Entre 2016 y lo que llevamos de 2024, al menos 274 personas perdieron a su madre como resultado de un femicidio, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial. De ese total de víctimas indirectas, 191 eran menores de edad al momento de los hechos (70%).
En este periodo de ocho años y cinco meses, el año en el que más personas quedaron sin madre fue el 2022, cuando se contabilizaron 47 afectados, entre ellos 28 menores, producto de 21 feminicidios. Sin embargo, en 2020 se registraron más femicidios: 30, con 39 personas huérfanas de madre, 26 de ellas menores de edad.
Hasta la fecha, en 2024 se han reportado seis femicidios, que dejaron a 15 personas huérfanas, 7 de ellas niños o adolescentes menores de 18 años.
Las madres víctimas más recientes son: Jenny Bastos, de 55 años; Marisol Rodríguez, de 40; Ana Jenny Otárola, de 47; Kimberly Araya, de 33; Nadia Peraza, de 21; y Emilce Soto, de 48. En la mayoría de los casos, los sospechosos eran las parejas o exparejas sentimentales.
Femicidios obligan a niños a atravesar dos duelos
Balance 2016-2024
FUENTE: Observatorio de violencia de género contra mujeres y acceso a la justicia || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Kennly Garza Sánchez, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y psicóloga, explicó que las secuelas que puede dejar un femicidio en un hijo son significativas, especialmente si se trata de un menor de edad. Según Garza, el impacto de la pérdida depende de la edad del menor y del entorno que lo rodea. Entre estas secuelas se encuentran:
Garza agregó que un femicidio destruye lo que los menores consideraban un lugar seguro y protector: su hogar. Esto genera en el infante la percepción de que el mundo es un lugar incierto y peligroso, resultando en dificultades para expresar sus emociones y socializar.
Estos temores y secuelas en los niños o adolescentes se agravan si el responsable del asesinato de su madre es su propio padre. “Las vidas de los menores toman otro curso por la pérdida de sus padres, ya sea por privación de libertad o el asesinato, y tenemos esa orfandad,” destacó Garza.
Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, enfatizó que los efectos se extienden también a los jóvenes universitarios, quienes pueden presentar bajo rendimiento académico e incluso deserción. Arias ejemplificó: “Imagínense un muchacho o una muchacha que está empezando la universidad, que está en medio de una carrera, que su mamá le estaba apoyando, y se va a quedar de la noche a la mañana sin esa protección de la mujer.”
Además, Arias mencionó que los hijos de víctimas de femicidio, quienes también son víctimas, enfrentan repercusiones que dependen de su edad. Por ejemplo, los bebés se quedan sin la principal cuidadora y sin la leche materna, que es importante para su desarrollo. Los niños pierden a la persona que ejercía el rol más cercano en cuanto a protección y cariño, y los jóvenes se quedan sin el apoyo económico y emocional de su madre.
La Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio N.°10263 establece que numerosas instituciones y entidades públicas deben brindar atención prioritaria, expedita y permanente a las personas beneficiarias de esa ley.
Entre estas instituciones se encuentran el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), las instituciones públicas de educación técnica y superior, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la Dirección General de Migración y Extranjería, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Ministerio de Salud y las instituciones encargadas de la red de cuido.
Según Garza, en el caso del PANI, desde el primer momento en que ocurre el femicidio y hay menores de edad involucrados, un equipo psicosocial interviene. “Somos un cordón que tiene que asegurar la protección de todos los niños y evitar además una revictimización por el mismo proceso judicial y sus diligencias, por eso trabajamos muy coordinadamente con las autoridades judiciales”, destacó.
Garza explicó que cuando ocurre un crimen de este tipo, es difícil para el infante entender qué pasó con su madre y qué hace tanta gente extraña en su casa, especialmente si el asesinato fue cometido por el padre. Por ello, el abordaje del PANI incluye procurar el bienestar mental del menor afectado.
En los minutos posteriores al femicidio, el PANI se encarga de evaluar los recursos familiares más cercanos y viables para hacerse cargo de los menores de edad que hayan sobrevivido al femicidio.
De acuerdo con el artículo 176 de la Ley N.°10263: “En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su madre o haya procurado hacerlo, las personas familiares maternas de la persona menor de edad deberán ser consideradas prioritariamente para ejercer su guarda, crianza y educación, aun en contraposición de las estipulaciones del padre”.
Garza enfatizó la importancia de este artículo, ya que en algunos casos la opinión pública juzga con quién debe quedar el menor de edad sin conocer todos los factores que se consideran en este análisis. “Al final se tiene que determinar dónde es el lugar más adecuado y propicio para ubicar a estas personas. Podría ser que en la mayor parte de los casos sea la línea materna, pero no necesariamente siempre se cumple la regla”.
“Todas las familias son distintas y los niños también tienen vinculaciones previas. A veces incluso puede que haya familiares de línea materna que no quieran o que no puedan hacerse cargo”, explicó.
Los familiares que deseen ser valorados para la crianza de los hijos de las víctimas deben cumplir con condiciones vinculares, afectivas, de seguridad, económicas, de estructura y de dinámica familiar.
“Estos niños requieren ser ubicados en un entorno que provisionalmente intente proveer seguridad y reducir la incertidumbre de un efecto traumático como un femicidio”, agregó Garza. Si el menor tiene edad para dar su opinión, esta debe ser considerada en la decisión del PANI, aunque no es determinante.
En algunos casos, cuando la evaluación de recursos familiares requiere días, los menores son ubicados en recursos comunales, que son familias previamente estudiadas para recibir y cuidar a niños en emergencias.
Cuando no hay recursos familiares disponibles para valorar, ya sea porque la víctima no tenía familiares en el país o porque nadie quiere responsabilizarse de los menores, ocurre la institucionalización, en un albergue del PANI.
“Además del femicidio, la vida les cambia aún más con la institucionalización. Es realmente un drama humano. Imagínese un hijo o hija de una mujer migrante, sin una red de apoyo, sin familiares, que de repente se quedó solo o sola de la noche a la mañana. Tenía su familia, que era su madre, quien proveía por todas sus necesidades, y hoy amaneció sin nadie, solo, en un albergue. Es un shock”, comentó Arias.
Según la especialista del Poder Judicial, para los menores, todo este proceso generará secuelas permanentes que se podrán minimizar con atención psicológica, pero no borrar. “Es como una cicatriz, que queda para toda la vida”, concluyó.
