La investidura de Illa lleva a la negociación esta vieja reivindicación nacionalista y a seguir avanzando en la consulta
A ERC no le valdría solo con la campaña de seducción que ha puesto en marcha Moncloa con la «liebre» de la financiación singular para Cataluña. En la mesa están otras dos condiciones, la consulta y recuperar aspectos del Estatut que tumbó el Constitucional, como el de la autonomía judicial, con un órgano propio de gobierno de los jueces catalanes que controle los nombramientos.
Los de ERC quieren asegurarse el control de una Justicia propia, una reivindicación que ya ha estado presente en otras negociaciones con Moncloa. Aquella tesis de los socialistas de recuperar el Estatut que tumbó el Tribunal Constitucional se quedó por completo superada por el «procés», y esto no tiene marcha atrás, pero los republicanos sí han sido insistentes en un punto que ahora retoman, y que, puede que sea casualidad o no, pero el ex ministro Salvador Illa ya le hacía un guiño en su último programa electoral cuando propuso una desconcentración del Poder Judicial.
Es una vieja reivindicación nacionalista que serviría para atar en corto al único de los poderes que hasta ahora permanece fuera del área de influencia de la Generalitat. En el ámbito judicial están en alerta porque ven agravarse el riesgo de que esta vez sí Pedro Sánchez ceda a esta exigencia independentista a través de la descentralización del Consejo General del Poder Judicial.
Esto serviría para callar al poder del Estado que más problemas y disgustos está dando al independentismo en los últimos años, y que amenaza además la aplicación de la amnistía.
Conviene recordar que el PSOE ha hecho guiños a esta propuesta en numerosas ocasiones. De hecho, el partido de Sánchez ya suscribió en 2013 la conocida como Declaración de Granada, en la que se defendía una revisión del Estado autonómico para avanzar en la estructura territorial federal. En ella ya se apoyaba la desconcentración de determinadas decisiones administrativas judiciales.
[[QUOTE:PULL|||Serviría para callar al poder del Estado que más problemas y disgustos está dando al independentismo ]]
En 2017, PSOE y PSC firmaron la declaración de Barcelona, donde se apela de manera explícita el control directo de los jueces por parte de la Generalitat. En aquella declaración los socialistas plantearon la recuperación de algunos de los puntos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales, así como una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, para dotarles de un consejo propio, independiente del CGPJ y con capacidad para nombrar jueces como los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien se encarga de juzgar a los aforados de la comunidad autónoma.
En las elecciones autonómicas anteriores a las celebradas ahora el PSC ya recogió el guante y volvió a revivir el Consejo de Justicia de Cataluña. Entonces decían que iban a impulsar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial.
De momento, Moncloa ha querido concentrar toda la atención de la labor de conquista de ERC en ese pacto fiscal que atienda la singularidad de Cataluña, cuando de lo que hablan los independentistas es de un modelo de financiación propio que se asemeje al concierto vasco.
Los republicanos, divididos y en una crisis interna profunda, tienen un problema si hay repetición electoral, pero, a la vez, necesitan también separarse del PSC y del PSOE si quieren sobrevivir políticamente, Para avanzar en ese camino de lograr el apoyo de ERC, Moncloa ha empezado en paralelo otra campaña contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se ha erigido en la voz más crítica de las cesiones al independentismo.
Por ejemplo, de Moncloa salen los datos, que han publicado medios afines, que dicen que Cataluña es la tercera comunidad que más aporta al régimen común y la décimo primera en recibir, mientras que Castilla-La Mancha ocupa el puesto catorce en ambos casos.
[[QUOTE:PULL|||Sánchez asume el desgaste porque los números dejan claro que no pueden ir a un adelanto de generales ]]
Por cierto, ERC no quiere negociar directamente con el PSC y exige hacerlo con Madrid, mientras que, en paralelo, el presidente Sánchez no escatima elogios hacia ellos. En una entrevista en La Vanguardia este domingo llegó a asegurar que «el futuro de Cataluña y en buena parte de España depende de la relación estratégica entre los socialistas y ERC».
En privado les está haciendo saber que su relación con Junts será secundaria, ya que creen que ERC puede jugar en Madrid el mismo papel que tuvo CiU, pero moviendo el balón desde la izquierda. Obvian que no hay mayoría en el Congreso sin contar con los votos de Junts, por lo que las propuestas de izquierda de ERC no pueden salir adelante.
A pesar de las dificultades Sánchez ha decidido asumir el desgaste de las nuevas exigencias independentistas porque los números que manejan en Moncloa dejan claro que no pueden ir a un adelanto de las generales porque perderían el poder. Y la repetición electoral en Cataluña se interpretaría como otro síntoma de debilidad y descomposición del Gobierno de coalición, y una confirmación de que lo más probable que que haya generales como muy tarde a principio del próximo año.
En otra entrevista, publicada este domingo por LA RAZÓN, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advertía de que Sánchez ha engañado al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la amnistía, porque es inaplicable por los jueces, y también apuntaba que este gobierno comenzó en Cataluña y puede tener su final también en Cataluña.
