Conflicto social. El departamento de Puno continúa incrementando las cifras de violencia y represión. Jacinto Ticona, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno, señaló que se registran 18 conflictos en el territorio, la mayoría de los casos están relacionados con el rechazo a la minería. El 35% de los conflictos sociales de todo el país están relacionados con la minería y afectan principalmente a las regiones de Loreto, Cusco, Puno y Apurímac.
El altiplano seguirá siendo escenario de protestas. Aumentaron cinco casos de represión en un año. La razón de fondo es que no se ha logrado encontrar una solución a los múltiples conflictos sociales que enfrentan, y en lugar de resolverse, estos continúan aumentando.
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Cada mes, la Defensoría del Pueblo emite un reporte de conflictividad del país. En la región de Puno, se informa que entre marzo y mayo de 2024 se incrementaron los conflictos sociales de 14 a 18. El panorama advierte que en cualquier momento las protestas públicas, el bloqueo de carreteras o las movilizaciones cobrarán protagonismo.
Ticona indicó que el aumento de la incidencia de conflictos se debe a problemas socioambientales contra la minería y diferendo territorial entre pueblos vecinos. Asimismo, precisó que las comunidades en protesta rechazan las actividades extractivas porque, desde su propia experiencia, consideran que estas actividades contaminan y por esa razón están en contra de nuevos proyectos mineros. Es el caso de la contaminación de la cuenca de Llallimayo (Melgar) y el proyecto Ciemsa Las Águilas en Ocuviri (Lampa).
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Jacinto Ticona explicó que Puno no registra una reducción significativa de sus conflictos durante varios años, debido a que la mayoría de los problemas latentes no parecen tener solución a corto plazo. La contaminación en la cuenca del río Ramis es un ejemplo de ello. Tanto mineros formales como informales descargan residuos que, tras recorrer los diversos ríos, terminan en el lago Titicaca. Más de 15,000 productores agropecuarios de cinco provincias del sector norte de la provincia se ven afectados.
La prometida represa de Haujchani, que sedimentará las aguas contaminadas, aún no muestra señales de ser construida. "Las comisiones técnicas y reuniones de trabajo no han solucionado mucho. Aunque en algunos casos sí han permitido llegar a buenos puertos", aseguró Jacinto.
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Por su parte, el sociólogo Carlos Flores consideró que Puno mantendrá su línea de acción de protesta, ya que tanto las autoridades locales como el gobierno central no solucionan ningún problema.
"En Lima, creen que enviando ayuda las cosas se solucionan. Existen problemas medioambientales relacionados con la minería, lo cual ha generado rechazo. Esta actividad no es aceptada debido a que, en muchos casos, ha resultado perjudicial. Algunos sectores ya anuncian un nuevo 'aymarazo' contra la minería. Mientras no se brinden soluciones de fondo, los problemas persistirán en Puno. Varios de estos inconvenientes se remontan a un año atrás y otros datan de hace 20 años. No resolverlos es una burla. Por lo tanto, la única opción que le queda al dirigente es recurrir a la huelga", expresó.
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El reporte de la Defensoría del Pueblo Mayo 2024 registró 312 acciones colectivas de protesta en mayo, siendo un 43% más que el mes anterior. El vocero de la institución, Luis Alvarado, explicó a Canal N que el 35% de los 209 conflictos sociales registrados están relacionados con actividades mineras. Las regiones con mayor número de protestas son Lima Metropolitana (47), Piura (23), Cusco (22), Arequipa (21), Junín (21) y Puno (20).
Asimismo, explico que actualmente las actividades mineras abarcan 900 unidades en todo el país y son las que requieren más procesos de diálogo entre el Estado, las empresas, autoridades regionales y los afectados.
