Las Administraciones Públicas continúan con su deuda por encima de la barrera de los 1,6 billones de euros pese al alivio logrado en abril, con una reducción de 8.675 millones de euros respecto al mes anterior (-0,53%), para cerrar el mes en 1,604 billones de euros, para lograr el primer descenso mensual desde diciembre de 2023 y lograr olvidar momentáneamente el máximo alcanzado en marzo, cuando 1,613 billones acumulados certificaron un agujero nunca visto en la historia. Pese a ello, la deuda pública ha crecido un 5,1% en el último año, para sumar 78.346 millones de euros más.
Este respiro se ha debido exclusivamente al descenso de la deuda de la Administración Central, cuya deuda se situó en 1.449.603 millones, lo que serían 7.968 millones menos en un mes, un descenso del 0,54%. Por contra, tanto el endeudamiento de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos ha repuntado ligeramente, en 316 millones de forma conjunta en el mes de abril, al tiempo que la Seguridad Social vuelve a mantenerse en la misma cifra por que no ha recibido transferencias del Estado. En total, la deuda del Estado se situó en 1.449.603 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,9% interanual.
Por su parte, el endeudamiento de la Seguridad Social se ha mantenido en abril en el mismo nivel, con 116.170 millones de euros, pero con un incremento del 9,4% en los últimos 12 meses. El supervisor recuerda que el incremento del endeudamiento de la Seguridad Social en el último año se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar el desequilibrio presupuestario que produce el deficitario sistema de pensiones. Una situación que cambiará con el dato de junio, en el que se contabilizará el pago de la extra de verano de los pensionistas, que tendrá que se asumida de nuevo por el Estado, por un montante en torno a los 11.000 millones.
Por su parte, las comunidades autónomas han elevado su deuda ligeramente frente al mes de marzo, hasta los 329.162 millones de euros, 230 millones de euros más (+0,07%), aunque en tasa interanual experimenta un repunte del 2,3%, o lo que es lo mismo, 7.454 millones más.
Finalmente, los ayuntamientos han registrado una deuda en abril de 23.231 millones de euros, 0,37% más que el mes anterior, 86 millones de incremento, aunque en el último año ha caído un 0,9%, es decir, 204 millones menos. Por tanto, la deuda conjunta de regiones y corporaciones locales ascendió en abril a 316 millones.
El Banco de España no ha ofrecido en este avance mensual datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB, pero en sus previsiones macro el organismo ofreció los datos del primer trimestre y el endeudamiento público se situó en el 109% del PIB, por encima del objetivo del Gobierno para todo el año. Las estimaciones del Ejecutivo apuntan a una senda descendente de la deuda pública en los próximos años, ya que prevé que baje del 106,3% en 2024 al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026.
Cristina Herrero, presidenta de la Airef, ha asegurado hoy en el curso económico organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que la determinación de la senda de gasto, que debe llevar a una reducción del déficit tal y como pide la Comisión Europea, "no será sencilla" al contemplar un ajuste anual del 0,43% del PIB en siete años o del 0,63% en cuatro años. "Si el ajuste se implementa en siete años, el gasto neto deberá crecer en promedio un máximo del 2,7% para cumplir las exigencias del nuevo marco fiscal europeo". Este límite, según la presidenta, es "exigente" en relación con el comportamiento histórico de esta variable, que se ha situado por encima del 4,5% desde 2018, con la excepción de 2021, si bien los años de consolidación, entre 2014 y 2017, se presentaron tasas más reducidas. En promedio, el gasto neto creció un 5,9% entre 2019 y 2023 frente al 3,2% en el cuatrienio anterior. Herrero ha señalado que el escenario inercial de su organismo contempla que el déficit no baje del 3% en los próximos años, si bien se situaría en torno a este valor. Para 2025, estaría por debajo del 2,9%, contando con los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas, pero en 2026, con el fin de esos gravámenes, subiría al 3,2%.
