Esta vez sí. En el segundo intento, el Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno a la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. La medida la aprobó el Consejo de Ministros el pasado 21 de mayo, cumpliendo uno de los puntos del acuerdo entre PNV y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y desde entonces estaba en vigor, pero quedaba pendiente el trámite parlamentario, y teniendo en cuenta el delicado equilibrio de mayorías que hay en el Congreso y que en el primer intento de votación en enero la medida decayó porque iba incluida en un conjunto de medidas que Podemos no apoyó, había que superar la votación antes de dar por sentada la vigencia de la medida.
Finalmente el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la medida, incluida en el decreto del Gobierno de medidas para la mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. Supone en la práctica la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos autonómicos -aunque en la práctica tendrá efecto sobre todo en los vascos- prevalezcan sobre los estatales, siempre que sean más beneficiosos para los intereses de los trabajadores.
El PNV, que ha sido el impulsor de esta medida en su pacto con el PSOE se ha felicitado porque está finalmente aprobada. “La prevalencia de los convenios colectivos autonómicos es una reivindicación histórica para ampliar el marco de relaciones laborales vasco y mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores”, ha señalado Idoia Sagastizabal. La diputada nacionalista ha destacado que los convenios colectivos regulan cuestiones “fundamentales para el desarrollo económico de un país, como los salarios, la jornada laboral, las horas extra o las vacaciones”, y ha recordado que su formación ya avisó que cuando este decreto decayó en enero que “estaría vigilante” para que volviera a estar en vigor. “Cumplimos nuestra palabra y continuamos dando cauce a las necesidades de nuestra ciudadanía”, ha señalado.
Este “blindaje” de los convenios vascos es una “reivindicación histórica” del nacionalismo vasco, tanto de partidos como de sindicatos, dentro del denominado marco vasco de relaciones laborales, que se hace ahora extensivo a todos los convenios autonómicos. Precisamente, el no introducirse en el reforma laboral esta cuestión fue uno de los argumentos utilizados por el PNV para no votar a favor en el Congreso.
La modificación del Estatuto de los Trabajadores supone que “en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. También se incluye esta prioridad los acuerdos provinciales “siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. Quedan como “materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”.
En Euskadi está vigente un pacto entre patronal vasca Confebask y todos los sindicatos, ELA, LAB, CCOO y UGT, que se firmó en 2017 en el marco de la mesa de diálogo social vasca que establecía la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, y que sobre el papel ya recoge esta prevalencia de los convenios vascos. Esto es lo que hizo que en principio ni la patronal ni UGT CCOO consideraran necesaria esta modificación, que en cualquier caso evita lagunas jurídicas posteriores. Aunque el acuerdo se extiende a todos los convenios autonómicos que mejoren los estatales, lo cierto es que afectará sobre todo a los trabajadores vascos por el juego de mayorías sindicales que hay en Euskadi, donde son mayoritarios los sindicatos nacionalistas ELA y LAB que no tienen representación en los convenios de ámbito estatal.
