En una sesión como pocas se han vivido en el Parlament balear, la Cámara ha tomado en consideración este martes la Proposición impulsada Vox para derogar, con el apoyo del PP, la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, aprobada durante la primera legislatura (2015-2019) de los últimos ochos años de gobiernos de izquierda en el archipiélago balear. El pleno se ha desarrollado con gran tensión política después de que Gabriel Le Senne (Vox), presidente del Parlament, destrozara un retrato de Aurora Picornell, símbolo de la lucha antifascista y fusilada por los golpistas. Los populares, pese a que gobiernan en minoría en Balears, mantienen un pacto de investidura de 110 medidas con la extrema derecha. Entre ellas, contempla la eliminación de una ley que, paradójicamente, contó con el voto a favor de los conservadores cuando estaban en la oposición.
Durante el debate, que deja prácticamente suprimida la normativa, Le Senne ha protagonizado una escena inédita tras arrancar y destrozar un retrato de Aurora Picornell -una de las dirigentes más destacadas del Partido Comunista de España (PCE) en Mallorca- al tiempo que ha ordenado retirar las fotografías de otras víctimas del fascismo que los diputados del PSOE y los ecosoberanistas de Més habían colocado en sus mesas.
Le Senne se ha dirigido a Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda, y a Pilar Costa, secretaria segunda de la Mesa, para que retirasen los retratos de Picornell y las ‘Rojas del Molinar’: “Ya los han tenido un buen rato”, les profirió, a lo que Garrido respondió: “Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de reparación de mujeres asesinadas por verdugos falangistas”. Tras sus palabras, Le Senne cerró violentamente el ordenador de Garrido y rompió las imágenes de las mujeres republicanas. “Esto no ha sucedido en 40 años: la Mesa debe ser neutral”, lamentó el presidente del Parlament, y acto seguido expulsó a las socialistas Garrido y Costa de la Cámara autonómica. “Me hubiera gustado comportarme de otra manera, pero no me han dejado alternativa”, se justificó Le Senne.
La derogación se encuentra recogida en una Proposición impulsada por Vox en línea de lo efectuado por la extrema derecha en otras Comunidades Autónomas en las que gobierna junto al PP. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se convirtió en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas y su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la ofensiva de Vox contra la memoria histórica.
En Balears, entre los alegatos que el partido expone en el documento presentado en la Cámara, recrimina que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”.
La Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos que pretenden derogar PP y Vox establece que dado que la democracia es “una conquista de la ciudadanía”, hay que “conocer de dónde venimos, conmemorar esta conquista, difundir sus valores y preservarla ante las amenazas de totalitarismo” que todavía la acechan. Así, la ley pretende el “reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista”. La norma, además, supone no solo la condena de la dictadura franquista sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático. “Solo desde esta premisa democrática podemos restablecer la memoria de las víctimas”, afirma la ley.
Pese a que la norma reconoce también la represión practicada por los republicanos que implicó “sufrimientos terribles de víctimas inocentes”, matiza que hubo diferencias importantes “dadas por el contexto de vencedores y vencidos y la imposición de una dictadura”. “Son las que provocaron la discriminación que ha sufrido el colectivo de víctimas del franquismo”, destaca el texto. Así, los republicanos represaliados no tuvieron ningún proceso de reparación hasta la Transición, cuando se aprobaron las primeras pensiones e indemnizaciones para ellos. Por eso, la Ley de Memoria resalta que la primera víctima del golpe de Estado del 18 de julio “fue la democracia, y con ella, las personas, las entidades y los colectivos que se habían significado a favor de la democracia o se habían identificado con las instituciones y los valores democráticos”.
Con la derogación de esta normativa, quedarán atrás las políticas públicas de memoria democrática desplegadas por el Govern balear para garantizar la reparación de aquellas “personas, grupos y colectivos que sufrieron represión durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista”, así como a aquellos que desde diferentes ideologías contribuyeron a la democracia; promueve la difusión de la historia de las Illes Balears desde la II República hasta la entrada en vigor del Estatut d’Autonomia; garantiza que los espacios de convivencia sean destinados a “la cultura democrática y la concordia”, así como a reconocer el trabajo de las entidades memorialistas y asociaciones de víctimas con el objetivo de restituir “la memoria de las víctimas y reclamar justicia”; además, impide cualquier manifestación o exaltación de la sublevación militar, de la dictadura o del dictador Francisco Franco. La normativa ha permitido a la Comisión Técnica de Memoria y Reconocimiento Democráticos llevar a cabo, además, un censo de símbolos, leyendas y menciones que se deben retirar o eliminar.
Respecto a las medidas y actuaciones dirigidas a las víctimas, la norma ha posibilitado la retirada de menciones, vestigios y símbolos franquistas, como contempla su articulado, así como el desarrollo del conocimiento sobre el periodo comprendido entre la II República y la aprobación del Estatut d’Autonomia; el impulso y la protección de los Espacios e Itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos y “los monumentos de recuerdo existentes a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista”, además de impulsar menciones de reconocimiento para dichas víctimas; facilitar información sobre posibles desapariciones forzadas de niños y colaborar con la administración de justicia en dichos casos siempre que afecten a ciudadanos del archipiélago balear. También ha promovido la organización de actos de homenaje institucional a víctimas y represaliados.
Estas políticas, que incumben al Govern balear, también se han realizado en colaboración con los Consells insulars, los ayuntamientos, las asociaciones memorialistas, las asociaciones de víctimas y las entidades académicas. La ley obliga, de hecho, también a la colaboración del resto de las administraciones públicas con el Ejecutivo autonómico para lograr los objetivos de “verdad, justicia y reparación” y establece el requerimiento de incluir en los presupuestos generales de la Comunitat Autònoma las partidas económicas necesarias para cumplir con los objetivos establecidos.
Asimismo, ha ampliado como condición de víctimas a todos aquellos grupos que sufrieron la persecución del régimen franquista: organizaciones, sectores sociales, profesionales o culturales; las entidades; los partidos políticos: los sindicatos; las logias masónicas; los movimientos feministas o LGTBI; las víctimas de los bombardeos durante la Guerra Civil; las personas que sin ningún tipo de adscripción ideológica sufrieron violencia, represión o muerte; los niños y niñas robados (adoptados irregularmente sin la autorización de sus progenitores durante la dictadura franquista); la ciudadanía balear que haya sufrido las mismas circunstancias fuera del territorio de la comunidad autónoma y los familiares hasta el tercer grado (o las personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa).
Siguiendo con el objetivo de fomentar la memoria histórica, la ley ha impulsado la creación de Espacios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos, es decir, aquellos espacios, inmuebles o parajes del territorio balear que revelan interés “por haberse desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva”. Son lugares emblemáticos por la lucha de la ciudadanía por los derechos y libertades democráticas en el periodo comprendido desde la proclamación de la II República hasta la entrada en vigor del Estatut d’Autonomia.
Por otro lado, ha reconocido la importancia del movimiento memorialista que en Balears, por ejemplo, llevaba a cabo los trabajos de exhumación antes de la aprobación de la Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo, más conocida como Ley de Fosas, aprobada también durante la primera legislatura del Govern de coalición de Francina Armengol y que continuará en vigor. Estas entidades, cuya actividad se fomenta con la ley, fueron inscritas en el Registro de Asociaciones del Govern.
La normativa ha permitido además declarar la ilegalidad de los tribunales y procedimientos instruidos en el archipiélago balear desde la Guerra Civil hasta 1978 “por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”, como contempla su articulado, que incluye todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas de carácter penal, civil y administrativo, dictadas por razones políticas, en Tribunales Populares y por el régimen franquista, lo cual incluye las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y Tribunal de Orden Público (TOP), así como expedientes de depuración del magisterio.
Otro de los aspectos fundamentales ha sido el fomento de la investigación científica y divulgación así como la promoción del conocimiento de la Memoria Democrática en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. El artículo 28 compromete al Govern a promover “proyectos de investigación y divulgación en los que podrán participar las universidades, los centros de profesores, las entidades memorialistas y las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista”, además de investigadores particulares, partidos políticos, sindicatos y fundaciones, entre otros, de acuerdo con el Plan Autonómico de Memoria y Reconocimiento Democráticos. El artículo 29, además, incluye la promoción por parte de la Conselleria de Educación, de contenidos y actividades curriculares y extracurriculares sobre Memoria Democrática en la ESO, el Bachillerato y la Enseñanza de Personas Adultas con el fin de “fortalecer los valores democráticos”.
Unas 200 personas, muchas de ellas descendientes de represaliados del franquismo, se concentraron este martes a las puertas del Parlament balear para clamar contra la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, cuya supresión, propuesta por Vox con el apoyo del PP, ha sido tomada en consideración en la Cámara autonómica. Al grito de “sin memoria no hay democracia”, “fascistas, fuera del Parlament” y “Memoria, justicia, verdad y reparación” y con varias banderas republicanas ondeando, la protesta ha sido convocada por la asociación Memòria de Mallorca con el objetivo de mostrar su rechazo a la iniciativa de la extrema derecha.
A través de una carta dirigida al PP, el colectivo ha exigido de los conservadores su consideración hacia “las más de 2.000 víctimas asesinadas” por el fascismo en Balears, “las más de 10.000 víctimas encerradas en prisión” durante el periodo de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, las que “sufrieron condenas y sentencias a muerte manifiestamente injustas”, las que fueron “ejecutadas extrajudicialmente” y las que “sufrieron desapariciones forzadas”, además de tener presente “el sufrimiento que están ocasionando de nuevo a sus familias”.
“Todas ellas están reconocidas en la Ley citada y todas ellas tienen la consideración de víctimas de violaciones de los derechos humanos con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria”, argumentaron. “Cojan sus nombres y háganlos suyos como personas que nos precedieron en la lucha por la democracia demostrando así que son un partido democrático; posiciónense al lado de las víctimas, defiendan, con la no toma en consideración de la derogación a petición de la extrema derecha de una Ley que sólo ha otorgado derechos y beneficios, que la memoria no es una cuestión de partidos políticos sino de derechos humanos”, pidieron antes de que se debatiera y votara en el Parlament.
Hay que tener en cuenta que la ofensiva de Vox se enmarca en un contexto más amplio, y es que son varias las comunidades autónomas con gobiernos de conservadores y ultraconservadores (en coalición o con Vox fuera del gobierno) donde han sido derogadas las leyes de memoria democrática o incluso sustituidas por otras conocidas como leyes de la “concordia”. Cabe mencionar que también en el caso de Aragón, el Tribunal Constitucional acaba de suspender cautelarmente la derogación de la Ley de Memoria autonómica. El pleno ha aceptado así estudiar las alegaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la reciente eliminación de la ley que impulsó el Gobierno autonómico de Javier Lambán. Es uno de los múltiples recursos anunciados por el Gobierno contra las normas autonómicas impulsadas por PP y Vox para derogar la normativa regional de memoria histórica.
Por su parte, la asociación que trabaja en favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha alertado de los “retrocesos” que en esta materia que supondría la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Balears. En una nota de prensa, la organización ha advertido de que esta iniciativa “pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos” que se cometieron en España, tanto en la Guerra Civil como en el franquismo.
Según Amnistía Internacional, esta manera de proceder supone “una preocupante invisibilización de lo acontecido durante el franquismo, así como de las víctimas que sufrieron esas graves vulneraciones de derechos humanos”. Además, han recriminado que se disuelvan todas las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de dicha ley, al igual que todas las normas de rango igual o inferior que contradigan el texto.
