Europa dio luz verde, solo cuatro días después de las elecciones del 9-J, a la solicitud formulada por el Gobierno de Pedro Sánchez para recibir el cuarto pago de los fondos de la UE, lo que supone la llegada a España de 10.000 millones de euros en subvenciones. Un desbloqueo que se ha producido a cambio de su apoyo a Úrsula von der Leyen para presidir la Comisión Europea.
La tendencia de la Comisión Europea de Von der Leyen ha sido hasta aquí de laxitud, y de dar un aprobado prácticamente general a las reformas planteadas por España, con el fin de que la distribución de fondos europeos no se interrumpiera.
Ahora, la presión política, en medio de las intensas negociaciones en Bruselas para el reparto de cargos en la UE tras las elecciones europeas, y cuando Von der Leyen necesita el apoyo del Gobierno español para seguir en el cargo, fuentes comunitarias de máximo nivel, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, admiten en privado que Europa ha facilitado la llegada de dinero a España para así garantizarse el apoyo de Pedro Sánchez.
También ha sido decisiva, según las mismas fuentes, la ayuda del comisario Paolo Gentiloni, socialista italiano, que durante cinco años se ha mostrado como el “amigo más útil del Ejecutivo español y de Nadia Calviño en Bruselas”, en palabras de un alto cargo comunitario.
De momento, Úrsula von der Leyen necesita salir nominada para el puesto de presidenta de la Comisión, tras la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará la próxima semana.
El resultado de las elecciones del 9 de junio, con el Partido Popular Europeo (PPE) como gran triunfador con 190 escaños, y la CDU arrasando en Alemania, hacen que Von der Leyen tenga mucho camino recorrido, no parezcan rivales, y su renovación se ha dado prácticamente por hecha en ambientes comunitarios.
Sin embargo, los populares necesitan votos de la familia socialista, que encabezan en Europa Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz.
Por lo pronto, hasta asegurar el voto español, la presidenta de la CE se ha propuesto “no pisar charcos con España”. Y necesitará andar con cautela hasta que el Parlamento Europeo le otorgue la mayoría para seguir el frente de la Comisión.
Ahí serán decisivos los votos de los 20 eurodiputados del PSOE, aunque la mayoría centrista supere los 400 escaños y parezca que está todo hecho
No se pasa por alto que la relación entre Sánchez y Von der Leyen ha sido muy fluida durante los últimos cinco años, y que la presidenta de la Comisión ha elogiado el papel de España en numerosas ocasiones.
El último informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la UE supuso un duro varapalo para la reforma de las pensiones que planteó José Luis Escrivá la pasada legislatura. Bruselas ya sabía que la propuesta sólo valía para tres años, pero evitó castigar a Pedro Sánchez, con el fin de que Vox no llegara al Gobierno.
Y eso requería evitar imponer al Gobierno de Sánchez un drástico recorte de las pensiones, que le provocase un castigo en las urnas y permitiese que una mayoría de PP y Vox abriera las puertas del Ejecutivo de la cuarta economía de la eurozona a la extrema derecha.
En cambio, los cálculos de Bruselas son ahora pesimistas. Sugirieron hace unas semanas que España será el país donde más crecerá el gasto en pensiones y se producirá una brecha del 0,8 por ciento del PIB, equivalente a casi 12.000 millones de euros a partir de 2026.
Bruselas se sumaba entonces a las advertencias sobre la reforma de las pensiones que habían formulado en su momento el Banco de España, la OCDE y el FMI.
Sin embargo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista italiano Paolo Gentiloni, ha aceptado la reforma de pensiones del Gobierno, pese a que, a las críticas de varios organismos y expertos, se ha unido el informe de su propio departamento sobre envejecimiento en la UE, el llamado ‘Ageing Report’, que presenta a España como el que mayor gasto en pensiones registrará de toda la UE en las próximas décadas.
España es también el país que lanzará, junto a Chipre, una mayor subida de cotizaciones para intentar tapar el agujero, pero sin llegar a conseguirlo. De hecho, Gentiloni defiende en su informe que, aunque haya desvío presupuestario, España contempla activar un proceso de ajuste, que se concreta en un mecanismo automático de subida de cotizaciones para cuadrar cuentas.
Ha tenido en cuenta también que un suspenso a la reforma de pensiones aprobada el pasado año suponía un mazazo para el Gobierno español en plenas negociaciones para el reparto de cargos en la UE, donde la vicepresidenta Teresa Ribera aspira a convertirse en comisaria europea.
Hace tres meses, hasta el 40% del total del cuarto desembolso, casi 4.000 millones de euros, se encontraba también completamente en el aire.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no había sido capaz de sacar adelante la reforma de la protección por desempleo, después de que una primera versión de la norma fuera tumbada en el Congreso el pasado mes de enero por el voto en contra de Podemos.
Esta legislación finalmente ha sido aceptada, a pesar de que por ahora el Gobierno sólo la ha aprobado vía real decreto-ley (y sin el apoyo de la patronal) en Consejo de Ministros, y de que aún no ha sido convalidada en el Parlamento, donde necesita contar con el voto de sus socios.
El respaldo de Podemos parece ahora garantizado, ya que la norma finalmente mantuvo la sobrecotización a la Seguridad Social del 125% para el subsidio de desempleo de los mayores de 52 años (su requisito imprescindible), si bien ahora el Ejecutivo tendrá que convencer a otros socios, como Junts, de que apoyen la norma.
Además, Bruselas también ha dado el visto bueno a la controvertida Ley de Vivienda. Ha concluido que está “satisfactoriamente cumplida” porque, entre otros factores, “no parece obstaculizar la oferta de viviendas a medio plazo”.
Incluso asegura, frente a las críticas de multitud de expertos y buscadores de pisos, que “la ley contiene medidas destinadas a aumentar la oferta de viviendas sociales y de alquiler asequible”.
Por si fuera poco, la ley de amnistía sigue sobrevolando casi todos los debates en España y, tras las elecciones europeas, el PP ha puesto el ojo en Úrsula von der Leyen y en la Comisión Europea para que se posicione sobre la norma, todo ello, además, en un momento de plena tensión por la renovación del CGPJ ante la mediación también del Ejecutivo comunitario.
“Si el presidente del Gobierno quiere asaltar el CGPJ, tendrá en contra al PP, al ordenamiento jurídico, a la Constitución y, estoy convencido, a la Comisión Europea”, expresó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada en el Congreso.
Los populares se han movilizado para que sea la presidenta de la Comisión -que tiene todas las papeletas para seguir en el cargo- la que apriete las tuercas al Gobierno español a cuenta de esta situación y de una ley de amnistía que ya está publicada en el BOE.
Bruselas dejó claro que publicaría su valoración sobre la norma una vez que estuviera en vigor, y esa vía europea es la que espera ahora el PP.
Sin embargo, fuentes próximas a la CE admiten en privado a ECD que Úrsula von der Leyen guardará silencio, “por clara estrategia política”, hasta garantizarse el apoyo de Pedro Sánchez.
