Gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazaron en un pronunciamiento las recientes modificaciones que se están realizando en el Congreso en el tema del crimen organizado. A través de un comunicado, publicado en las redes sociales de las respectivas organizaciones, aseguraron que se pondría en riesgo la seguridad del país. Principalmente debido al proyecto de Ley 5891-2023-CR.
El Congreso aprobó en primera votación dicha iniciativa legislativa que considera delitos graves solo a los que sean sancionados con penas mayores a 6 años. Los críticos de la norma aseguran que las modificaciones perjudicarían las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y podrían beneficiar a bandas criminales.
En el comunicado, gremios empresariales y sindicatos de trabajadores (Confiep, Adex, Construcción Civil, Capeco, Agap, Cámara de Comercio de Lima, SNI) rechazan las modificaciones del Código Penal “debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana del país”.
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“Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción”, indican dichas organizaciones. Y agregan: “Estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de las intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas”.
Para las organizaciones firmantes del comunicado “es grave” que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”. Con ello, indican, quedarían fuera “quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población”.
Terminan el comunicado haciendo un llamado al Congreso a que considere las observaciones en la segunda votación del proyecto. “No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, concluyen.
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Posición. Los gremios esperan que el Ejecutivo, MP y PJ sienten posición, pues si se aprueba el proyecto nos expondrá más “a extorsionadores, asaltantes y secuestradores”.
