Una vez tras otra, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado las acusaciones de competencia fiscal desleal o 'dumping' que le lanzan las comunidades autónomas de signo distinto al PP. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace saber que apuesta por una cierta armonización fiscal, Ayuso responde que es una “catetada”, pues Madrid no se dedica a competir con Logroño o A Coruña, sino con grandes plazas como Londres. Si una asociación de empresarios le pide amablemente que explique cuánto más da de sí su modelo, la líder madrileña insiste: “Lo que deberían hacer otras comunidades autónomas […] es ver qué funciona mejor en otras regiones y copiarlo […] Es bueno que entre nosotros compitamos”.
Así viene funcionando el PP en Madrid desde los primeros tijeretazos a los impuestos de Esperanza Aguirre, hace ahora 20 años, a partir de la teoría, un tanto magullada, de que reducirlos aumenta la recaudación porque atrae capital. Pero resulta que Madrid se encuentra ahora con que al déficit estructural de médicos de familia se le suma que otras comunidades autónomas puedan captar a los escaldados profesionales de la región. Y cuando la cuestión desborda el ámbito estrictamente tributario, la “sana” competencia que defiende Ayuso deja de ser virtuosa. “No tiene sentido que entre comunidades autónomas nos estemos quitando los profesionales sanitarios; podría traerlos de otras regiones, pero estaré dejándolos con un déficit de profesionales”, razonaba, la semana pasada. Que las listas de espera no se recorten porque no hay médicos suficientes es ahora un “problema nacional” que es preciso acometer “entre todos”.
Los motivos no son exclusivamente económicos: Madrid anunció en marzo una mejora de las retribuciones a los nuevos médicos de familia en el primer año que ejerzan una vez completada la especialidad, pero el efecto será progresivo y el sueldo no lo es todo; entran en juego consideraciones como los horarios, los tiempos de desplazamiento y otros elementos que inciden en la calidad de vida, como explicaba a elDiario.es una facultativa obligada a desplazarse del norte al sur de la comunidad a diario: “Para eso me voy a Guadalajara”.
La Consejería de Educación alega últimamente que no hay dinero para satisfacer las reclamaciones de los profesores de institutos públicos, a pesar de las numerosas manifestaciones y jornadas de huelga que se vienen sucediendo en los últimos meses, con amplio seguimiento. De fondo está la reivindicación de recuperar las condiciones laborales que se recortaron en 2011, y que la mayoría de comunidades autónomas ya han restablecido, fundamentalmente el limitar las horas lectivas —las de enseñanza directa en clase— a 18 semanales. Ahora mismo son 20 y Educación, tras amagar con avenirse a las exigencias del profesorado, cambió de postura: solo ofrece 19 horas semanales para el próximo curso y la posibilidad de seguir reduciéndolas más adelante.
Una nueva manifestación el sábado precedió a una última reunión de la consejería con la mesa sectorial esta semana, coincidiendo con el final del curso. El departamento que dirige Emilio Viciana viene alegando que no ve factible satisfacer las reclamaciones ya en 2024 por la coyuntura económica internacional, las previsiones de crecimiento económico y la falta de entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
No hay dinero para todo, pero Ayuso no renuncia a reducir impuestos. En el mismo acto con empresarios en el que enumeraba las bondades de la competencia, allá por febrero, la presidenta reconocía que, tras tantos años de bajadas, los márgenes “se van complicando”. Pero no desaparecen. Desde entonces ha ido anunciando nuevas deducciones para la compra y alquiler de vivienda, mientras mantiene la deflactación del IRPF para compensar la subida de las hipotecas variables o la rebaja del tramo autonómico.
Al mismo tiempo, el PP presume de haber dejado de recaudar —la expresión preferida es 'ahorrar'— más de 60.000 millones de euros en Madrid desde que empezó la catarata de rebajas fiscales de hace dos décadas.
