótesis de que la principal discriminación hacia la mujer era la violencia doméstica. Hipótesis que con el paso del tiempo se convirtió en tesis.
La Ley 7142 tuvo la virtud de constituirse en la primera normativa que incluía, aunque de forma tímida, un artículo dedicado a la violencia contra las mujeres. Posteriormente, en 1994, se refrendó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará. Además, se inició un proceso de cambio y adecuación de la legislación; lo nuevo fue dictar leyes para atender los problemas específicos que vive este conglomerado social, precisamente por su condición de ser mujeres.
Luego se aprobó la Ley contra la Violencia Doméstica, número 7586, que básicamente fija y regula las medidas de protección a favor de las víctimas.
Esta legislación específica enfrenta una de las peores formas de agresión, que es la que se da dentro de la relación de pareja. Es muy difícil comprender la vorágine de sentimientos y contradicciones cuando quien nos agrede comparte la cama, la mesa, la vida sexual y la descendencia. Muchas trampas deben superar las víctimas para buscar el camino de la libertad.
Posteriormente, y después de superar un viacrucis épico, según manifiesta una de las principales redactoras, se logró aprobar la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, número 8589. Sus detractores fueron legión; esto no se debe olvidar.
Un elemento fundamental es que las leyes se ejecutan también mediante las políticas públicas. La normativa debe integrarse a toda la estructura del Estado, principalmente cuando son de carácter programático.
Todo este panorama se complica cuando el Estado descuida la atención prioritaria que deben tener las víctimas, como se señaló en la conferencia de prensa recientemente convocada por las mujeres parlamentarias y algunas colectivas.
Ellas señalan que “prevenir la violencia contra las mujeres y los feminicidios es posible; no es necesario descubrir el agua tibia, sino ejecutar las políticas existentes y ampliar la inversión social”.
El documento señala problemas medulares, como la saturación de los servicios, la violencia que corre disparada en todos los niveles y en todo el territorio, y que los programas de prevención están desfinanciados o descontinuados, incluidos los que están dirigidos a trabajar con hombres, jóvenes y niños en el crucial proceso de construcción de la masculinidad.
Los discursos de odio y misoginia inundan las redes sociales y hasta los discursos oficiales. La situación tiene un alto costo social, humano, político y económico. El lenguaje vulgar y descalificativo no apela a nuestra tradición democrática, y es violencia también, señala la Colectiva Feministas en Resistencia.
El debilitamiento de nuestro sistema educativo y el abandono de los programas sociales parecen ser el marco ideal para debilitar nuestro sistema republicano y dar rienda suelta al populismo totalitario y a las actividades delictivas.
Estas violencias sistémicas se invisibilizan y, peor aún, se normalizan, ya que están integradas en la vida cotidiana.
Es urgente crear estructuras de apoyo para las mujeres que sufren violencia doméstica, que realmente les permita salir de ese círculo. Lo hemos venido señalando a lo largo de muchos años. A la par se debe promover la seguridad económica que les ayude a desarrollarse.
La Fiscalía y los tribunales de justicia deben responder de forma ágil; es necesario que los cuerpos policiales estén sumamente capacitados sobre cómo tratar estos problemas y que se refuercen los programas de formación. Reconozco los ingentes esfuerzos del OIJ para resolver los casos de feminicidio del presente año.
Sumar y no restar es la consabida receta que debemos invocar para combatir este flagelo humano, que ya ha dejado cientos de personas huérfanas y desamparadas. Las comunidades también deben estar vigilantes y llamar al 911 cuando se den estas situaciones.
Dialogar y establecer mecanismos de cumplimiento, tanto de la normativa como de las políticas públicas, es una tarea imperativa que no puede esperar más.
“Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas”, afirma Noam Chomsky.
La autora es abogada y escritora.
