El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea anunciar una amplia acción ejecutiva destinada a proteger a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses de la deportación. Esta medida también les permitiría trabajar legalmente en el país mientras buscan la ciudadanía, según fuentes cercanas al gobierno. La política beneficiaría a quienes han vivido en EE. UU. durante al menos 10 años y utilizaría la autoridad legal existente conocida como “libertad condicional”, que ofrece protección temporal contra la deportación.
Esta iniciativa llega en un momento crítico para la administración Biden, que ha sido presionada por defensores de los derechos de los inmigrantes y miembros del Partido Demócrata para abordar la situación de los migrantes indocumentados en un año electoral. Las medidas, que CNN informó por primera vez la semana pasada, podrían representar el programa de ayuda federal más significativo desde la creación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante la administración Obama.
Joe Biden estaría listo para implementar una política que protegería a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, brindándoles la oportunidad de trabajar legalmente en el país mientras buscan la ciudadanía. Este plan se basa en una autoridad legal existente conocida como “libertad condicional”, que proporciona una protección temporal contra la deportación. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor para crear un sistema de inmigración más justo y equitativo, un objetivo que Biden destacó desde el comienzo de su administración.
Esta acción ejecutiva sería la respuesta a años de demandas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas, quienes han buscado soluciones para regularizar la situación de los migrantes indocumentados. La implementación de esta política ofrecería un alivio importante a miles de familias, evitando la separación y ofreciendo estabilidad laboral y legal a los afectados.
El nuevo plan de Joe Biden utilizaría el mecanismo de “libertad condicional”, permitiendo que ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país y trabajen legalmente mientras continúan su proceso de búsqueda de ciudadanía. Este mecanismo ya ha sido utilizado en otros contextos, como en el programa DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ofrecen renovaciones periódicas de protección y autorización de empleo a sus beneficiarios.
Para ser elegibles, los cónyuges indocumentados deben haber residido en Estados Unidos durante al menos una década y cumplir con ciertos requisitos adicionales que garantizarían su integridad y compromiso con el país. Esta política no solo ofrece protección contra la deportación, sino también una vía para la integración económica y social de los migrantes indocumentados, permitiéndoles contribuir de manera formal a la economía estadounidense.
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Se estima que cientos de miles de personas podrían beneficiarse de esta nueva acción ejecutiva, con un impacto significativo en la comunidad latina predominante entre los migrantes indocumentados. Esta medida no solo afectaría directamente a los cónyuges indocumentados, sino también a sus familias, incluyendo hijos y otros parientes cercanos, proporcionando una mayor estabilidad y seguridad a largo plazo.
La administración Biden ha revisado encuestas y estudios para entender el alcance de esta política, concluyendo que podría tener un impacto positivo tanto en términos humanitarios como económicos. La implementación de esta medida es vista como una forma de fortalecer el tejido social y económico de Estados Unidos, integrando de manera más efectiva a aquellos que ya forman parte de la comunidad.
