La maratón legislativa del Senado con la Ley Bases ya pasó. Es historia. El Gobierno quedó satisfecho con la tarea realizada por sus negociadores hasta ese día, porque el objetivo central era mostrar que podían conseguir una ley difícil, para la que no solo no tenían los votos sino que el día de su discusión debieron enfrentar una violenta resistencia callejera de organizaciones políticas y sociales. Pero la película no terminó. Los senadores se vengaron de la motosierra y amputaron un capítulo sensible del paquete fiscal, como lo es la restitución del Impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales.
El Poder Ejecutivo podría pedirle a los diputados que aprueben los cambios introducidos por la cámara revisora, dar por concluida la discusión y promulgar las primeras dos leyes de su mandato. Pero no puede.
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El argumento económico es el más básico, ya que el equipo económico cuenta con esos recursos, aunque sea por un puñado de meses, para reforzar la recaudación y darle aire a las provincias (ambos son impuestos coparticipables). Los gobernadores también hacían la misma cuenta, y por eso habían negociado en paralelo con los legisladores que les responden los innumerables retoques que recibió el proyecto en Diputados.
Lo que sucedió en el Senado refleja una fractura entre los intereses políticos de las provincias y los que mueven a los dirigentes que fueron electos por esos distritos. El kirchnerismo, fracción dominante en la Cámara alta, decidió transferir el costo político de reponer Ganancias al bloque que componen el oficialismo, el PRO y los llamados dialoguistas.
Sin embargo, hay un factor que puede volverse un tiro por la culata para quienes rechazaron el gravamen. El texto al que le dio media sanción Diputados ratificaba el beneficio que diseñó Sergio Massa en 2023 y que se aplicó en el último trimestre del año. El gobierno de Alberto Fernández había modificado el impuesto con un decreto que le ordenaba a la AFIP no retener Ganancias a quienes percibieran hasta 15 sueldos mínimos. Esa reforma fue ratificada por el Congreso (votada incluso por Javier Milei), pero para el período 2024. Ahora hace falta una ley (en este caso un artículo en el paquete fiscal) que valide lo que hizo el organismo recaudador en 2023. Si los legisladores no resuelven ese intríngulis, el ente recaudador podría pedir a los contribuyentes que "devuelvan" ese beneficio.
La Argentina necesita algo más que estas dosis siempre renovadas de picardía política. Hay una pesada estructura tributaria que hoy es uno de los principales lastres de la economía, que debe ser resuelta con inteligencia y responsabilidad.
