Los cuatro fiscales consideran que la norma es "arbitraria", no responde al interés general y se trata de una "autoamnistía" diseñada "por los propios beneficiarios"
El fiscal general del Estado cree que los argumentos que esgrimen los fiscales del "procés" para oponerse a la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación -lo que mantendría inhabilitado a Oriol Junqueras y en vigor la orden de detención de Puigdemont- son "de todo punto improcedentes" y "desbordan el plano estrictamente jurídico" y "comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal". Y es que en sus informes, los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno califican de "arbitraria" la normativa, que consideran alejada del interés general y que tildan de "autoamnistía", en la medida en que ha sido "diseñada" por los propios beneficiados por la medida.
En el decreto en el que ordena a los fiscales que informen que "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", García Ortiz afirma que "los argumentos que se contienen en los proyectos de informe son insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación" en la causa del "procés". Una orden que los cuatro fiscales se niegan a acatar, por lo que han forzado la intervención de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes.
En ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, García Ortiz defiende la aplicación de la polémica ley a todos los condenados y procesados en la causa del "procés", y no solo por los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, como defienden los fiscales disconformes, cuya posición -subraya- "contradice" la voluntad del legislador y "el propio tenor literal" de la normativa, lo que en su opinión conduce "a soluciones difícilmente aceptables" desde el punto de vista lógico.
Del mismo modo, cuestiona los "insuficientes" argumentos utilizados por los fiscales tanto para sustentar la "presunta falta de adecuación" de la Ley de Amnistía al ordenamiento jurídico europeo como para poner en duda la constitucionalidad de la norma, y les reprocha que no hayan examinado "de un modo exhaustivo" la jurisprudencia constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En un documento adjunto de más de un centenar de informe, analiza pormenorizadamente los informes presentados por los fiscales del "procés" en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía. Y se detiene, entre otras cuestiones, en el "análisis del contexto político" que incluyen los proyectos de informe de los fiscales del "procés", donde se refieren a la norma como una ley "absolutamente arbitraria tanto en su gestación y tramitación, como en su finalidad, su contenido y su pretendida aplicación", que "no responde a la satisfacción de un interés general que la justifique y que carece por ello de un fin constitucionalmente relevante para el conjunto de la sociedad".
García Ortiz asegura que estas valoraciones y otras incluidas en esos informes -que subrayan que la norma "no es el producto de un consenso político ampliamente mayoritario", como recomienda la Comisión de Venecia, y que ha sido "diseñada por los propios beneficiarios de la amnistía", calificándola de "autoamnistía"- desbordan "el estricto ámbito jurídico al que deben atenerse los escritos procesales del Ministerio Fiscal".
Los cuatro fiscales del Supremo se quejan en sus informes de que la ley "se ha modificado y adecuado en su redacción en función de los avatares judiciales que se han ido sucediendo en las investigaciones en curso y de las implicaciones de aquellos en los diferentes procesos judiciales, con una extensión temporal injustificable, y una notable indeterminación y ambigüedad en cuanto a su contenido" para amparar "variados y múltiples comportamientos" de los amnistiados. E incluso van más allá, y alude al "brusco e inesperado cambio de opinión en el planteamiento político de una formación cuya candidatura obtuvo un número importante -pero no mayoritario- de votos y de escaños", en referencia nada velada al PSOE, "que pasó de mostrarse totalmente contraria a la aprobación de cualquier norma que concediera una amnistía" antes de las elecciones generales del 23 de julio del pasado año "a sostener jurídicamente lo contrario en fechas inmediatamente posteriores".
Esas consideraciones, que tacha de "conjeturas e hipótesis" sobre los motivos que subyacen en la aprobación de la Ley de Amnistía, son según García Ortiz "meras observaciones que exceden del análisis jurídico" y que "carecen de trascendencia en el juicio de constitucionalidad de la ley". Y al margen de estas, recalca, "no se aporta un solo argumento objetivo que permita concluir que esta norma no contribuya a la consecución del objetivo que el preámbulo claramente dice perseguir: la normalización institucional, política y social en Cataluña".
El fiscal general califica de "extravagante" afirmar que la ley se aprobó "como contrapartida para lograr que un partido político obtuviera la gobernabilidad del país" y recalca que "las razones o motivaciones políticas que subyacen a la aprobación de las leyes son intrascendentes" a la hora de examinar su adecuación al ordenamiento jurídico. Y hace hincapié en que "han de rechazarse las valoraciones políticas e ideológicas", que en este caso atribuye a una "mera expresión de una convicción personal con la que la institución del Ministerio Fiscal jamás puede identificarse". Que una ley "sea resultado de la negociación política y que los grupos parlamentarios traten, a través de negociaciones, lograr la consecución de sus objetivos políticos, no es algo que permita poner en duda, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la legitimidad del proceso legislativo ni de la norma aprobada".
Respecto al delito de malversación, el máximo representante de la Fiscalía mantiene que "los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse comprendidos en el ámbito objetivo de aplicación de la ley y, por consiguiente, amnistiados", al margen de que se compartan o no "las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" del legislador.
García Ortiz contradice también a los fiscales respecto al encaje en la Constitución de la norma, pues insiste en que "la prohibición de indultos generales no presupone la prohibición de la amnistía". "Si la voluntad del legislador constituyente hubiera sido la de prohibir las amnistías de forma deliberada así
lo habría hecho constar, vedándolas de forma expresa, tal y como hizo con los indultos generales", afirma. Para los fiscales del Supremo, sin embargo, la norma es inconstitucional porque vulnera el principio de separación de poderes.
Según el fiscal general, la Ley de Amnistía no quiebra el principio de independencia judicial, por lo que discrepa de los fiscales del "procés", que defienden en sus informes que la normativa "impide ejercer su función a los jueces como corresponde, al establecer un plazo de dos meses perentorio para poder aplicarla y la obligación de dejar sin efecto las medidas cautelares". Pero para García Ortiz, este último extremo "no resulta automático" pues precisa "de una previa valoración por parte del órgano judicial".
Y en cuanto a otro de los reparos de los fiscales del "procés", que sostiene que la ley tampoco sería aplicable por ser la malversación contraria a los intereses financieros de la Unión Europea, García Ortiz asegura que "el hecho de que las personas condenadas se hallasen encargadas de la gestión de fondos europeos resulta intrascendente" porque lo relevante, en su opinión, es "si la acción delictiva afectó a los intereses financieros de la Unión Europea". Según apunta, la Comisión de Venecia ha admitido "abiertamente la posibilidad de amnistiar los delitos de malversación" y recuerda las enmiendas introducidas el pasado enero en la tramitación de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, que apuestan por la prohibición de la amnistía de los delitos de malversación. Para García Ortiz, resulta llamativo que los fiscales del "procés" no valoren este hecho, que según él "puede ser interpretado como indicio de que a fecha de hoy la posibilidad de amnistiar delitos de malversación no es contraria al Derecho de la Unión".
