Estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional (INPE). La declaración de emergencia permite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) emitir un Decreto de Urgencia para autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de recursos necesarios para la construcción de una nueva cárcel para delincuentes de máxima seguridad.
El INPE es la institución pública rectora que administra el Sistema Penitenciario Nacional, adscrita al Minjusdh. Su función busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, liberadas y sentenciadas a penas limitativas de derechos.
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Por lo tanto, la medida permite desarrollar la evaluación y formulación de proyectos penitenciarios. Declararlo como emergencia permite recibir una asignación de recursos económicos para la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución física de una prisión.
La implementación del presupuesto permite la creación de un establecimiento penitenciario para 10,000 internos de alta peligrosidad, así como la construcción de un centro penitenciario temporal para procesados con capacidad para 16,000 reclusos. Asimismo, el financiamiento permitirá culminar la construcción de otras cárceles, como el mega penal de Ica, con una capacidad superior de 3,000 internos.
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El Ministerio de Justicia será autorizado para realizar las gestiones de implementación del método de contratación de gobierno a gobierno (Ley de Contratación) y el Convenio de Administración de Recursos. Las medidas de emergencia se acordaron durante la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), realizada en Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta Dina Boluarte.
Cabe resaltar que esa entidad es el organismo encargado de formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional junto con los organismos del Estado, gobiernos locales y la comunidad organizada.
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El INPE tenía el plan de ampliar penales en Trujillo, Arequipa, Loreto, entre otros, así como construir nuevos centros penitenciarios en Cajamarca, Huánuco, Lima y Huancavelica para internos de régimen ordinario y de alta peligrosidad. Estas medidas estarían relacionadas con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) para acabar con los problemas de hacinamiento en los penales.
De acuerdo con la sentencia, si la institución no lograba superar el estado para el 2025, se deberán acotar las medidas del TC, como el cierre de las prisiones con mayor sobrepoblación y salas a los otros internos.
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El proyecto del Mega penal de Ica se planteó como el centro penitenciario más grande del país, destinado a solucionar los problemas de sobrepoblación al contener a más de 3,200 reclusos. La iniciativa fue considerada en 2013 y comenzó su construcción en 2018, pero los procesos burocráticos entorpecieron el proyecto y finalmente quedó paralizado en 2020.
La infraestructura tuvo un costo inicial de 380 millones de soles con una capacidad estimada para más de 3200 internos en 914 celdas. Según el reportaje de Latina, la Contraloría General de la República estimó que los costos superarían los 700 millones de soles, más del doble de la estimación inicial. La monumental cifra estaría cubierta bajo el nuevo decreto de urgencia.
