El periodo parlamentario 2023-2024 ha finalizado y con ello quedan suspendidas las sesiones de la Comisión de Ética hasta el próximo mes de julio. Sin embargo, Diego Bazán se ha pronunciado a modo de retrospectiva respecto al periodo que ha presidido y concluyó proponiendo la desaparición de la mesa de trabajo que preside.
Su comentario fue una autoevaluación a su gestión en la comisión que preside, la cual ha dejado varios casos pendientes de sanción. Tales como los de Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y el reciente caso de Kelly Portalatino.
Los congresistas Darwin Espinoza y Raúl Doroteo vienen siendo investigados por la Fiscalía, junto a los congresistas Jorge Flores y Elvis Vergara, por tráfico de influencias agravado. Presuntamente los parlamentarios habrían intercambiado votos con el expresidente Pedro Castillo a cambio de colocar a conocidos suyos en puestos específicos en instituciones del Estado. La tesis fiscal, presentada por la suspendida Patricia Benavides, apuntaba además a que los cuatro congresistas formarían parte de una organización criminal cuyo fin era sostener la permanencia del exmandatario en el poder.
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La Comisión de Ética investiga desde el mes de marzo a Raúl Doroteo tras una denuncia de oficio contra el congresista por presuntos recortes irregulares a sus trabajadores a cambio de mantener su puesto de trabajo en su despacho. La denuncia se dio en el programa “Beto a saber” donde una trabajadora de su despacho informaba que Doroteo le pedía el 50% de su sueldo (que era 7.000 soles). Sin embargo, tras haber dado a luz, la denunciante le pedía al congresista reducir los descuentos a sólo el 25% de su remuneración.
La investigación sigue aún desarrollándose en la Comisión de Ética. De hecho, se ha visto en la última sesión que fue el lunes 10 de junio. Donde Raúl Doroteo se presentó con su abogado y escucharon, junto con la mesa de trabajo, las declaraciones de sus trabajadores. No obstante, se concluyó por unanimidad que el caso debía seguir su curso en otras sesiones y no alcanzó determinar una sanción la semana pasada.
Darwin Espinoza, recientemente expulsado de Acción Popular, fue denunciado a través de un reportaje del programa 'Punto final' donde evidenció que el congresista habría utilizado recursos del Congreso (principalmente insumos de oficina) y obligar a sus trabajadores para recolectar firmas para inscribir a su movimiento regional llamado "Adelante Ancash" durante horario laboral.
Este caso pasó por indagación e investigación en Ética desde abril, cuando se dio a conocer el caso. Sin embargo, en diferentes oportunidades no se pudo llevar a cabo, ya sea por falta de quorum en la comisión o porque las investigaciones se han extendido sin poder concluirse dentro del periodo legislativo actual y pasando a ser un caso prioritario para la siguiente legislatura.
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El último lunes 10 de junio, la Comisión de Ética tomó la decisión de iniciar una investigación preliminar contra Kelly Portalatino. Esto sucedió tras la difusión de un reportaje el domingo anterior, en el cual se revelaba que un empleado de su despacho estaría llevando a cabo actividades de afiliación para el partido Perú Libre durante su horario laboral.
Sin embargo, la situación se torna interesante cuando, solo un día después, el pleno del Congreso, en su sesión del martes 11 de junio, decidió por mayoría llevar a cabo la modificación del cuadro que compone la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025. Esta medida, aprobada por mayoría congresal con 104 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, concluyó que la parlamentaria Portalatino se una a este grupo de trabajo, pasando de ser investigada a ser la nueva integrante.
¿Cómo una comisión investigará a un miembro de su mismo equipo? Diego Bazán opinó sobre esta figura en una entrevista para Canal N y señaló que este tipo de situaciones "daña más la imagen de la comisión". "En la última sesión de esta legislatura, lo que he planteado es la desaparición de la comisión de Ética. Porque (los congresistas) no pueden ser juez y parte en esta situación", exclamó Bazán a Canal "N".
Se espera que estos tres casos que cuestionan el accionar de los parlamentarios que actualmente cuentan con un 75% de desaprobación se mantengan vigentes en la siguiente legislatura y puedan ser prioridad para que, una vez determinadas sus sanciones, sean incluidas en la agenda del Pleno del Congreso.
