En la comarca extremeña de Tierra de Barros, conocida por sus viñedos, llevan casi tres décadas esperando que el prometido proyecto para poner en regadío 15.000 hectáreas de secano se convierta en realidad. Según el PSOE, todo estaba listo, incluida la financiación, antes de las elecciones autonómicas de 2023 para sacarlo a licitación pero el gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura han puesto la puntilla al proyecto al vaciarlo de fondos bajo el argumento de que no contaba con todos los parabienes de la Unión Europea.
Lo cierto es que aunque todos los partidos, excepto Unidas por Extremadura, coinciden en que el regadío sería un revulsivo para los bolsillos de los 1.200 agricultores y sus familias, para la economía de la comarca y para el PIB de la comunidad, se trata de un proyecto que no ha sido del agrado de todos los propietarios de suelo en la comarca. Algunos no ven clara la rentabilidad de la inversión –los regantes deben aportar 65 de los 230 millones que costará el proyecto– y otros titulares están afectados por las expropiaciones necesarias para las obras que llevarán agua desde los embalses de Alange y Villalba de los Barros (Badajoz) a las tierras plagadas, principalmente, de olivos y viñas.
En la Junta de Extremadura, que ha desviado 104 millones de euros de ayudas europeas para este proyecto haciendo imposible su ejecución y ahora pide la cofinanciación del Gobierno, se da ese caso. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, es juez, como integrante del Ejecutivo de María Guardiola, y es parte porque no incluyó su parcela en el proyecto de regadío y es una de los propietarios expropiados.
Según su declaración de bienes, que es pública, es copropietaria al 50% de dos parcelas de viñedos de 3,48 hectáreas y 1,4 hectáreas. Morán no ha incluido, al menos la parcela de mayor superficie, en la superficie regable de Tierra de Barros y, además, es una de las propietarias afectadas por las expropiaciones por el Plan General de Transformación en regadío, según la resolución publicada de la extinta Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, que tiene fecha de 12 de abril de 2022 y se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 26 de abril de ese año.
La relación de los bienes, derechos y propietarios afectados se sometió a información pública en 2021 y la consejera Morán fue citada junto a su hermano, con quien comparte la propiedad del terreno, el 5 de julio de 2022 para el levantamiento del acta previa a la ocupación de su parcela. Junto a ella fueron citados ese día y a esa hora muchos otros titulares de suelo, entre los que figuran varios hermanos de la actual titular de Agricultura.
elDiario.es se ha puesto en contacto durante la mañana del miércoles con el departamento de Comunicación y Relaciones Informativas de la Junta de Extremadura, a través del que se canalizan todas las peticiones de prensa, para conocer las explicaciones de la consejera pero en el momento de la publicación de esta noticia no ha obtenido respuesta.
Antes de obtener la confianza de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, Morán contó con la del expresidente José Antonio Monago, con quien fue directora general de la PAC en su gobierno y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en la oposición. Desde esa responsabilidad en el PP, rechazó el precio de las expropiaciones y en 2021, cuando ya se conocía el listado de propietarios de las parcelas afectadas, acusó a la Junta de Extremadura, entonces gobernada por el socialista Guillermo Fernández Vara, de “racanear” a los agricultores de Tierra de Barros y de poner en marcha una estrategia para que los regantes y los no regantes “regalasen prácticamente” sus parcelas. Morán fue más allá y dijo que las compensaciones eran una “miseria” para agricultores “a los que les invaden sus tierras” porque estaban por debajo de los precios de mercado.
Las competencias en materia de regadíos en Extremadura están en manos de Vox, a pesar de su reconocido negacionismo del cambio climático, por lo que, políticamente, su consejero, Ignacio Higuero, es el mayor afectado de que la infraestructura no salga adelante. Pero también es el mayor perjudicado en el equipo de María Guardiola a favor, precisamente, de la consejera de Agricultura.
El departamento de Morán ya ha usado 20 millones de euros incluido en el regadío en diversas ayudas, por ejemplo, en concesiones directas a titulares de explotaciones de viñedo. Pero también ha desviado 104 millones de euros procedentes del Programa de Desarrollo Rural (PDR), dinero de Europa necesario para el proyecto. La Junta decidió la semana pasada, con el rechazo de los sindicatos y las organizaciones agrarias profesionales, destinar esos fondos, que caducan a finales de 2025, a medidas como la incorporación de jóvenes a la agricultura o inversiones en agroindustria. No obstante, otra parte se quedará en la consejería que dirige la extrema derecha con dinero para la lucha contra incendios o la restauración de zonas quemadas.
Por todo esto, el regadío de Tierra de Barros se ha convertido en una molestia para el gobierno de María Guardiola. PP y Vox han pasado de usarlo como arma política contra el PSOE, al que acusan del retraso del proyecto y de ocultar las dudas de Bruselas para financiarlo, a abrir una brecha en la coalición, que suma a otros desplantes del PP como el apoyo a la cooperación al desarrollo, el mantenimiento de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, y las ayudas a la patronal y, sobre todo, a los sindicatos.
La situación con esta infraestructura, que estaba llamada a “modernizar” el campo extremeño, según los políticos de uno y otro color, protagonizará el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves porque se va a votar la solicitud de creación de una comisión no permanente de investigación sobre este proyecto, formulada por el PP y apoyada por el resto de grupos parlamentarios.
Además, la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, comparecerá a petición propia para informar sobre las modificaciones resultantes de la reprogramación del Programa de Desarrollo Rural.
El regadío también centrará las preguntas de la oposición. El PSOE instará a la presidenta a que explique las razones que han motivado el desvío de 104 millones de esta iniciativa a otros proyectos y Unidas por Extremadura pedirá a María Guardiola que aclare si la Junta puede garantizar este regadío con fondos cien por cien autonómicos, como ha exigido su socio Vox.
