El Congreso cerró su legislatura del año 2023-2024, pero dejó a la Comisión Permanente, que integran solo 30 parlamentarios, con la autorización de aprobar más proyectos de ley hasta el 19 de julio, lo que genera preocupaciones por los proyectos pendientes considerados antidemocráticos o que harán retroceder al país, que pueden hacerse norma con un grupo muy reducido del Legislativo.
Entre los proyectos más controversiales destacan el que limita denunciar los crímenes de lesa humanidad a partir del 2002, conocido también como “ley de amnistía”; la propuesta de recalificación del crimen organizado: el debilitamiento de las ONG (organizaciones no gubernamentales); y la nueva ley del sistema previsional o de “pensión por consumo”, aprobada pero con dos pedidos de reconsideración por resolverse.
El proyecto del defensor del Pueblo para reformular la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la propuesta de reemplazar esta entidad por una Escuela de Nacional de Magistratura no podrán decidirse en la Comisión Permanente porque implicarían cambios a la Constitución o creación de leyes orgánicas.
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La llamada “ley anti-Antauro”, que propone prohibir la candidatura de condenados por delitos de rebelión y otros, tampoco puede definirse en este espacio porque regresó a la Comisión de Constitución por decisión del Pleno del Congreso.
La Comisión Permanente es el grupo de congresistas que sesionan cuando el Parlamento entra en receso. La conforman la Mesa Directiva, que son el presidente y los tres vicepresidentes, y 26 congresistas de todas las bancadas: 30 legisladores para decidir sobre esas iniciativas tan cuestionadas.
Antes de esto, los congresistas deben ir a actividades en sus regiones en los próximos días.
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“Vencido el plazo de la semana de representación, se va a convocar a la Comisión Permanente para poder tratar los temas que han quedado pendientes”, anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto, al declarar cerrada la legislatura.
“Es preocupante. Ante la gran cobertura por la cantidad de Plenos que se convocó, asociaciones y gremios se activaron y alertaron sobre leyes que no han logrado consenso. Podrían aprobarse esas leyes tan controversiales con mucha menos transparencia de la que se puede tener en un pleno”, expresa el politólogo Omar Awapara, secretario general de la asociación civil Transparencia.
“Alertamos sobre varios proyectos que serían un desequilibrio en el sistema político. Nos preocupa el proyecto anti-ONG: la ley de amnistía, que desconocería tratados internacionales y sería grave ofensa sobre delitos muy graves. El riesgo es que la Comisión Permanente dé leyes con impacto profundo con menor aún representación”, anota.
“El pronunciamiento de embajadas, figuras importantes de Estados Unidos, sociedad civil como el comunicado conjunto de Confiep y la CGTP son señal de que el Congreso debería proceder con mucha más caución, más debate y buscando que las leyes tengan apoyo y un procedimiento democrático”, añade.
