Con las calificaciones y el ranking de World Justice Project sobre México, se puede afirmar que nuestro país se caracteriza por tener un bajo nivel de adherencia al Estado de derecho.
La semana pasada la oficina de México de la organización World Justice Project (WJP) presentó su reporte 2023 sobre la situación del Estado de derecho en todas las entidades federativas. Esta es una versión nacional (a nivel estatal) de una medición mundial realizada por la organización en Washington que mide el Estado de derecho en 142 países. Los resultados del reporte en México muestran que ningún estado del país llega siquiera al 50% de calificación (el “mejor” es Querétaro con 0.49, Guanajuato con 0.48 y Aguascalientes, con 0.47), y el promedio de las entidades es de 0.41 puntos en una escala de 0 a 1. A nivel nacional, la calificación de México es 0.42 y se encuentra en el lugar 116 de 142 países en el mundo. Los factores que el WJP considera para elaborar su índice son: restricciones al poder gubernamental (incluida la libertad de prensa); ausencia de corrupción; gobierno abierto (acceso a la información pública); acceso a derechos fundamentales; orden y seguridad; implementación y cumplimiento de regulaciones legales y administrativas; justicia civil y justicia penal. Con las calificaciones y el ranking de México, se puede afirmar que nuestro país se caracteriza por tener un bajo nivel de adherencia al Estado de derecho.
Las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado, y ratificadas por la candidata ganadora el pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum, tienen un impacto directo sobre nuestro Estado de derecho: se reducen las restricciones al poder gubernamental al eliminar la independencia de diversos órganos reguladores como la Cofece, el Ifetel, la CRE, la CNH, el Coneval y el INAI; se politiza el Poder Judicial y con ello pierde su independencia del poder político; se violan derechos fundamentales con la generalización de la prisión preventiva oficiosa; se compromete el acceso a la información pública y con ello los instrumentos de los ciudadanos para obligar al gobierno a rendir cuentas, y un largo etcétera. Al aprobarse estas reformas constitucionales habrá un golpe adicional, de gran magnitud, a nuestro Estado de derecho y al régimen democrático que se ha intentado construir. Este deterioro no será nuevo, pues la trayectoria del índice del WJP para México, que se elabora desde 2015, ha sido de caída sistemática, especialmente en este gobierno. La calificación general ha caído de 0.45 en 2018 (lugar 92 de 113 países) a 0.42 en 2023. Para 2024 o 2025, es de esperar que el valor de esta calificación sea más baja.
¿Qué podemos esperar, además, de la presidencia de Claudia Sheinbaum dado su desempeño como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en los últimos años? De acuerdo con la trayectoria del índice para la capital, su desempeño también ha ido en declive. En 2018 el índice fue de 0.37 y se ubicó en el lugar 25 de 32 entidades, y para este último año ocupó el lugar 29, casi a la cola, con una calificación igual que en 2018. Es decir, la Ciudad de México se quedó estancada mientras otros estados mejoraron un poco. La Ciudad de México se ubicó por debajo de estados como Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Guerrero, y apenas por encima de Quintana Roo, Morelos y Estado de México. Está claro que quienes estamos preocupados por el cumplimiento del Estado de derecho en el país, tenemos razón para estar ahora aún más preocupados.
Pero no es novedad ni nadie puede llamarse a engaño. López Obrador lo anunció, Claudia Sheinbaum adoptó como suyo el planteamiento y lo hizo evidente durante la campaña, en muchos mítines en que le preguntaba a sus seguidores si estaban de acuerdo o no con las reformas propuestas. Las encuestas realizadas por Morena lo confirman. Quienes votaron el 2 de junio por Morena y su coalición votaron por continuar la erosión del Estado de derecho en nuestro país. Votaron por la acumulación de poder y reducir los contrapesos constitucionales, por disminuir la independencia del Poder Judicial y el acceso a la información pública. Y por supuesto, ello tiene consecuencias de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo ya hubo algunos reflejos en indicadores económicos, como el tipo de cambio y la bolsa de valores. Pero esos son menores si se comparan a otros efectos a mediano plazo sobre la inversión privada (nacional y extranjera), sobre el T-MEC, las tasas de interés nacionales respecto de las extranjeras, la seguridad y el orden, la migración y el apetito insatisfecho de los jóvenes por vivir en una sociedad más igualitaria y con perspectivas de prosperidad.
Hoy me sorprende que algunos opinólogos cercanos a la 4T estén esperando que Claudia Sheinbaum sea más moderada, que reconsidere la conveniencia de pasar estas reformas por temor a las consecuencias negativas que van a tener en lo económico y en lo político. No hay engaño posible. Por eso votaron ellos y el 60% de los mexicanos.
