El Ministerio de Derechos Sociales redujo en 2023 la financiación que transfiere cada año para la dependencia a seis comunidades autónomas como penalización por haber recortado sus propios presupuestos. Fue la primera vez que el Gobierno activó un mecanismo para evitar que los territorios aprovecharan la inyección extra de dinero del Estado –que se inició con el plan de choque dirigido a mejorar las listas de espera– para disminuir su aportación propia.
En 2024, y vistas las sanciones del año anterior, ninguna comunidad ha reducido sus partidas, confirman fuentes del Ministerio, que se ha reunido este lunes con las autonomías en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para abordar el reparto de fondos.
Aragón, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia fueron los territorios a los que se aplicó este sistema después de recortar, entre todas, una suma de 75,64 millones de euros, según ha podido saber este medio a partir de los informes de evaluación que publica anualmente el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) con las cifras de la aportación estatal y autonómica en cada territorio.
El mecanismo establece que la cantidad recortada es la cantidad que les detrae a las comunidades de la aportación estatal. Para entenderlo más sencillamente: si un gobierno regional mengua en seis millones su aportación, el Estado le resta seis al dinero que le transfiere. Con esta cuenta, el Gobierno repartió un remanente de más de 75 millones –casi un 10% del total de las transferencias que hizo (783 millones)– entre el resto de territorios que habían mantenido o mejorado su financiación. Estas actuaciones están recogidas en una cláusula incluida en las resoluciones firmadas año a año y que marcan cómo se va a dividir el presupuesto.
En la última, publicada en mayo de 2023 en el Boletín Oficial del Estado, se establecía que para 2024 los criterios de distribución de fondos quedan condicionados “al mantenimiento para 2023 del importe de gasto promediado de los ejercicios 2021 y 2022, de forma que si el gasto 2023 fuese inferior al promedio de los dos años anteriores, la diferencia se minorará del resultado final de los indicadores de dicho reparto para el nivel acordado de 2024”. Para las cantidades “sobrantes como consecuencia de lo anterior”, la directriz es “redistribuir entre las comunidades a las que no se haya aplicado dicha minoración”. Pero no ha hecho falta aplicarlo.
Varios informes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales publicados en los últimos meses ya advirtieron de que algunas comunidades estaban “haciendo caja” con el dinero extra del Gobierno central. Es decir, “aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”. El Ejecutivo inyectó 600 millones de euros más anuales a las consejerías entre 2021 y 2023. El incremento de la financiación ha permitido aumentar las personas atendidas, las cuantías y los tiempos de espera, pero todavía hay decenas de miles de usuarios que fallecen esperando su prestación.
40.447 personas murieron aguardando a ser valoradas o atendidas el año pasado. Son 111 cada día, una cada 13 minutos, según el estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que evaluó los resultados del plan de choque hace tres meses. La organización señala que el impacto es “menor de lo esperado” entre otras cosas por la actuación de algunas comunidades.
Las asignaciones del Estado para la dependencia y la promoción de la autonomía, además de estar sujetas a no recortar, pueden variar en función de una serie de indicadores que tienen que ver con la evolución de la población dependiente, pero también con la capacidad de las comunidades para reducir la lista de espera, atender a más personas, mejorar el empleo o agilizar la burocracia.
Aunque este año el Gobierno no va a castigar a ningún territorio por recortar sus presupuestos, cinco comunidades verán ligeramente reducida su financiación porque tuvieron peores resultados que en 2023 en algunos indicadores. Por el contrario, diez de ellas obtendrán una asignación mayor como resultado de una mejora, según ha podido saber elDiario.es.
El Ministerio firma anualmente un convenio bilateral con cada consejería para formalizar estas partidas, indican fuentes ministeriales. Andalucía fue la comunidad que recibió en 2023 un porcentaje mayor de las asignaciones (18,74%), seguido de Catalunya (13%) y Madrid (12,67%).
Como novedad, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere también ligar la financiación al cumplimiento del acuerdo de acreditación aprobado en la pasada legislatura para cambiar el modelo de las residencias (de macroinstituciones a lugares más parecidos a un hogar) y a la estrategia de “desinstitucionalización” que va a desplegarse en los próximos seis años para priorizar los cuidados en casa.
La intención declarada del actual equipo ministerial es seguir aumentando la aportación estatal hasta los 4.000 millones en el conjunto de la legislatura. Esto supondría un aumento de 400 millones anuales (de 600 a 1.000), aunque de momento este plan está paralizado por la prórroga de los presupuestos. Este año, la cantidad transferida es la misma que el anterior: 783 millones de euros.
