En anterior artículo (https://www.elnacional.com/opinion/la-justicia-transicional-en-uruguay-en-el-transito-de-la-dictadura-a-la-democracia/) me referí a la justicia transicional en Uruguay, calificándola como un proceso complejo y multifacético, crucial para la consolidación de la democracia en esa nación en la que la memoria y la reconciliación han sido componentes esenciales para asegurar que los horrores del pasado no se repitan; y en otra entrega https://www.elnacional.com/opinion/la-justicia-transicional-en-argentina-en-el-transito-a-la-democracia/) traté sobre la justicia transicional en Argentina, proceso que enfrentó y ha enfrentado desafíos importantes en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
En esta oportunidad haré un acercamiento a la justicia transicional en Chile, con una breve referencia a los antecedentes previos a la instauración de la dictadura.
Durante los primeros 120 años de historia independiente, Chile se mantuvo entre períodos de estabilidad y conflictos internos. Las reformas y constituciones adoptadas en estos años sentaron las bases para el desarrollo político y social del país en el siglo XX, al punto de que Chile llegó a ser considerado uno de los países más estables y democráticos de América Latina: desde la década de 1930, había una tradición de elecciones regulares y gobiernos civiles.
El escenario político chileno estaba dominado por la coalición de centro-izquierda, el Frente Popular, y la coalición de derecha, el Frente Democrático, que abarcaba a partidos como el Radical, el Demócrata Cristiano y otras minorías.
Para la década de los sesenta del siglo XX, el presidente Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano, intentó realizar cambios en lo político y social y, para ello, impulsó lo que llamó una «Revolución en Libertad», promoviendo una reforma agraria para la distribución de la tierra y el mejoramiento de la productividad agrícola y una operación para aumentar el control estatal sobre la industria del cobre, en medio de una significativa desigualdad social y económica y un incremento en la movilización social y política, con un crecimiento de los sindicatos, movimientos estudiantiles y organizaciones de campesinos.
En 1970, Salvador Allende ganó las elecciones convirtiéndose en el primer presidente marxista en alcanzar el poder a través de elecciones democráticas en el mundo occidental. Sus políticas, según decía, buscaban una transformación profunda de la sociedad chilena hacia un modelo socialista, dando origen a una intensa oposición interna y externa hasta que finalmente fue derrocado por un golpe militar en 1973, instaurándose la dictadura, presidida por el general Augusto Pinochet, que gobernó al país austral hasta 1990, cuando un plebiscito rechazó su continuación en el poder, seguido de un proceso de transición democrática en el que el dictador mantuvo una influencia significativa como comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio, aunque no pudo evitar la adopción de una serie de medidas políticas y legales para dar inicio a una justicia transicional.
En efecto, uno de los primeros pasos de la naciente democracia fue la creación, en 1990, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o Comisión Rettig, para investigar y documentar las violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas; y en 2003, se instituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech, que se centró en las víctimas de tortura y prisión política.
Durante la dictadura, el sistema judicial chileno estuvo sometido a la voluntad del régimen por lo que, con la vuelta a la democracia, empezó a reformarse y a desempeñar un papel más activo en el procesamiento de los crímenes de lesa humanidad. Un caso emblemático lo constituyó el de la «Caravana de la Muerte» -una serie de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1973-, por el que el general Sergio Arellano Stark y otros oficiales fueron procesados y condenados en un juicio que se inició en 2001 y que culminó en 2008, cuando la Corte Suprema de Chile confirmó las condenas.
A nivel del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha jugado un papel crucial en la justicia transicional en Chile. En «Almonacid Arellano y otros vs Chile» (2006), la Corte-IDH responsabilizó al Estado chileno por la ejecución extrajudicial de Luis Almonacid Arellano, un profesor y dirigente sindical, en 1973, ordenando al Estado chileno a adoptar diversas medidas, incluyendo la adecuación de su legislación interna para garantizar que crímenes de lesa humanidad no fueran objeto de amnistía o prescripción; y en «Garay Hermosilla y otros vs Chile» (2009), la Corte-IDH encontró al Estado responsable por la desaparición forzada de cinco personas, resaltando la obligación del Estado chileno de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, además de proporcionar reparaciones adecuadas a las familias de las víctimas.
En cuanto a medidas de reparación y reconocimiento, Chile ha puesto en práctica compensaciones económicas, atención médica y psicológica, y reconocimiento público de las violaciones de derechos humanos. En 2004, se fundó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que busca garantizar que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación, y que la sociedad chilena en su conjunto aprenda de su historia para prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
Pese a esas acciones, el proceso de justicia transicional en Chile ha enfrentado retos y críticas. Uno de los mayores obstáculos ha sido la Ley de Amnistía de 1978 que eximía de responsabilidad penal a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de estado que derrocó al presidente Allende, y el 10 de marzo de 1978. Por otra parte, muchas víctimas y sus familias consideran que la justicia ha sido lenta e insuficiente, aduciendo que las condenas se han producido décadas después de los crímenes, y en algunos casos, los autores de tales delitos, o han fallecido o han recibido penas reducidas o beneficios penitenciarios.
En conclusión, la justicia transicional en Chile ha sido un proceso largo y crucial para intentar sanar las heridas del pasado, encontrar justicia y y recompensar a las víctimas y sus familiares, en el cual comisiones de verdad, reformas y procesos judiciales y decisiones de la Corte-IDH han jugado un papel fundamental aun cuando no haya satisfecho a todos los chilenos.
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