La Diputación de Sevilla, que preside Javier Fernández, destinará 20 millones de euros en 2024 para el Plan Empleo Social con el que pretende atender a más de 5.500 familias con ayudas de emergencia o urgencia social y facilitar a los municipios la realización de cerca de 9.000 contrataciones de duración media entre 15 y 60 días -equivalentes a 15.000 contrataciones de un mes- cubiertas con personas en desempleo de larga duración y con importantes cargas familiares. Así se detalla la propuesta en el programa 'Sevilla de 10' elaborado por la Diputación y consultado por Europa Press, en el que indican que se viene articulando un conjunto de políticas de apoyo a las familias que favorezcan su «plena inclusión» en la sociedad, en condiciones personales y materiales dignas, propiciando la igualdad de oportunidades de los vecinos y sus municipios. En este sentido, la Diputación ha impulsado diversas actuaciones vertebradoras de la cohesión social, orientadas tanto a la lucha contra la exclusión social, como a dotar a todos los sevillanos de una red de seguridad básica que les proteja en situaciones de dificultad social y especial necesidad. Concretamente, se trata de los Programas de Emergencia Social para atender las necesidades básicas, como la disponibilidad de alimentos a las familias, y de Prevención de la Exclusión Social, para el mantenimiento de unos ingresos dignos, mediante el acceso al mercado de trabajo de los colectivos con más dificultad. En lo que al Plan de Empleo se refiere, según señala la corporación, tiene como objeto la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva a las Entidades Locales para promover la contratación laboral de personas en exclusión o riesgo de exclusión, «facilitando el acceso de estas al mercado laboral, incentivando su incorporación e integración en la sociedad a través del empleo mediante contratos de trabajo de carácter temporal«. Las Entidades Locales beneficiarias deberán incorporar al trabajador a un centro de trabajo municipal durante un periodo mínimo, formalizándose la contratación de acuerdo con las modalidades y contenidos previstos en la legislación laboral vigente. Además, se comprometerán a hacer un seguimiento de su desarrollo laboral y de otras posibles intervenciones desde los Servicios Sociales Comunitarios, ha puntualizado. Asimismo, las cuantías de las ayudas se establecerán en función de los datos estadísticos de no ocupación del municipio y su abono se realizará por el 100% del importe de la subvención concedida, de forma previa a la justificación. No obstante, los contratos serán responsabilidad de la entidad local contratante, y su modalidad conforme a la legislación laboral vigente para la Administración Pública. Con ambos programas, la Diputación persigue alcanzar objetivos de justicia social como son, fomentar la inclusión social de personas afectadas por la dificultad sostenida de acceso al mercado laboral y dar cobertura a necesidades crecientes de carácter social en segmentos de población especialmente vulnerables; crear mecanismos que permitan la inclusión sociolaboral a través del empleo a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y atender a las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección como es el caso de las personas menores, las personas mayores y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad por exclusión social. El plan provincial de Cohesión Social e Igualdad fue aprobado definitivamente en la sesión plenaria de 25 de abril de 2024, y recoge como anexos las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales de la provincia de Sevilla de estos programas para la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal y del Programa de Atención a las Emergencias Sociales de gestión municipal. De esta forma, con estos dos programas, financiados con fondos propios provinciales y la cofinanciación de los ayuntamientos en función de su población, la Diputación incidirá en «la integración social de personas en riesgo de exclusión o riesgo de padecerlo» a través de contrataciones temporales en tareas no estructurales en los ayuntamientos , así como «atender situaciones de emergencia social que ayuden a paliar necesidades básicas habitacionales, de alimentación, suministros, medicamentos y otros conceptos de primera necesidad. Por último, señalan que como factor de «equidad y justicia» en la distribución de los fondos, para ser beneficiario de estos programas «se considerará la renta de la unidad familiar y el informe previo de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos», cuya labor profesional y compromiso social es «imprescindible» para el logro de los objetivos que se persiguen.
