Un mundo globalizado demanda reglas básicas para la vida democrática de los países.
Existe una línea que unifica las declaraciones del canciller Javier González-Olaechea y el Congreso peruano al señalar que la intervención de la instituciones y las naciones que expresan consternación por la debacle de la democracia en el país es intromisión o injerencia extranjera en la política interna.
Son respuestas de la misma naturaleza. Ambas desconocen el contexto internacional, ambas apuntan a la inexistencia de redes y vínculos que nos permiten actuar en concordancia con nuestra legislación nacional y reconocer tratados y acuerdos que coexisten en un mundo globalizado y provisto de facultades para velar por el cumplimiento de estas obligaciones supranacionales, a las que nos hemos sometido voluntariamente.
Estos instrumentos han permitido que ciudadanos en el mundo entero obtengan paz y justicia cuando sus Gobiernos se las negaban. Y han guiado el retorno a los cauces democráticos cuando se produjeron interrupciones del orden constitucional. El Perú ha sido objeto de esta observación cuando, en 1992, Fujimori cerró el Congreso y convirtió al país en una autocracia. Una comisión interamericana abrió nuevamente la senda democrática y se reinstalaron los poderes hasta que otra imposición para una tercera reelección, nuevamente, nos coloco en un trance que se pudo superar con una enorme movilización ciudadana y que permitió abrir la puerta a una transición política que nos devolvió a la vida democrática.
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Con estos antecedentes históricos, el momento actual –como señala el Ministerio Público y organizaciones multilaterales como la ONU y las propias instancias de la OEA– es de sumo peligro para la democracia y los otros poderes del Estado, que están siendo copados por el pacto corrupto que pretende imponernos nuevas reglas de juego electorales y plantea medidas que atentan contra la majestad y la independencia del sistema de justicia, por ejemplo.
Hablar de intromisión o injerencia extranjera es no conocer el pasado y, por lo mismo, repetir el error que nos está colocando en condiciones de parias internacionales. Se trata de un momento sumamente grave para el país y las instituciones. El paso en falso nos lleva al abismo del autoritarismo y la derrota democrática. Una condición que ya conocemos y que no queremos repetir. El Estado de derecho nos reclama ciudadanía y convicción en la legalidad y el equilibrio de poderes, condiciones básicas para la vigencia democrática del Perú.
