“Nuestra comunidad, (Belorado y Orduña) saliendo de la Iglesia Conciliar a la que pertenecía, pasa a formar parte de la Iglesia Católica bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, Obispo legítimo de la Santa Iglesia Católica”. Este jueves se cumplió un mes desde que las clarisas de Belorado, famosas por la elaboración de sus chocolates y sus trufas, publicaran su 'Manifiesto católico', un farragoso documento de 70 páginas en el que tachaban de “herejes” e “ilegítimos” a todos los papas posteriores a Pío XII y se declaraban fuera de la Iglesia católica.
Un cisma, el primero en la historia protagonizado por mujeres, que puso a esta pequeña localidad de Burgos en el centro del mundo. Este domingo se ha cumplido el primero de los plazos para que las tres religiosas que lideran la revuelta den marcha atrás y depongan su actitud, o confirmen su salida de Roma. De momento han solicitado una prórroga de cinco días para pronunciarse. ¿La consecuencia si siguen adelante? Las tres serán excomulgadas y pocos días después, si no varían las posturas, se excomulgará al resto.
El sorpresivo anuncio que supuestamente versaba sobre cuestiones religiosas devino con el correr de los días en un asunto casi de la prensa rosa, incluida la entrada en escena de José Ceacero, un falso cura con pasado como coctelero que se paseó (previo paso por caja) por numerosos platós de televisión autoerigido en portavoz de las monjas. De las monjas y de su líder espiritual, el pretendido obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2019 y fundador de la Pía Unión, cuyos orígenes se hunden en el oscuro Palmar de Troya.
La versión oficial de las monjas es que su salida del control del Vaticano se debe a una cuestión de pureza religiosa. Pero a medida que se han ido conociendo los detalles del conflicto crece la sombra del interés económico, en forma de fallida transacción inmobiliaria.
La operación de las clarisas de Belorado implicaba a tres monasterios (Belorado, Derio y Orduña) por un valor aproximado de 10 millones de euros, y que fue prohibida por la desconfianza que despertó en la Santa Sede. La Iglesia sospecha que detrás de ella estaba el propio De Rojas o empresarios cercanos a este hombre. Por eso nombró al arzobispo de Burgos, Mario Iceta –el mismo que excomulgó en 2019 a De Rojas– comisario pontificio, con total acceso a las cuentas, la gestión y la toma de decisiones relativas a los tres conventos, que en el registro de entidades eclesiásticas del Ministerio de Justicia ya aparecen bajo su tutela.
Ante los micrófonos del programa de Ana Rosa Quintana, diez de las 16 religiosas confirmaron su salida de la Iglesia católica. Quienes conocen las cuentas de las religiosas, ahora intervenidas por el comisario, aseguran que la productora pagó, sólo a las monjas –se desconoce lo que habrá podido cobrar la Pía Unión– 7.000 euros.
En cámara, acusaron al Papa Francisco de usurpado utilizando argumentos de los negacionistas de la pandemia o de los sacerdotes que rezan por la muerte de Bergoglio. Tres de ellas: la abadesa, sor Isabel; sor Sión y sor Paz, han sido conminadas a confirmar su deriva cismática antes de publicar, como estaba previsto para este lunes, su excomunión.
A partir del 24 de junio también podrían sufrir el mismo proceso el resto de hermanas que aparecieron en televisión, lo que se interpreta en ambientes eclesiásticos como una confirmación 'de facto' del cisma. La medida no afectaría ni a las cinco religiosas mayores, que no han aparecido en público desde hace un mes, ni a sor Amparo, la única de las religiosas que decidió salir del convento y abjurar de la “deriva sectaria” de sus hermanas de Belorado.
Desde la diócesis de Burgos, entretanto, se continúa insistiendo en tender la mano para la vuelta de las monjas, aunque cada día que pasa son más conscientes de que la única solución posible será la de la excomunión, tal y como admitía el propio arzobispo Iceta en una entrevista a elDiario.es.
Las monjas, de hecho, acudieron hace unos días a la comisaría para denunciar al arzobispo de Burgos. Entre medias se desató otro conflicto por un criadero ilegal de perros que hay en el interior del monasterio, y que llevó a las monjas a amenazar al alcalde de Belorado. Lo cierto es que las religiosas tienen abierto un expediente sancionador en materia de sanidad animal por el criadero de perros sin licencia, según ha confirmado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos.
En las últimas horas, además, las religiosas también han denunciado el “acoso mediático” en forma de grabaciones ocultas y presencia constante de informadores en la zona. Este jueves volvieron a llamar a la Guardia Civil denunciando que alguien trataba de colarse por el tejado, así como “lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada”.
Pero la denuncia más contundente –pública, colgada en las redes sociales– es, otra vez, económica. Las religiosas hablan de la “asfixia económica” a la que, aseguran, les ha sometido el comisario pontificio al tomar el control de las cuentas. Eso sí: reclaman al arzobispo dinero para pagar su manutención y para comprar los productos necesarios para proseguir con la elaboración de sus dulces, pero sobre todo para contratar una empresa de seguridad.
Los abogados que asesoran a las monjas –no así a Ceacero y De Rojas– les han recomendado que dejen de hacer declaraciones a los medios o a través de las redes sociales.
La respuesta de las monjas a la propuesta de diálogo del arzobispado fue la de cerrar el convento a cal y canto. Las clarisas impidieron la entrada de los representantes del comisario pontificio, que –notaria mediante y tras una llamada de las monjas a la Guardia Civil– entregaron a cada religiosa una carta para conminarles a aclarar personalmente su situación. La Iglesia no puede decretar una excomunión colectiva, sino una a una, y para ello tiene que escucharlas, o al menos tener constancia de que se ha intentado.
Pese a tener el control oficial, el arzobispo de Burgos no tiene ni las llaves del convento ni capacidad efectiva para prohibir la entrada y salida al mismo del falso obispo y del cura coctelero. Sin embargo, el panorama que se les presenta a las monjas no es muy halagüeño. Y es que, con la ley (civil y canónica) en la mano, el convento pertenece a la comunidad de religiosas mientras estas pertenezcan a la Iglesia católica, que cuenta con jugosos privilegios en función de los Acuerdos Iglesia-Estado, prebendas que perderían en el caso de que dejaran de ser monjas católicas.
Por tanto, si se consuma el cisma, las ya exclarisas de Belorado pasarían automáticamente a convertirse en okupas. ¿Significa esto que veríamos a la Guardia Civil regresar al convento, en esta ocasión, para expulsar a las monjas? No parece que esa sea la opción, al menos inmediata, aunque sí que podría convertirse en consecuencia final si, como parece, el proceso se enquista y todo termina en los tribunales.
Entretanto, la producción de las famosas trufas de Belorado está paralizada, a la espera de que, este lunes, se rompan definitivamente los frágiles puentes de diálogo que todavía se mantienen. Un cisma que acabará en excomunión y, muy probablemente, en un nuevo descrédito para una institución tan enorme, y a veces tan desordenada, como es la Iglesia católica.
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