Jacobo Gutiérrez habría sido destituido de la subprefectura de San Juan de Lurigancho por negar su apoyo al partido político del hermano de Dina Boluarte.
La Fiscalía ha notificado a Jacobo Gutiérrez Vaisman, ex subprefecto de San Juan de Lurigancho, para presentarse el 24 de junio a las 10 de la mañana, con el fin de esclarecer las presiones y represalias que sufrió por parte de Jorge Ortiz Marreros, director de Gobierno Interior. Esta solicitud surge tras la emisión de una entrevista realizada por Cuarto Poder el pasado domingo.
"El día Lunes 24 junio del año en curso a las 10:00 horas a fin de que pueda rendir su declaración testimonial, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente por la fuerza pública en caso de inconcurrencia injustificada", se lee en la misiva.
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Durante la entrevista, Gutiérrez, quien fue nombrado subprefecto en marzo de 2023, denunció que Ortiz exigió su apoyo para recolectar firmas en favor del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, contó que el director de Gobierno Interior lo convocaba repetidamente a su despacho para insistir en utilizar sus bases políticas en SJL para apoyar al CPP.
El exsubprefecto describió cómo fue presionado y chantajeado por negarse a colaborar con el partido. Además, relató que recibió una llamada a las 2 de la mañana del 8 de junio, en la que el director de Gobierno Interior le informó que sería relevado de su cargo por no apoyar al CPP. Esa misma mañana, se publicó la resolución que confirmaba su cese.
"El 8 de junio, a las 2 de la mañana, Ortiz Marreros me llamó por WhatsApp y me informó que sería relevado de mi cargo por no querer sumarme al partido. Yo también tengo que ver las firmas del partido, tú mismo has buscado tu condición", expresó.
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Gutiérrez también comentó que el abogado defensor de Ortiz Marreros, Carlos Alvizuri, tendría vínculos con el actual ministro del Interior, Juan Santiváñez, ya que trabajó en su estudio de abogados.
Por otro lado, el partido Ciudadanos por el Perú hasta el momento ha mantenido un perfil bajo en medio de las acusaciones. Mientras que Nicanor Boluarte, figura principal del partido y hermano de la presidenta, no ha emitido declaraciones al respecto.
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La denuncia de Gutiérrez se enmarcaría en una serie de acusaciones similares que sugieren un uso indebido de las prefecturas y subprefecturas para favorecer intereses políticos. En su rol como director de Gobierno Interior, Ortiz es responsable de 26 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1396 subprefectos distritales en todo el país.
Su función principal incluiría la coordinación y supervisión de las actividades de estos funcionarios en sus respectivas jurisdicciones, asegurando el cumplimiento de las políticas del gobierno central y manteniendo el orden público.
