Andalucía recurre a médicos sin la especialidad para paliar el déficit de profesionales que sufre en la atención primaria. Es decir, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está contratando a facultativos que no han pasado por el MIR (médico interno residente) y, según sus propias cifras, desde 2020 se han contratado al menos a 4.300 profesionales al año que se encuentran en esa situación. Se trata de una práctica “ilegal”, según argumentan desde el Ministerio de Sanidad, porque la Directiva 86/457 europea lo prohíbe desde 1986 y, aunque se permitió durante la pandemia, la norma decayó en 2022.
Como la falta de médicos es un problema recurrente en la sanidad pública española y especialmente en Andalucía, la consejera de Salud andaluza, Catalina García, insiste en que se amplíen en mil las plazas MIR y también las unidades que permiten formarlos. Lo dice en un contexto en el que, además, no descarta tener que cerrar centros de salud este verano por el déficit de facultativos que hay en el SAS.
Precisamente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP le han solicitado al Ministerio de Sanidad que permita a los MIR trabajar en atención primaria. Sin ellos, García afirma que Andalucía contará con un 16% menos de médicos para el plan veraniego. Fruto de la falta de recursos, los sindicatos han convocado un paro parcial para el 26 de junio.
Desde la Junta señalan que hay 500 plazas vacantes en atención primaria y que 389 médicos no acabarán su formación MIR hasta septiembre, cuando pretendían contar con ellos para cubrir la plantilla veraniega. Un problema al que, dicen, se suma que en 2024 se van a jubilar 489 galenos. Una cifra que alcanzará los 5.000 en la próxima década, según los sindicatos.
En la actualidad, según la foto fija que hace el SAS, hay alrededor de 8.000 médicos en los ambulatorios andaluces -si se suman pediatras y facultativos de familia-. De ellos, al menos 2.841 se han contratado este año sin haberse formado en esta especialidad o haber podido acreditarla. Ese es el número de médicos sin MIR que Andalucía ha contratado hasta junio, pero desde 2020 las cifras se duplican. En 2020 fueron 4.997, en 2021 se contrataron a 4.750, en 2022 fueron 4.556 y 4.348 en 2023. Facultativos que no se han formado igual que quienes sí hacen la especialidad a través del MIR porque han empezado a trabajar recién licenciados o porque proceden de otros países y no han homologado su título, algo que también es ilegal.
No obstante, del total de médicos que están trabajando de forma irregular, la mayoría son comunitarios y de estos la “inmensa mayoría”, según los sindicatos, son españoles que han preferido no hacer el MIR. En 2024, 1.663 de los 2.841 contratos que se han hecho a médicos sin MIR son de personal comunitario y por lo tanto españoles mayoritariamente. “De Europa vienen algunos de Rumanía o Polonia, pero la mayoría son estudiantes que se han licenciado en Medicina en España”, apunta José-Pelayo Galindo, portavoz de CCOO, uno de los sindicatos que más está alertando de esta circunstancia.
Son los llamados irónicamente como “R0”. Se les conoce así porque a los médicos que hacen el MIR se les categoriza por R1 (residente de primer año), R2 (residente de segundo año) y así hasta R5 en función del año de formación en el que se encuentren. Pero como estos facultativos están trabajando como adjuntos antes de haber hecho el MIR, se les llama coloquialmente de esa forma porque no han sido médico internos residentes.
“Son más de los que la gente piensa y el problema es más preocupante de lo que los ciudadanos querrían saber”, explica Pelayo. “Hay que tener en cuenta que son profesionales que están aprendido sobre la marcha, pero sin que nadie les tutorice. Puede suceder que ellos mismo acaben tutorizando a MIR que llevan una formación más práctica que ellos”. Una realidad que explica un cierto desprestigio de la atención primaria. “Eso jamás se le ocurriría a nadie que pasara con otros médicos especialistas”.
Sin embargo, en la diferencia salarial está la clave. Mientras que un MIR de primer año cobra alrededor de 20.000 euros netos anuales, uno recién contratado duplica esa cifra hasta los 40.000 euros. “Si tienen que elegir entre un salario y otro para estar en condiciones laborales muy exigentes y difíciles, hay quienes optan por no hacer el MIR”. Si bien es una práctica que no está permitida por la normativa, que exige que los médicos tengan título homologado y especialidad acreditada, Andalucía lo hace y lo reconoce con las cifras a las que ha tenido acceso este periódico.
Desde Salud lo justifican afirmando que “hay jurisprudencia” que les avala. Se refieren a que en Castilla y León la justicia dio la razón al gobierno regional cuando se le denunció por hacer precisamente esta práctica. El Ministerio Fiscal la avaló alegando que se ha hecho para resolver las “acuciantes necesidades” de personal y desde Andalucía se agarran a esa decisión judicial afirmando que lo hacen en casos “excepcionales”.
Pero desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que es “ilegal” y que las autonomías no tienen competencias para determinar qué casos son excepcionales para que se pueda saltar la norma que impide estas contrataciones. Añaden que no pueden denunciarlo porque deben ser los gobiernos regionales los que velen por el “correcto cumplimiento de la norma en su territorio”.
Además de los médicos recién licenciados que trabajan en los ambulatorios andaluces, también los hay que provienen de países que no están integrados en la Unión Europea. Si su título no está homologado, tampoco pueden ser contratados, pero en estos casos la situación es algo diferente. “Suele ocurrir que vienen a trabajar, pero la homologación tarda tanto que acaban contratándolos mientras se tramita”. Es decir, son facultativos que sí tendrían una formación completa como los que se forman en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Todo esto ocurre en un contexto en el que el entendimiento entre la Consejería de Salud y los profesionales médicos y sindicatos está en su peor momento. Los segundos acusan a la Junta de Andalucía de improvisar y no negociar medidas para mejorar el colapso asistencial y no entienden por qué le reclaman esfuerzos al Ministerio de Sanidad si, por ejemplo, se han quedado 39 plazas MIR vacantes en la convocatoria de este año. La mesa sectorial recuerda a Salud que ha de hacer “contratos más largos y estables” para evitar la fuga de médicos a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada.
