El fiscal general del Estado , Álvaro García Ortiz, intentará hoy en la Junta de Fiscales imponer su criterio frente al que defienden los cuatro representantes del Ministerio Público que se han negado a cumplir la orden de aplicar una amnistía total a los líderes del 'procés'. No lo tendrá difícil, teniendo en cuenta que Dolores Delgado, primero, y él después han ido nutriendo y ampliando esa Junta –de la que forman parte 38 fiscales más el fiscal general– con miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que ambos formaron parte hasta que asumieron la dirección de la Fiscalía. Ella lo hizo desde febrero de 2020 hasta julio de 2022, cuando renunció «por motivos de salud». Él, desde entonces hasta hoy, pues tras la convocatoria electoral del pasado año fue reelegido fiscal general pese a que el Supremo le acusó de desviación de poder y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró su falta de idoneidad. En solo cuatro años, García Ortiz y Delgado han nombrado a 13 de los 18 fiscales de esta asociación, pese a que representa a unos 250 fiscales de los 2.550 que conforman la carrera (apenas un 10 por ciento). Sin embargo, la Asociación de Fiscales (AF), que es la mayoritaria y cuenta con 550 afiliados, tiene 9 representantes en esa Junta de Fiscales. Los otros 11 son no asociados como dos tercios de la carrera fiscal. Ni a Delgado ni a García Ortiz les ha importado la opinión del Consejo Fiscal –donde la mayoría de los vocales electivos son de la AF– sobre estos nombramientos, hasta el punto de que han llegado a proponer a sus afines por encima del criterio de la mayoría. Por eso no es de extrañar que la Sala Tercera del Supremo anulara hasta en dos ocasiones la elección, por parte de Delgado, del exportavoz de la UPF Eduardo Esteban como responsable de Menores, o la de Delgado en los dos puestos para los que fue propuesta por García Ortiz: primero al frente de la Fiscalía Togada del Supremo y luego en Memoria Democrática . Noticias Relacionadas estandar Si La exclusión de la malversación dejaría en papel mojado la ley de Amnistía Nati Villanueva estandar Si Una plataforma pide a Von der Leyen que abra un procedimiento de infracción a España por la ley de Amnistía Nati Villanueva Con estos mimbres no resultaría extraño que los fiscales de la UPF se entreguen hoy al criterio de García Ortiz como hicieron de forma mayoritaria en la anterior ocasión en la que la cúpula fiscal se reunió con motivo del informe sobre admisión o inadmisión de la querella del novio de Ayuso contra la Fiscalía. El criterio de la número dos del fiscal general fue respaldado entonces por los fiscales de la UPF (dos lo hicieron a medias) y por uno de la Asociación de Fiscales. Se trata de Jesús Alonso, reelegido por Delgado como fiscal-jefe de la Audiencia Nacional para un segundo mandato y a quien le une gran amistad. El antecedente de la Junta En esa ocasión todos los vocales no asociados votaron igual que los de la Asociación de Fiscales : a favor de la admisión de la querella y de que al menos se practicaran unas diligencias mínimas de investigación antes de dar un portazo precipitado a un asunto que según va avanzando la investigación está poniendo a García Ortiz en una situación cada vez más complicada. Aunque no se puede aventurar la postura que tomará cada uno de los 38 integrantes de esta Junta presidida por el fiscal general, fuentes fiscales auguran que volverá a partirse en dos, algo que, como informó ABC, resulta indiferente a efectos del informe que ordene presentar al final García Ortiz (el criterio de la Junta no es vinculante) pero le serviría para reforzar su postura si gana. Si lo hace el criterio de los cuatro fiscales del Supremo –respetados y situados entre los veinte primeros puestos del escalafón– desde Fiscalía General se venderá que el asunto jurídicamente es discutible, señalan esas fuentes. De lo que nadie duda es de que García Ortiz impondrá el informe que hizo público el viernes y de que los cuatro fiscales no lo piensan defender ante el Supremo. Y es que nada más conocer la valoración jurídica que el viernes hizo el fiscal general, le enviaron un escrito en el que le informaban de que no compartían sus argumentos para justificar la aplicación incondicional de la ley. «No desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por V.E. (...), por lo que a nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas», apuntaron. En ese mismo escrito, los fiscales le avanzaban que «si finalmente mantiene» la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley a la malversación, les releve de esta causa «para ser despachada por V.E. o quien designe a tales efectos» para cumplir con el trámite de informes a Llarena y a la Sala Segunda en plazo. Este plazo acaba mañana. Causa de exclusión Como ya informó ABC, la postura de la Fiscalía no es vinculante para los magistrados que podrían acoger el criterio de los cuatro fiscales del 'procés' y considerar, igual que ellos, que la malversación que cometieron los líderes independentistas es una causa de exclusión de la propia l ey de Amnistía que deja fuera este delito cuando haya existido propósito de enriquecimiento personal o beneficio patrimonial. Los fiscales recuerdan que el propio Supremo ha considerado que ese propósito existió en los casos de los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, y también en los de los procesados fugados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig. «Es claro que concurren (en ellos) todos los elementos del tipo penal: infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos y beneficio patrimonial en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro», dicen los fiscales. A ello se añade que, «conforme al derecho comunitario, la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea» y que la jurisprudencia del TS ve «perfectamente compatible la desviación de fondos de su destino con la apropiación de fondos no restituidos con ánimo de lucro».
