El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente de la vicepresidencia primera y ministra de Hacienda, acaba de publicar un trabajo académico sobre los límites constitucionales de la financiación territorial en España. El trabajo es muy relevante, puesto que el IEF suele ser el laboratorio de ideas de Hacienda y aparece en el preciso momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere abrir una interesada discusión sobre la financiación autonómica para satisfacer los compromisos adquiridos especialmente con los independentistas catalanes, con cuyos votos fue investido presidente. El estudio, firmado por Eduardo Sanz-Arcega, de la Universidad de Zaragoza, concluye que no existe restricción constitucional alguna que impida el establecimiento de regímenes asimétricos dentro del sistema de financiación autonómico, pero ese margen de maniobra no ampara la aprobación de «privilegios económicos» ni «el establecimiento de un sistema de financiación singular que arrojare una financiación inconmensurablemente superior» a las del resto de los territorios. El análisis combina el estudio de constitucionalidad con la aplicación de las mejores prácticas internacionales en materia de Hacienda. En ese sentido, sostiene que a la hora de diseñar un sistema de financiación sencillo y comprensible es mejor que exista una homogeneidad competencial básica entre los territorios, pero que esa situación no supone impedimento para la existencia de regímenes específicos dentro del sistema de financiación autonómico. Esto permite, por ejemplo, el encaje en nuestro sistema constitucional de las decisiones tributarias de la Comunidad de Madrid, frecuentemente atacadas por la propia vicepresidenta primera del Gobierno como 'dumping fiscal'. De acuerdo con el estudio, estaríamos ante un ejemplo de competencia que se enmarca en el federalismo fiscal. Sin embargo, el trabajo subraya que disponer de un perímetro fiscal diferente, a raíz de las competencias asumidas, también tiene sus límites. La aspiración de ERC de contar con un sistema «singular», similar al de las haciendas forales del País Vasco y Navarra, no encajaría en el marco constitucional, pero tampoco lo haría un modelo que, siendo 'singular', estableciera una financiación privilegiada o muy desigual entre los distintos territorios, lo que vendría a colisionar con la retórica que ha comenzado a deslizar la propia vicepresidenta Montero. Quizá lo más importante de la publicación de este estudio es comprobar que aún existen escrúpulos dentro del Gobierno respecto de las normas constitucionales. Está acreditada la voluntad de Sánchez de ir modificando los preceptos que se cruzan en el camino de su ambición mediante las llamadas 'mutaciones constitucionales', ya que carece de las mayorías necesarias para enfrentar directamente una reforma. A esto se une su extraordinaria debilidad política, que lo obliga a hacer concesiones continuas que harán mucho más difícil la convivencia en el futuro. Otro ejemplo de este mismo proceso se produjo ayer con la elección del nuevo jefe del Gobierno vasco, Imanol Pradales, tras un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi en el que se comprometen a trabajar por el reconocimiento nacional vasco, la consagración de la bilateralidad entre País Vasco y el Gobierno central y la elaboración de un nuevo estatuto. Las concesiones impulsadas por la necesidad de Sánchez de mantenerse en el poder están desmantelando el orden jurídico que durante tantos años ha garantizado la convivencia. Desgraciadamente, parece que el Gobierno hace oídos sordos a sus propios estudios.
