Los más de 49 millones de franceses inscritos en el censo electoral están llamados a las urnas los próximos días 30 de junio y 7 de julio para decidir la nueva composición de la Asamblea Nacional y el color del próximo gobierno. Se trata de una convocatoria anticipada, ya que la legislatura que se inició el verano de 2022 no debía finalizar hasta dentro de tres años.
Sin embargo, Emmanuel Macron decidió utilizar su prerrogativa constitucional de disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas después del resultado de los comicios europeos –en los que la extrema derecha arrasó– ante el riesgo de bloqueo parlamentario, argumentando la necesidad de una “clarificación” por parte de los votantes.
La cita llega rodeada de incógnitas. Estas son algunas claves para entender lo que está en juego:
Los 577 diputados que componen la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés (la disolución no afecta al Senado). Cada uno de los escaños se elige entre los candidatos inscritos en un área geográfica individual (la circunscripción electoral), mediante un sistema de elección a doble vuelta. A la segunda vuelta (domingo 7 de julio) accederán aquellos candidatos que superen el umbral del 12,5% de los electores inscritos en su circunscripción. En las circunscripciones con alta participación no es extraño que se clasifiquen para la final tres o cuatro candidatos. Por otro lado, un candidato puede ser elegido en la primera vuelta si consigue una mayoría absoluta de los votos.
Sea cual sea la composición de la nueva Asamblea que salga de estos comicios, la cámara baja no podrá ser disuelta de nuevo hasta que no transcurra un año desde las elecciones.
Tres grandes bloques agrupan la mayoría de candidatos que se presentan a estas elecciones. Por un lado, el del partido del presidente Macron (Renacimiento) y sus aliados centristas (MoDem y Horizontes, el partido del ex primer ministro Édouard Philippe). En caso de reeditar la mayoría parlamentaria que consiguieron en 2022 (245 diputados), sería previsible que Gabriel Attal fuese de nuevo el primer ministro.
Por otro lado, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen domina el bloque de extrema derecha, que llega tras haber ganado claramente las elecciones al Parlamento Europeo. En 2022 consiguió 89 diputados, su mejor resultado histórico. Y la semana pasada, el partido lepenista cerró una alianza electoral con el presidente de la formación conservadora Los Republicanos, Éric Ciotti, para presentar un candidato común en varias circunscripciones (el resto de miembros del partido rechaza el pacto y han presentado una lista independiente a la de su presidente). Si el bloque de extrema derecha consigue mayoría absoluta en estas elecciones, Emmanuel Macron podría nombrar a Jordan Bardella como jefe de Gobierno.
En la izquierda, el bloque progresista anunció la semana pasada una alianza electoral –llamada Nuevo Frente Popular– para presentar un único candidato en la mayoría de circunscripciones, candidatos que contarán con el respaldo de las cuatro formaciones (Francia Insumisa, Partido Socialista, Europa Ecología-Los Verdes y Partido Comunista). No obstante, los líderes de los cuatros partidos han anunciado que no designarán un candidato a primer ministro hasta conocer el resultado final de legislativas.
La naturaleza de estas elecciones complica cualquier pronóstico, ya que se trata de unos comicios en los que pesan dos factores distintos: la dinámica nacional de cada partido y la implantación local de los candidatos en su circunscripción. Además, los expertos en demoscopia explican que los precedentes apuntan que los sondeos que se realizan antes de la primera vuelta rara son muy imprecisos y que solo una vez se conozcan los duelos en la segunda vuelta se podrá tener una indicación clara (aun así, en 2022 ningún sondeo había previsto el avance de Agrupación Nacional).
Sí que existen estimaciones de porcentaje de voto a nivel nacional, aunque es imposible saber cómo pueden traducirse en el reparto de escaños. En este sentido las primeras encuestas se inscriben en la línea de las pasadas elecciones europeas: dos sondeos (uno realizado por Elabe para La Tribune de Dimanche y otro por IFOP para la cadena de televisión LCI) sitúan al partido de Marine Le Pen en cabeza (entre 33% y 31%), seguido por el Nuevo Frente Popular (28%) y la coalición presidencial (18%).
El nombramiento del primer ministro es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República y la Constitución francesa de 1958 no establece límites sobre a quién puede designar para el puesto. No obstante, bajo el actual sistema, el primer ministro siempre ha sido una figura de la mayoría parlamentaria en la Asamblea. De entrada, por una razón práctica: la cámara tiene la capacidad de forzar la dimisión del primer ministro mediante una moción de censura, si ésta recibe el voto de una mayoría absoluta de los diputados. Puede darse la circunstancia de que la persona designada por el presidente decline la nominación, en cuyo caso el jefe de Estado debe encontrar una alternativa.
Si un partido de la oposición obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea, lo previsible es que el presidente nombre a un miembro de esa formación como primer ministro, aunque sea de una orientación política distinta a la del presidente. Bajo el actual sistema político, Francia ha vivido tres cohabitaciones: la primera tuvo lugar de 1986 a 1988, cuando el socialista François Mitterrand nombró primer ministro al conservador Jacques Chirac; la segunda durante el segundo mandato de Mitterrand con el también conservador Édouard Balladur, de 1993 a 1995; y una más larga con Chirac como presidente y el socialista Lionel Jospin como jefe de Gobierno de 1997 a 2002.
En todo lo relativo a la política interior, el poder está claramente en manos del primer ministro y de la Asamblea. El presidente queda relegado entonces a un papel secundario; puede negarse a firmar ciertas decisiones del Ejecutivo, pero su capacidad de bloqueo es limitada: por ejemplo, en la primera cohabitación, Mitterrand se negó a firmar los decretos elaborados por el Gobierno para la privatización de algunas empresas públicas, ante lo que el Ejecutivo buscó una alternativa legislativa y las aprobó en la Asamblea mediante un proyecto de ley.
Y aunque en Francia se suele decir que la política exterior y la defensa son “ámbitos reservados” del presidente, la Constitución no es tan clara. El jefe de Estado es también chef des armées y es la única persona con capacidad para decidir sobre el empleo de armas nucleares, pero lo cierto es que Gobierno y Parlamento tienen el control del presupuesto y de la organización de la defensa nacional. A efectos prácticos, el Ejecutivo podría oponerse al envío de material militar o soldados a otros países, aunque así lo solicite el presidente.
El presidente de la República nombra a los ministros a propuesta del jefe del Ejecutivo. Es, por tanto, el primer ministro quien decide la composición de su gobierno. En caso de cohabitación, hay precedentes en los que un presidente se ha negado a nombrar la primera elección del primer ministro para ciertas carteras relacionadas con diplomacia y defensa. Tradicionalmente esos puestos exigen un candidato de consenso, porque una falta de acuerdo podría desembocar en un bloqueo institucional.
Una posibilidad evocada en algunos medios sería la de un gobierno de unidad nacional, en caso de un Parlamento muy dividido, situación inédita en Francia bajo el actual sistema. Pero en ese caso el presidente debería encontrar una figura que pueda ser respaldada por una coalición de partidos de diferentes ideologías, capaz de formar un gobierno que incluya ministros de varios partidos. Con la actual polarización de la política francesa, es difícil imaginar una alianza o un candidato así.
A pesar de haber llegado en tres ocasiones a la segunda vuelta de la elección presidencial, hasta 2022 el partido de Marine Le Pen solo contaba con nueve diputados. Varios factores explican que las legislativas supusieran una barrera para el partido de extrema derecha: por un lado, en las cuatro décadas en las que Jean-Marie Le Pen fue presidente el Frente Nacional (1972-2011) nunca consiguió una verdadera implantación local, necesaria para lograr los votos en cada circunscripción; por otro, el sistema de elección facilitaba que en la segunda vuelta se creasen las coaliciones contra un partido marginado por el resto de formaciones políticas y por una mayoría de los votantes.
En la última década, el contexto ha cambiado. Agrupación Nacional ha ido aumentando el número de candidaturas en cada cita electoral y en las encuestas de opinión se refleja el éxito de la estrategia normalización que hace que cada vez más franceses lo consideren como una opción real de gobierno. En las pasadas elecciones legislativas el partido de Le Pen fue el segundo con más diputados en la Asamblea y la mayoría de expertos considera posible que en esta cita sea la formación con más escaños.
Dependerá de la composición de la Asamblea, pero lo cierto es que, en este punto de la campaña, ningún sondeo ni ningún analista contempla que Renacimiento obtenga una mayoría parlamentaria, de manera que lo más probable es que Macron se dirija hacia un final de mandato en situación de cohabitación. En las últimas semanas se ha evocado en varios medios la posibilidad de que el presidente baraje la opción de dimitir, en particular si el resultado de las elecciones legislativas le forzase a una cohabitación con la extrema derecha. El jefe del Estado descartó el 11 de junio la hipótesis de una renuncia, que calificó de “absurda”.
