Este sábado 15 de junio, la Fiscalía de la Nación archivó el cargo de colusión agravada imputado a Ollanta Humala, expresidente del Perú, en relación con el caso conocido como "Club de la Construcción". Tras ello, en lugar del delito de colusión agravada, la acusación se centrará exclusivamente en los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir.
Este ajuste en la imputación fue comunicado por el Ministerio Público durante una audiencia presidida por la jueza Margarita Salcedo el pasado 16 de mayo. Durante la sesión, se habría tratado un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa de Humala, solicitando el archivo del cargo mencionado. Ante ello, el fiscal a cargo recalificó los hechos el 15 de junio de 2023, conduciendo a la exclusión del delito de colusión agravada en vista de nuevos elementos de convicción presentados.
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El "Club de la Construcción" se trataría de un grupo de compañías del sector de la construcción que, según investigaciones fiscales, habrían colaborado entre sí para distribuir contratos de obras públicas administrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú entre 2011 y 2014. Este grupo es acusado de establecer un sistema corrupto que permitía la distribución controlada de proyectos y recursos estatales, desencadenando una serie de investigaciones y juicios contra varios implicados, incluido el expresidente Humala.
Estas empresas supuestamente coordinaron sus acciones para influir en las licitaciones públicas emitidas por Provías Nacional, un organismo subordinado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mediante estos arreglos, aseguraban que solo ciertas compañías resultaran ganadoras en las licitaciones, a cambio de ofrecer sobornos a los funcionarios pertinentes.
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Entre los sentenciados destacados se encuentra Fernando Camet Piccone, exgerente general de la empresa JJC Contratistas Generales S.A., a quien se le dictó 24 meses de prisión preventiva por delitos de colusión y lavado de activos.
Exmandatario también enfrenta un proceso por supuestos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, en el cual el Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión, acusándolo de lavado de activos en agravio del Estado.
