El Consejo Territorial de Memoria Democrática ha aprobado, sin votos en contra, la distribución de tres millones de euros de los fondos correspondientes a 2024 para que las comunidades y ciudades autónomas continúen las labores de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra de España y la dictadura franquista (línea 1) de los que Andalucía ha recibido 520.000 euros . También esas partidas presupuestarias irán destinadas a labores de divulgación y dignificación de los lugares de enterramiento (línea 2). En la reunión, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres , han participado el secretario de Estado de Política Territorial, Fernando Martínez , y los representantes de las comunidades y ciudades autónomas con competencias en memoria democrática a quienes se ha informado de que la línea 1 lleva aparejada dos millones de euros y que la línea 2 se cimenta con el millón restante. Banco estatal de ADN Los consejeros autonómicos han sido informados de la adquisición del programa Bonaparte para que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses gestione una base de datos nacional. Se trata de un software desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés , que desarrollará una base de datos de ADN, validada en el ámbito internacional forense, para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas. El sistema permitirá integrar perfiles de ADN y realizar búsquedas sistemáticas con restos mortales procedentes de las exhumaciones de fosas de la guerra civil y la dictadura y ayudar así a su identificación genética. Accederán al banco nacional de ADN los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática. Comisiones técnicas La Ley de Memoria Democrática contempla la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España y la Comisión técnica para la reparación económica a las víctimas de la guerra y la dictadura, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 23 de abril. Las comunidades autónomas participarán con dos representantes en cada comisión a propuesta del Consejo Territorial, tras el acuerdo alcanzado en la comisión sectorial de memoria democrática del pasado 24 de mayo . Para la Comisión sobre el Pueblo Gitano se designan a los representantes del Principado de Asturias y Junta de Extremadura y para la Comisión técnica de medidas de reparación económica a los representantes de la Comunidad Foral de Navarra y Generalitat de Cataluña . Por último, en el Consejo Territorial, que es el primero que se celebra en esta Legislatura, se ha solicitado a todas las comunidades y ciudades autónomas que si disponen de catálogos de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática los trasladen a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión en el catálogo estatal.
