La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó, la mañana de este jueves, suspender del cargo a Ulises Álvarez Acosta, jerarca de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y a otros dos trabajadores de la entidad mientras se desarrolla una investigación sobre presuntas anomalías en el otorgamiento de permisos.
Dicha petición fue formulada durante una audiencia de medidas cautelares que se desarrolla, desde el pasado miércoles, en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en relación con el denominado Caso Comején.
En este acaso figuran como sospechosos Álvarez y otros dos funcionarios de Setena identificados con los apellidos Quirós Brenes y Gutiérrez Durán, así como un empresario apellidado Murillo Martínez. Ellos son investigados por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.
El Ministerio Público pidió que a todos se les ordene presentarse a firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país, entregar sus pasaportes, no comunicarse con testigos y no acercarse a un kilómetro de las oficinas de Setena.
La decisión final sobre las medidas cautelares deberá ser tomada por el Juzgado. La audiencia se desarrolla en la sala de juicios número 6 del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.
Francisco Jiménez, abogado del secretario de Setena, explicó a La Nación que este jueves los defensores de los imputados se encontraban presentando los alegatos en favor de sus representados y que “en general se van a oponer a las medidas cautelares”.
“El Ministerio Público ha solicitado medidas distintas a la prisión preventiva. Prefiero no señalar la naturaleza de estas medidas por un tema de respeto a las actuaciones del proceso penal. Lo que sí puedo señalar es que el Ministerio Público terminó su intervención y falta que exponga la defensa de dos de las personas imputadas.
“Una vez determinado esto, el juez tiene que dar su resolución sobre si va a otorgar o no las medidas cautelares”, explicó Jiménez.
Los sospechosos fueron detenidos, el pasado martes, durante 14 allanamientos ordenados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en 14 sitios, incluidas las oficinas centrales de Setena.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, estas personas se dedicaron a la comisión de delitos de corrupción para la presunta obtención de beneficios indebidos en los trámites de viabilidad ambiental, los cuales debían ser aprobados por personal de esa institución.
Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que el caso fue bautizado como Comején, ya que este tipo de insecto, también denominado termita, destruye la madera. Indicó que los sospechosos proporcionaban todos los medios necesarios para que los permisos se otorgaran a compañías a cambio de un pago.
“Cuando se requiere un permiso para obtener algún tipo de viabilidad ambiental, se necesita contratar a personas o empresas consultoras, quienes se encargan de hacer todos los trámites para obtener un permiso para un tercero”, manifestó Zúñiga.
De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial, estas personas al parecer se dedicaron a la comisión de delitos de corrupción, para la presunta obtención de beneficios indebidos en los trámites de viabilidad ambiental, los cuales debían ser aprobados por personal de esa institución”.
Caso Comején: ¿Qué pasó y por qué se llama así?
Zúñiga manifestó que por esta causa son investigadas nueve personas en total, pero que este martes únicamente se requirió la detención de cuatro de ellas.
