Subordinación. Grupo es presidido por el defensor del fujicerronismo, Josué Gutiérrez. También lo integran Francisco Morales, otro sumiso del Congreso; el contralor Nelson Shack, quien fue blindado por los legisladores, y la rectora Jeri Ramón.
Culminada la legislatura, el proyecto de reforma de Gladys Echaíz para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no logró los 87 votos de respaldo. Bajo este contexto, ahora cobra fuerza el plan B, que es el proceso de elección de los nuevos magistrados con una comisión especial cuya composición ha sido direccionada por el Congreso con bastante anticipación.
De momento, el presidente de la comisión especial, Josué Gutiérrez, ya emitió la resolución sobre los integrantes y hay claramente tiene una tendencia inclinada hacia los intereses de los partidos con presencia en el Congreso y, en especial, de Fuerza Popular y Perú Libre.
De acuerdo a ley, la comisión especial es presidida por el defensor del Pueblo. Por tal motivo, el Congreso se esforzó en poner en dicho puesto a una persona muy afín a sus propósitos.
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Josué Gutiérrez fue elegido sin criterios de meritocracia y sin acreditar experiencia mínima en temas de derechos humanos. Su designación se dio como resultado del pacto entre los partidos de la acusada Keiko Fujimori y el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.
Producto de este pacto, Perú Libre aportó con votos para que Fuerza Popular coloque a sus allegados en el Tribunal Constitucional y, en correspondencia, la bancada naranja le concedió la Defensoría al cerronismo.
Si la meritocracia debe ser un factor clave para la elección de los nuevos miembros de la JNJ, Josué Gutiérrez sería el menos indicado para dirigir el proceso: apenas se instaló en el puesto, modificó y relajó los estándares y requisitos de la Defensoría para colocar a dedo a sus allegados en altos cargos.
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Gutiérrez también presentó un proyecto que ya le aprobó el Congreso, para eliminar el concurso público para la elección de los adjuntos defensoriales.
También es suya la autoría de otro proyecto para que la actual JNJ pueda ser rellenada con quienes sacaron las más bajas calificaciones en el proceso de elección del 2019. Este texto ya fue aprobado en primera votación en el Parlamento.
Cruz Silva, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), subraya que estamos ante un plan B de las fuerzas del Congreso para cooptar la JNJ o generar su implosión desde dentro.
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Sobre la comisión especial, la abogada cuestiona también la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, quien, según detalla, “ha sustentado dos decisiones que violan el Estado de derecho”.
El primer caso es sobre “la liberación ilegal del condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos Alberto Fujimori, yendo contra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Y el segundo caso es sobre el proceso de amparo de los magistrados de la JNJ Aldo Vásquez e Inés Tello, “violando la independencia del sistema de justicia y el sistema de control”.
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Cruz Silva también cuestiona la presencia en la comisión del actual contralor Nelson Shack, quien logró una ley con nombre propio para poder perpetuarse en el cargo. Este funcionario también fue blindado por el actual Congreso, respecto de una denuncia constitucional por negociación incompatible.
La comisión especial también está integrada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, quien, según recuerda la abogada del IDL, “ha estado en contra de las bases mínimas del Estado democrático”, durante las protestas sociales.
La comisión también tiene como miembro al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien está en sintonía con el Congreso, en su propósito de eliminar la JNJ.
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Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, consideró importante convocar a la comunidad internacional para vigilar el proceso de selección de los miembros de la JNJ.
“Por ejemplo, en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo ha solicitado a la OEA una misión de observadores para la elección de sus altas autoridades en su sistema de justicia”, explicó y, desde su punto de vista, el Perú tendría que hacer un llamado similar para tener todas las garantías necesarias para una elección realmente meritocrática.
Cruz Silva consideró valiosa la participación de la Misión Internacional de Observación sobre la JNJ, integrada por expertos de Uruguay, Guatemala, Estados Unidos y Chile, y que ya emitió un primer comunicado, pero demandó más actores para la vigilancia internacional.
