Presidenta del Conapdis señala que decesos ocurrieron en hospitales de CCSS por ‘shocks’ sépticos y paros cardíacos. Diputado cuestiona cantidad de muertes ocurridas luego de que pacientes fueran trasladados de Fundación Manos Abiertas.
Un total de 22 pacientes que recibían atención en la Fundación Manos Abiertas fallecieron por distintas causas, luego de haber sido reubicados en otros sitios en medio de una investigación por sospechas de maltrato a residentes y presunta malversación de fondos.
La información fue confirmada, este miércoles, por Bilbia González, presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), durante una comparecencia ante la comisión legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor.
González manifestó ante los legisladores que la mayoría de los fallecimientos “ocurrieron en centros hospitalarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)” y que la gran parte de ellos fueron provocados por shocks sépticos y paros cardiacos.
Al respecto, Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, cuestionó que las muertes “se dispararon” mientras estas personas se encontraban bajo la supervisión del Conapdis, la cual asumió las tareas de cuido en acatamiento de una disposición judicial.
Robles sostuvo que especialistas en salud señalaron que el traslado de los residentes de los albergues de Manos Abiertas hacia otros sitios pudo incidir en los fallecimientos, debido a los efectos psicológicos y sociales pueden incidir en la salud de estas personas.
El frenteamplista cuestionó la cifra de muertos registrada este año pues señaló que durante el 2021 se produjeron 4 decesos en esas instalaciones; tres en el 2022 y uno en el 2023.
Gutiérrez reconoció que hubiese sido mejor atender a los pacientes en las sedes de la fundación. Sin embargo, indicó que ante la falta de recursos y de instalaciones propias de esta entidad para hacerse cargo de los pacientes, buscaron otros sitios para el cuido.
El pasado martes 5 de marzo, fueron allanadas las instalaciones de Manos Abiertas en Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago. Nueve días después, comenzaron los traslados de pacientes.
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La presidenta de Conapdis comentó que ocho días antes de la intervención de los agentes judiciales, se hizo una reunión para elaborar un plan de acción para el cuido de los pacientes, en la que participaron otras instituciones públicas.
Ante las declaraciones de la jerarca, la diputada Katherine Moreira, presidenta de la comisión, dijo que se solicitará la comparecencia de personeros del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y de los ministerios de Trabajo y Salud.
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“Vamos a seguir exponiendo esta situación que es triste y es delicada, porque todos los días nos llegan al teléfono peticiones en cuanto a temas de atención de personas con discapacidad y adulto mayor en cuanto a cuidados”, mencionó Moreira.
Aunque el caso está en investigación judicial, Moreira señaló que no descarta la creación de una comisión investigadora en el Congreso.
Las pesquisas sobre este caso comenzaron a mediados del 2023, cuando la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción recibió una solicitud con el fin de establecer la posible malversación de fondos públicos por parte de una ONG.
El pasado 5 de marzo, el OIJ detuvo a cuatro mujeres que se autodenominaban monjas y un hombre, todos colaboradores de Manos Abiertas.
En las instalaciones de la fundación residían menores de edad con diversas discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas; algunos padecen enfermedades crónicas y degenerativas de condición de vida limitada. También había adultos mayores.
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Según el OIJ, exempleados de la propia fundación se presentaron a interponer una denuncia por haber trabajado sin recibir sueldo; asimismo. Otras personas denunciaron en forma anónima supuestas torturas que recibían los menores de edad que residían en las sedes.
Al parecer, los sospechosos también habrían incurrido en explotación laboral, pues sus colaboradores tenían un exceso de funciones y no recibían el salario correspondiente.
Además, se les achaca elaborar informes con datos erróneos e incluso causar daños psicológicos tanto a los trabajadores como a los pacientes que atendían, agregó la Policía Judicial en un comunicado emitido el día de los allanamientos.
