La transacción de intereses particulares con la que Pedro Sánchez logró el apoyo de los independentistas catalanes para su investidura, en forma de ley de Amnistía, no fue una excepción, sino que se constituyó en pauta y ahora corre el riesgo de replicarse para lograr que el PSC acabe haciéndose con la Generalitat. Las exigencias de ERC para investir a Salvador Illa pasan por conseguir que el Gobierno central acepte conceder un trato especial a Cataluña y que se establezca un régimen fiscal excepcional para este territorio. Desde el Ejecutivo, el propio Pedro Sánchez y la vicepresidenta Montero han comenzado a instalar la posibilidad de que se establezca un trato «especial» o «singular» para Cataluña. Una medida que no responde a ninguna convicción política, sino que solo aspira a convertirse en una prebenda con la que estimular la voluntad política de sus socios independentistas. Además de volver a erosionar la igualdad entre españoles, el pago en esta ocasión será cuantificable en términos económicos y correrá a cargo de todos los ciudadanos de fuera de Cataluña. La creación de un régimen fiscal especial catalán resulta inaceptable por múltiples motivos. El primero de ellos es que cualquier ciudadano, y sobre todo aquellos que se cuentan entre los más vulnerables, debe tener los mismos derechos y las mismas coberturas asistenciales en todo el territorio nacional, independientemente de en qué comunidad autónoma viva. Consagrar la existencia de territorios privilegiados, más aún si se cuentan entre los más prósperos, supone un atentado contra la igualdad y contra el propio artículo 1 de nuestra Constitución, que consagra a España como un Estado social y de derecho. Esa condición social exige que quienes más tienen más aporten a las cuentas comunes, un principio que los socialistas tienden a recordar u olvidar según convenga al interés particular del presidente. La excepcionalidad fiscal de Cataluña resulta intolerable, además, por su condición estrictamente finalista y condicionada al gobierno del PSC: la estructura fiscal en España, de la que depende la cobertura del Estado de bienestar, no puede estar sometida a los intereses de Pedro Sánchez. Máxime cuando su debilidad electoral hace a su Gobierno singularmente vulnerable ante este tipo de chantajes. Lo que está en juego no es tanto la presidencia de Illa, sino la estabilidad de Sánchez en Madrid. Prueba de ello es que el exministro de Sanidad ha sido relegado en las negociaciones, lo que vulnera la tradicional autonomía del PSC. En su lugar, es el ministro Félix Bolaños quien está liderando las conversaciones con ERC. Es sabido que uno de los principales incentivos del separatismo catalán siempre fue el económico. En el año 2012, en plena crisis, Artur Mas acudió a La Moncloa para solicitar a Mariano Rajoy un pacto fiscal semejante al que se exige ahora. La negativa del entonces presidente fue uno de los elementos desencadenantes del 'procés'. Entonces y ahora la medida se haría inviable a la larga y supondría un notable perjuicio para el equilibrio económico entre territorios. Una excepcionalidad fiscal en Cataluña rompería de forma definitiva la hucha común de las cuentas públicas. Un precedente semejante sería letal en lo económico, injusto en lo político y generaría una crisis social sin precedentes al quebrar la solidaridad entre españoles y entre territorios. Este coste resultaría inasumible para un gobernante cabal. En el caso de Sánchez, desafortunadamente, hemos comprobado que está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de seguir en el poder.
