“El que pueda hacer, que haga”. La frase la pronunció el expresidente José María Aznar en noviembre de 2023, en plena ofensiva contra la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía. Medio año después, la medida de gracia para los líderes del procés huidos de España está en vigor y el nuevo desastre constitucional es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la financiación autonómica. Así lo cree el presidente de Faes, quien este lunes convocó a todos los españoles a una “movilización” permanente contra “la coalición de ultraizquierda” que gobierna España.
Aznar participó en un coloquio organizado por su propia fundación para hablar sobre lo que más le gusta pontificar al expresidente, sobre política exterior. La conferencia debía versar sobre China, cuya capacidad de influencia Aznar despreció notablemente. El que fuera líder de la derecha española pasó rápidamente a asegurar que el gran peligro para “occidente” es Irán. Y por el camino volvió a defender, 40.000 muertos después, la legitimidad de Israel para atacar Gaza con el objetivo de destruir a Hamás.
El coloquio fue en realidad una entrevista del periodista Ramón Pérez-Maura, antes en ABC y hoy en El Debate, quien le cuestionó sobre si ve “posible frenar la ofensiva del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación”. Aznar dijo que sí, que es “posible” y “deseable” para mantener el “sistema democrático con buena salud” y para mantener “los principios fundamentales, que son el de la separación de poderes y la libertad de información como piezas esenciales del Estado de derecho”.
Pero Aznar dijo que “todo eso depende de una cosa”, de que “la energía cívica de los españoles funcione”. El expresidente citó a un antepasado del periodista, Antonio Maura, quien fuera uno de los políticos más destacados del 'turnismo' de la Restauración borbónica tras la I República, y las palabras que le espetó al entonces rey Alfonso XIII: “El destino de España está pendiente de que los españoles dejen de ser espectadores de su propia ruina”.
Aznar cree que la del primer tercio del siglo XX es asimilable a la actual, por lo que pidió a los españoles, rememorando al que fuera varias veces presidente del Consejo de Ministros, pasar “de ser espectadores a agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional, del Estado de derecho y de la libertad de información”. Aznar minusvaloró además la decena de movilizaciones contra la amnistía convocadas por el PP, Vox y algunas organizaciones civiles relacionadas con ambos partidos. El expresidente llegó a compararlas con un partido de fútbol que se juega el domingo. Y el “miércoles nos olvidamos”, remató.
La última gran movilización del PP contra la amnistía, en plena campaña electoral, fue tachada de “romería” por Vox. Aznar acudió al mitin-protesta de la calle de Alcalá de Madrid, y estuvo presente en las primeras concentraciones contra la amnistía.
Al expresidente debió de parecerle poca cosa. La que fuera una de sus principales colaboradoras en el PP durante sus casi 15 años como jefe de la derecha, Esperanza Aguirre, fue una de las primeras personas que acudieron a cortar el tráfico a la calle de Ferraz de Madrid para intentar abordar la sede del PSOE con objeto de protestar contra la amnistía. Y mientras eso ocurría, el jefe de Faes alentó la cruzada contra la ley que hoy está en su máximo apogeo.
Aznar habló del fiscal general del Estado, Álvaro García, al que el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dedica mensajes en Twitter casi a diario, y al que el expresidente del Gobierno acusó de “dañar el Estado de derecho”. “Si tenemos en cuenta que en España está gobernando una coalición de ultraizquierda que quiere acabar con el orden constitucional y que quiere acabar con la continuidad histórica de España, pues entonces nos tenemos que movilizar”, reiteró.
Desde el Gobierno, la portavoz contestó en su cuenta de Twitter: “Sólo le gusta la democracia cuando sale lo que él quiere”.
La filípica de Aznar coincide en el tiempo con un nuevo intento de desbloqueo del CGPJ. Apenas unas horas después, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en Bruselas estar dispuesto “a firmar” un acuerdo con el PSOE que avance “en la independencia judicial”.
A diferencia de otras ocasiones en las que el líder del PP ha dicho frases similares, esta vez Feijóo no ha acompañado su discurso de su retahíla de exigencias, que alcanzan mucho más allá de la Ley Orgánica del Poder Judicial para abordar cuestiones ajenas, como el Tribunal Constitucional o la Fiscalía. Feijóo se limitó a reiterar que al PP no le afecta el “ultimátum” ni el “chantaje” de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno planteó la semana pasada que junio era el mes definitivo para un acuerdo sobre el CGPJ. Si no, dijo, buscaría la forma de desembarrar el asunto.
El líder del PP reconoció que no saben “en qué consiste” la propuesta de Sánchez para introducir criterios “más objetivos” en el nombramiento de jueces, aunque la tachó de “ilegal e inconstitucional en los términos generales que lo ha planteado”. “Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará. Todo lo que sea retraer y profundizar en la politización [de la Justicia], el PP no lo suscribirá”, dijo Feijóo, quien aseguró estar “esperando la propuesta definitiva” por parte del PSOE. “Tendremos en las próximas semanas alguna reunión en el marco de la Unión Europea”, aventuró.
Pero la Comisión, que ha tutelado las negociaciones ante la imposibilidad de las partes siquiera de sentarse, ya ha anunciado que tras media docena de reuniones la próxima será con una propuesta de acuerdo entre el PP y el PSOE. Todo, mientras el propio Feijóo dice que el Gobierno está amortizado y en tiempo de descuento, mientras reclama elecciones anticipadas, y mientras el ala dura de su partido le reclama dureza a él y a la sociedad civil contra el Ejecutivo.
Y no solo en materia judicial. La otra espita que se ha abierto en los últimos días es la de la financiación autonómica. Aznar también marcó el lunes criterio al señalar que una “financiación singular a Catalunya, que es darle un cupo a Catalunya y condonar la deuda” es equiparable “a un desmontaje constitucional de tal envergadura que evidentemente si la ciudadanía no es consciente de eso, todavía hay que apelar seriamente a la ciudadanía para que lo sepa”.
El PP de Feijóo también ha tenido discursos oscilantes sobre financiación. El propio líder de la oposición defendió para Galicia una “negociación singular” cuando era presidente de la Xunta, y en 2012 la entonces jefa del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, apostó por una “financiación singular” para la comunidad autónoma. Hoy es diputada del PP de Ayuso en la Asamblea de Madrid.
